El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS) descartó que el gobierno haya tenido injerencia en la forma de pago que se determinó para la deuda que mantenía la Fundación Salvador Allende con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu).

“Tengo entendido que el contrato es de 2004 y la razón de pago a la cual usted hace referencia es de 2015. Por tanto, son decisiones que se tomaron en administraciones anteriores conforme a nuestro ordenamiento jurídico”, señaló Elizalde.

En esa línea, zanjó que “no es una decisión que se haya tomado bajo la actual administración”.

El nombre de la familia Allende volvió a estar en la agenda pública luego de extensas polémicas por la fallida compra que realizó el gobierno a la vivienda del expresidente ubicada en Providencia. Los vicios constitucionales del contrato terminaron en la destitución de la histórica senadora Isabel Allende y la renuncia de maya Fernández al Ministerio de Defensa.

Ahora, acorde a una información publicada por El Mercurio, la fundación de la familia es la que está envuelta en una trama de presuntas irregularidades.

En concreto, la sede de la organización fue adquirida a tráves de un intercambio con el Serviu. La propiedad ubicada en Avenida República 475, que también funciona como museo, pasó a manos de la fundación con la promesa de un millonario pago en cuotas. Sin embargo, la deuda nunca fue saldada.

El medio citado asegura que en 2015, diez años después de las condiciones iniciales de pago, el Serviu pactó la deuda a cambio de 93 obras de la fundación avaluadas en 800.000 dólares. Pese a que los cuadros fueron otorgados legalmente a la institución, hasta la fecha no han sido entregados fisícamente a la entidad pública con el argumento de que el servicio no cuenta con la capacidad para resguardar las obras.

Ante esto, el ministro recalcó: “Insisto, ocurrió hace casi 7 años atrás la acción de pago. Sí es una figura que está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico y fue una decisión que se tomó por las autoridades de aquel entonces".