Una fuerte controversia surgió en las últimas horas luego de que se conociera que Patricio Maturana, excarabinero condenado por apremios ilegítimos y lesiones graves contra la senadora Fabiola Campillai, podría acceder a un beneficio de salida dominical.

La información generó inmediata reacción de Gendarmería de Chile que, a través de una declaración oficial, explicó que el reo sí cumple con los requisitos formales para postular al referido incentivo.

Sin embargo, la institución aclaró que aún no hay una resolución adoptada, puesto que la decisión corresponde de manera exclusiva y reservada al consejo técnico de cada unidad penal, integrado por un equipo multidisciplinario.

Asimismo, detalló que los beneficios intrapenitenciarios están estrictamente regulados en la normativa que rige a la institución.

En ese contexto, se precisa que, si bien Maturana ejerció su derecho a postular a salida dominical, dado que cumple con los requisitos formales, el consejo técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina aún no ha sesionado, por lo que no existe ningún beneficio otorgado ni rechazado hasta ahora.

“Adelantar un eventual resultado es, a lo menos, irresponsable”, dice el escrito.

En el mismo tenor, Gendarmería salió a desmentir categóricamente la supuesta relación entre una visita inspectiva rutinaria del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, al penal de Molina y el presunto otorgamiento del beneficio.

Según el organismo, vincular ambos hechos constituye “una grave falta a la ética y al tratamiento de la información periodística”, en alusión a una nota de prensa que había señalado que la gestión del beneficio se produjo tras una visita sorpresa de la autoridad penitenciaria al recinto penal, días después de una reunión con el presidente electo José Antonio Kast, en el marco de conversaciones sobre modernización del sistema carcelario.

“De la más absoluta gravedad”

En torno a esta situación, la senadora Fabiola Campillai, víctima directa del ataque por el cual Maturana cumple condena, expresó su profunda preocupación.

La parlamentaria afirmó que respeta los procesos judiciales e institucionales, pero advirtió que lo verdaderamente grave sería que la solicitud u otorgamiento del beneficio se hubiese producido tras una reunión entre el presidente electo y el director de Gendarmería.

“De ser ciertas estas informaciones, sería de la más absoluta gravedad; un presidente electo estaría dando instrucciones al director de Gendarmería, dejando de lado el cumplimiento de penas señalado por los tribunales de Chile”, señaló, recordando que la condena fue ratificada por el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo, la Corte de Apelaciones de San Miguel y la Corte Suprema.

La representante de la Cámara Alta agregó que se encuentra evaluando la situación junto a su abogada y que no descarta acciones legales en su debido momento, dada la seriedad de los antecedentes y las “legítimas dudas” que, a su juicio, se han generado.