Gobierno se abre al uso de fondos del Crédito Solidario para alumnos que pierdan gratuidad por atrasarse en sus carreras

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La deserción estudiantil volvió a ser tema de discusión, a propósito de los casos de estudiantes que pierden la gratuidad por atrasarse en sus carreras.

La medida, que había sido impugnada en el Tribunal Constitucional en 2018, y que afectó a cerca de 27 mil estudiantes, esta vez fue incorporada a la Partida del Presupuesto para 2020.




Lo que parecía una postura ya definitiva del Gobierno ahora asoma como mucho más flexible. Los legisladores que recibieron la Partida de Educación, del Presupuesto 2020, vieron una indicación muy similar a la que fue anulada en el Tribunal Consitucional (TC) hace un año. Con ella, de aprobarse, los universitarios que se atrasen un año en terminar sus estudios no perderían la gratuidad.

"Esto nunca ha significado un peso para el Estado, porque son las propias universidades quienes entregan un apoyo a quienes están con el peligro de perder la gratuidad. Nos alegramos de que el gobierno haya acogido nuestra indicación que hicimos hace un año", dijo la senadora Yasna Provoste (DC).

Se trata de lo siguiente. El espíritu original de la moción, aquella enviada hace un año, autorizaba a las universidades a reinvertir hasta un 30% de los excedentes acumulados en el Fondo Solidario de Crédito Universitario, siempre y cuando fuera en infraestructura, títulos de valor y costear años académicos que queden fuera de la gratuidad, como alumnos que no concluyen a tiempo sus estudios.

La nueva glosa, que ahora ingresó el Ejecutivo, establece que los recursos serán exclusivamente "para el financiamiento de las obligaciones derivadas de los estudiantes (..) que hayan excedido la duración formal de sus carreras hasta en un año".

Fue en diciembre de 2018 cuando diputados de Chile Vamos recurrieron al TC para acusar en ese momento la supuesta ilegalidad sobre glosas de las partidas del Presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Educación. En esta última materia, el Congreso había despachado a ley una glosa que autorizaba utilizar los excedentes del Fondo Solidario -exclusivo de las universidades del Consejo de Rectores (Cruch)- para paliar el déficit que sufren anualmente las instituciones de educación superior adscritas a la gratuidad.

La moción, que logró aprobación con votos de la oposición, fue acusada por representantes de las bancadas UDI, RN y Evópoli, bajo el argumento de ser una "discriminación arbitraria", y tuvo el respaldo del Ejecutivo. El resultado fue que el organismo jurisdiccional del Estado finalmente consideró la lectura de la queja y anuló la aplicación de dicha glosa.

27 mil alumnos

El vicepresidente del Consejo de Rectores y miembro del Consorcio de Universidades del Estado, Aldo Valle, recordó que a través de dos abogados, el Cruch recurrió al TC para defender esa  indicación, lo que finalmente no prosperó. "Lo de hoy es una noticia positiva, porque así como el año pasado hubo una decisión política sobre la compensación de los ingresos de las universidades, que esta vez se haya incorporado la glosa es una solución parcial", sostuvo.

La situación de 2018 tuvo una repercusión inmediata en cerca de 27 mil universitarios, quienes no concluyeron sus estudios en el tiempo estimado de la malla curricular y perdieron el beneficio. Algunos tuvieron opción de pagar el 50% de arancel, otros no pudieron cumplir con la matrícula de 2019.

Valle agregó que lo que la gratuidad requiere modificar "es la norma que sanciona a las universidades por todos aquellos estudiantes que no terminan sus estudios en el tiempo formal. En todos los países desarrollados la titulación oportuna reconoce un año adicional, dependiendo del tiempo de cada carrera".

Desde el oficialismo, la diputada María José Hoffmann (UDI) explicó que "nosotros nos opusimos, porque nos pareció una muy mala señal para las universidades cuyos alumnos se demoran en titularse".

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