A raíz de los diversos cuestionamientos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aclaró mediante una declaración pública la legalidad del proceso de expropiación del terreno en el Cerro Centinela. "Una sentencia judicial que ordena un desalojo debe cumplirse, pero no extingue la utilidad pública ni la facultad expropiatoria del Serviu, ni convierte el inmueble en inexpropiable", explicaron.

Esto, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera el plan de ejecución del fallo presentado por la Delegación Presidencial Regional, el 6 de diciembre, y diera por iniciado el proceso de desalojo del asentamiento ilegal ubicado en San Antonio.

El comunicado del Minvu va en respuesta a las críticas recibidas por parte de diferentes actores. Entre ellos diputados de oposición, quienes solicitaron a Contraloría la revisión de la orden de expropiación de 100 de las 215 hectáreas que conforman el predio y que anunció el Gobierno el pasado martes 2 de diciembre.

Según el Minvu, la expropiación para este caso no corresponde a una estrategia para evitar el desalojo, sino que tiene la finalidad de “implementar los programas habitacionales del ministerio, con un plan habitacional que pueda, además, integrar a otras familias y forma parte de las medidas para dar cumplimiento a la sentencia de los Tribunales de Justicia”.

En la declaración mencionan algunas normas, como el articulo 19 N° 24 de la Constitución, el cual dice que “esta autorización implica la atribución de la potestad expropiatoria al ente público y la determinación de las causales por las que se autoriza la expropiación o causa expropiandi (utilidad pública o interés nacional). Este elemento debe estar presente al dictarse el acto expropiatorio y mantenerse hasta su cumplimiento”.

Para el Gobierno, explica la declaración, el caso de la toma en Cerro Centinela representa “una situación de urgente necesidad habitacional que afecta a más de once mil personas inscritas”, según cifras del catastro oficial de campamentos del Minvu del año 2024.

“Todos los desalojos que hemos llevado adelante, que no han sido pocos, y han sido exitosos porque nosotros cumplimos la sentencia de los tribunales. No obstante, cuando el detalle del desalojo ha salido publicado por algún medio de comunicación se ha hecho más difícil. Entonces tomamos un resguardo porque aquí estamos hablando de una toma que compromete a más de 10.000 personas”, detalló el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ayer en TVN. El secretario de Estado, además, dijo que el plan del gobierno es dejar implementado el desalojo antes del 11 de marzo de 2026, día final de la presidencia de Gabriel Boric, pero con una eventual continuación en la próxima administración que asuma

“Por eso hemos tomado el resguardo para, por un lado, avanzar en el desalojo conforme lo estableció la corte, cumpliendo el mandato de la corte, y, adicionalmente, llevar adelante el proceso de expropiación para implementar el plan habitacional que el gobierno anunció hace meses atrás y que nos habría gustado que se hubiera hecho a través de una compra-venta. Pero no hubo acuerdo con los propietarios”, agregó la autoridad en el programa Estado Nacional.

Sobre los derechos de los propietario, en este caso la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., quienes ya anunciaron que tomarán acciones legales en contra de esta medida, en la declaración el Gobierno señala que podrán ejercer los derechos que la ley les concede.

“Debe recordarse que, en el marco del proceso expropiatorio, hay una comisión de expertos, la que definirá el monto de la indemnización provisional. De considerar las personas propietarias que les representa un daño patrimonial, tienen las facultades de apelar ante el Tribunal competente”, señala el comunicado.

Finalmente en la declaración cerraron diciendo que es necesario hacer un llamado a evitar la polarización y que el conflicto siga escalando. “El Gobierno ha propuesto caminos institucionales para dar cumplimiento al fallo judicial y entregar una solución equilibrada a un problema complejo y multidimensional en el marco de la legalidad, y con respeto a los derechos de todos los involucrados en esta situación que es excepcional, por las características del campamento y su envergadura”.