Un incremento sostenido de los delitos predatorios -como los secuestros y las extorsiones- en el marco de “un proceso de densificación delictual sin precedentes”, se advierte en las conclusiones del Informe de Crimen Organizado en Chile 2025, elaborado por la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas (UCOD) de la Fiscalía Nacional.

Combinando análisis cuantitativo y cualitativo, el estudio ofrece una radiografía actualizada y detallada de las principales amenazas, dinámicas y tendencias del crimen organizado en el país durante 2024.

“Su principal virtud es ofrecer una radiografía comprensiva del crimen organizado en Chile, permitiendo reflexionar sobre nuestras vulnerabilidades y amenazas, pero también sobre nuestras fortalezas y las tareas pendientes”, expuso el fiscal nacional, Ángel Valencia, en el texto.

Al detallar la cifra de secuestros por semestre entre 2022 y 2025, se indica que los primeros seis meses de 2024 se reportaron 479 delitos de ese tipo, 389 en la segunda parte de ese año y el primer semestre de 2025 hubo 341.

En las conclusiones, el informe indica que “el secuestro ha dejado de ser un hecho excepcional para transformarse en herramienta estratégica de las organizaciones criminales”.

“Junto con expandir sus negocios, el crimen organizado ha multiplicado sus formas de violencia y control social. Las extorsiones, por ejemplo, se han vuelto prácticas habituales”, se explica.

En esa línea, el reporte sostiene que “la realidad descrita confirma que el crimen organizado en Chile ya no puede concebirse como fenómenos aislados, sino como un ecosistema articulado que se nutre de múltiples mercados ilícitos, genera un poder económico paralelo y logra sostenerse en el tiempo mediante redes de lavado, corrupción y control social violento”.

De esta forma, se advierte que “su presencia simultánea en diversos ámbitos —desde la esquina de un barrio hasta el entramado financiero internacional— muestra un proceso de densificación delictual sin precedentes“.

“Nos encontramos ante un fenómeno que permea la seguridad pública y la economía formal, debilitando la cohesión de las comunidades, erosionando la confianza en las instituciones y, en último término, al Estado de Derecho”, señala el análisis.