Gobierno designa a Macarena Cortés como la primera directora de la Defensoría de las Víctimas y desiste de Patricia Muñoz
Anteriormente había trascendido que el Ejecutivo se había inclinado por la exdefensora de la Niñez Patricia Muñoz, lo que generó polémica debido al avanzado estado de embarazo de la abogada y a que, en consideración de ello, pronto tendría que hacer uso de su licencia de prenatal y posnatal.
La tarde de este martes el gobierno designó a Macarena Cortés como la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.
Desde el Ejecutivo comunicaron que la abogada asumirá su cargo el 1 de enero del año entrante e hicieron un breve repaso de su trayectoria profesional.
Cortés cuenta con estudios de postítulo en justicia restaurativa en la Universidad de Ginebra, en gerencia social y políticas públicas en Flacso, en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en Unicef y Universidad de Diego Portales, y responsabilidad penal adolescente en la Universidad de Chile.
También desde el Ministerio de Justicia precisaron que, hasta ahora, la profesional se desempeñaba como jefa de la División de Reinserción Social de la cartera encabezada por el ministro Jaime Gajardo (PC).
En su linKedin, Cortés destaca que antes de desempeñarse en ese cargo fue abogada en el Sename (2003-2006) y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2006-2010). Igualmente, en la misma secretaría de Estado ejerció como jefa del Departamento de Menores (2010-2016).
Cabe recordar que la ley que crea la nueva repartición fue promulgada el pasado 5 de noviembre, en una ceremonia encabezada por el Presidente Boric en el Palacio de La Moneda.
En la ocasión, el Jefe de Estado destacó que con este nuevo servicio ahora “es posible y es un derecho de las víctimas tener atención integral jurídica, pero también psicológica, también social”.
Por su parte, en la misma oportunidad Gajardo indicó: “Es un gran paso que está dando nuestro país para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a la justicia, a una justicia oportuna, eficiente, profesional. Que las personas puedan acceder a la justicia sin depender de sus medios económicos, y por lo mismo es tan relevante, porque el acceso a la justicia es lo que viabiliza el ejercicio de otros derechos”.
¿Y Patricia Muñoz?
Con la comunicación realizada por el Ministerio de Justicia, quedó en evidencia que el nombre que inicialmente había sido considerado para liderar el nuevo servicio, el de la exdefensora de la Niñez Patricia Muñoz, quedó en el camino.
Esto, en medio de la serie de cuestionamientos que surgieron cuando se conoció que el Presidente se había inclinado por ella para poner en marcha el servicio. Principalmente, se reprochó por parte de personeros de oposición que se optara por una persona que pronto tendría que hacer uso de licencia por algunos meses y que tendría fuero, por el hecho de estar pronta a dar a luz.
Más allá de los cuestionamientos, como pudo conocer este medio, Boric había estimado que Muñoz reunía las credenciales necesarias para liderar el organismo y, por lo mismo, desde Justicia se habían puesto en contacto con la abogada para que fuera ella quien asumiera.
Sin embargo, en medio de las evaluaciones también quedó en evidencia que la otrora defensora de la Niñez no era la favorita en Justicia y eso, aseguran conocedores del proceso, terminó primando en la determinación.
Del nuevo servicio
Entre las principales características del nuevo servicio, como han destacado desde el Ejecutivo, está que unifica la asistencia judicial y la atención de víctimas de delitos en un servicio público de carácter nacional.
Crea la Defensoría de las Víctimas, que entregará atención integral jurídica y psicosocial a víctimas de delitos, en particular a aquellos más violentos. Igualmente, tiene como misión promover la resolución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación familiar obligatoria para evitar que los conflictos lleguen a tribunales y se alcancen soluciones.
Asimismo, desde el gobierno han enfatizado que este nuevo organismo tendrá aparejada la existencia de centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales de justicia, debiendo promover, además, de medios remotos de atención para asegurar cobertura permanente en todo el territorio nacional.
Su implementación será gradual, con una duración máxima de puesta en marcha de 18 meses. Empezará en la zona norte, desde Arica hacia Valparaíso.
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