En Chile Vamos hay consenso de que la presentación de una acusación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) contra el gobernador de Santiago, Claudio Orrego (Ind.), debe ser jurídicamente sólida. El temor a repetir los fracasos de las ocho acusaciones constitucionales de la oposición durante este gobierno es latente y se quiere evitar un escenario similar a toda costa.

Por eso ninguna de las colectividades -UDI y RN- ha querido confirmar públicamente su respaldo a la iniciativa que impulsa el Partido Republicano, luego de que el partido del candidato presidencial José Antonio Kast anunciara la idea de destituir a Orrego después de que un informe de Contraloría apuntara a que recursos del gobierno regional fueron aparentemente utilizados para fines electorales.

Y aunque en la UDI están decantados por acompañar a Republicanos y en RN son más cautos, ambos partidos habían puesto el Consejo Regional de este miércoles como límite. Querían esperar oír los argumentos de Orrego para tomar la decisión definitiva. Y si bien el ideal para ambos partidos es actuar alineados como bancadas de cores de oposición, también han definido que tomarán sus decisiones de forma independiente.

Tras la instancia de este miércoles, las dos colectividades reforzaron la idea de que las dudas no fueron despejadas y que el escenario sigue abierto, aunque un paso más cerca de sumarse.

En la UDI y en RN se analiza cada antecedente con lupa, con el recuerdo latente de las ocho acusaciones constitucionales recientes que no prosperaron en el Congreso y con la idea de entrar a la disputa jurídica en el Tricel con la mayor cantidad de antecedentes posibles, “y no como lo está haciendo el Partido Republicano”, es la consigna que se repite en privado. Esto lo grafican con que este último aún no tiene el borrador de la solicitud de destitución que quieren presentar al Tricel.

En ese marco, ambas colectividades han dejado la revisión del caso en manos de sus abogados.

En la UDI, el análisis está a cargo de Máximo Pavez y Pablo Toloza, dos personas que han entrado a revisar temas complejos como el caso ProCultura que hoy también complica a Orrego, y las irregularidades detectadas en la adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende.

Mientras, en RN son dos juristas designados por la directiva quienes han sostenido al menos tres reuniones esta semana con los consejeros regionales. Una de ellas fue el lunes, donde también participó la mesa del partido. La primera decisión que surgió de esos encuentros fue solicitar la conformación de una comisión fiscalizadora en paralelo a cualquier eventual presentación ante el Tricel.

La fórmula no es nueva y se inspira en el caso de la exgobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, en cuya destitución se articuló un proceso similar para reunir antecedentes de forma más sistemática. El mensaje interno es claro: agotar todas las vías previas antes de recurrir a la acción de última ratio.

Consultado por la participación de la mesa en estas tratativas, el presidente de RN y senador, Rodrigo Galilea, indica a La Tercera que “nuestros cores han tomado con mucha responsabilidad este caso. Nos parece muy bien que se haga un trabajo de investigación serio, para tomar las decisiones que correspondan. Todo ello con la prontitud que merece el caso”. Al menos en RN dicen estar conscientes de que se debe adoptar una definición rápida.

Y es que en Chile Vamos persisten los reparos sobre la conducción del proceso por parte de Republicanos, donde igualmente miran de reojo y buscan apurar la decisión que deberían tomar en Chile Vamos. ¿Por qué? Porque cuenta con 11 de las 12 firmas necesarias para presentar el requerimiento.

Consultado por este medio, el consejero regional y jefe de la bancada republicana, Ignacio Dulger, afirma que “debemos armar un equipo de abogados que construya el requerimiento que vamos a presentar al Tricel porque nosotros tenemos una serie de antecedentes que debemos analizar para incluir”.

A su vez, es crítico con Chile Vamos: “La gente no puede esperar, y menos por decisiones y cálculos políticos. RN y la UDI deben entender que la gente necesita soluciones hoy día y que cuidemos los recursos de las personas, sobre todo si estamos con el manto de duda sobre el Gobierno Regional”.

La defensa de Orrego

En la sesión del esperado cara a cara entre Orrego y los consejeros, la autoridad regional expuso durante poco más de 20 minutos y aseguró que el contrato de $ 31 millones con Vera y Asociados S.A. fue para fortalecer la gestión institucional, no para fines electorales. También formalizó que presentará una reconsideración ante la Contraloría.

Orrego se defendió y explicó el financiamiento de su campaña: “He dicho categóricamente muchas veces: yo sí hice estudios para mi campaña. Yo sí financié mi campaña. Y lo hice con fondos de dos créditos públicos que pedí en la plaza, que rendí al Servel y que además fueron aprobados”.

Y sumó: “Una autoridad elegida democráticamente tiene que ser capaz de ejercer su labor. Caso distinto es que, si se le comprueba la comisión de un delito, por supuesto, yo tendré que responder ante la ciudadanía que me eligió si se me acusa y se me condena respecto de algo”.

Pero sus argumentos no calmaron los ánimos. Desde la UDI, el core y jefe de bancada, Álvaro Bellolio, pidió la entrega completa de las 52 sesiones de coaching realizadas, y exigió transparencia sobre los contratos acumulados con la firma, que suman cerca de $ 240 millones desde 2021. Además, la jefa de bancada de RN, Valeria Ponti, propuso una comisión fiscalizadora con los hechos que hoy arrecian al Gobierno Regional, una medida que pese a no votarse, fue respaldada extensamente por cores oficialistas.

En tanto, desde Republicanos, Víctor Valdés y Felipe Serey insistieron en que parte de las asesorías podrían haber estado orientadas a la campaña electoral y solicitaron acceso a los contenidos de cada sesión.

Un tema que unió a varios sectores fue la crítica a la forma en que se dio a conocer el informe de Contraloría. Varios consejeros, tanto de oposición como quienes en el pasado han sido aliados a Orrego, lamentaron haberse enterado por la prensa y no a través de canales oficiales. El gobernador aseveró que el informe les llegó una hora después de que apareció en los medios.