La gobernadora de la región de Coquimbo, Krist Naranjo, enfrenta una nueva denuncia, esta vez por el delito de extorsión, cuyos antecedentes fueron puestos a disposición de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público y la Contraloría Regional.

La acción fue interpuesta por el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) y se acusa a Naranjo de pedir dinero a sus funcionarios de confianza, práctica que se habría repetido mes a mes. Y a raíz de esto, trabajadores del Gobierno Regional (GORE) protestaron este viernes en la sede del organismo, portando una pancarta que decía “Fuera gobernadora!!! #Por los trabajadores”.

De acuerdo a testimonios recogidos por el diario El Día, la situación se transformó en una presión constante para su equipo de confianza, quienes debían aportar dinero de su sueldo base o bonos, especialmente aquellos beneficiados con la Función Crítica. “No solicitaba los dineros directamente, sino que lo hacía con terceros de confianza”.

Y añaden: “Si no pagas, te amenaza con despedirte. Según dice, esa plata la ocupa en su campaña”.

Naranjo habría designado como “recaudadora” a una funcionaria de confianza, quien recolectaría los dineros por mano, para luego entregárselo en efectivo a la gobernadora. Esto se realizaría tanto en la casa fiscal que utiliza, como en la oficina del GORE.

Este viernes, Krist Naranjo señaló a Mi Radio que la denuncia se trataba de un “montaje político” y que aún no decide si irá a la reelección: “Tengo mi conciencia tranquila, creo que esto es un montaje político y no sé todavía (si voy a la reelección). Todavía no estamos a tiempo y en este minuto estamos trabajando”, señaló.

Naranjo ya enfrentó una denuncia por ordenar a los conductores del vehículo fiscal realizar traslados que no están relacionadas con funciones y fines institucionales.

Tras la investigación, la Contraloría notificó en agosto del año pasado a la gobernadora de Coquimbo de la suspensión de su cargo por tres meses y el goce del 50% de su sueldo por el mismo período tras el fin de la investigación sumaria que acreditó que en 2021 y 2022, Naranjo ordenó a los conductores realizar traslados que no están relacionadas con funciones y fines institucionales, entre ellos llevarla de compras a un mall, a supermercados y al colegio donde le tocaba votar.

Asimismo, se acreditó que la gobernadora permitió que su hijo utilizara el vehículo para que fuera trasladado por un conductor a distintos lugares de la región.