43.000 hectáreas destruidas, 137 fallecidos y más de 4000 viviendas afectadas son algunas de las cifras que dejó el gran incendio de Valparaíso ocurrido entre el 2 y el 3 de febrero de 2024 y que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, particularmente.

Debido a las graves consecuencias del siniestro, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, entonces liderada por Sofía González (PC), entre otras empresas contrató a San Nicolás SpA para hacerse cargo de algunas de las labores de reconstrucción.

Pero aparecieron problemas, ya que el último informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló severas irregularidades asociadas a esta, y otras relativas a la propia Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, así como a las municipalidades de Quilpué y Viña del Mar, y la Dirección Regional de Arquitectura.

Uno de los principales hallazgos dice relación con pagos por más de $6.725 millones asociados a diferentes trabajos relacionados a la reconstrucción, los que no tuvieron licitación.

Y eso no es todo, ya que recientemente un grupo de damnificados del siniestro denominado como F2, presentó una querella con respecto a lo sucedido, y piden que declare la exdelegada González (actual diputada), cuestionando su rol, así como también el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Se trata de un grupo de 123 damnificados por el megaincendio ocurrido en febrero de 2024, quienes presentaron una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Valparaíso contra las personas que resulten responsables de lo ocurrido, tanto en calidad de autores, cómplices o encubridores por delitos de fraude al fisco.

Así como también negociación incompatible propia, negociación incompatible por tráfico de influencias y falsificación, además de uso malicioso de instrumento público, con el objetivo de esclarecer el destino de recursos comprometidos en el marco de la emergencia.

La acción judicial presentada en tribunales, correspondiente a los 123 damnificados señalados anteriormente, está a cargo del abogado Felipe Olea.

La querella criminal por fraude interpuesta super las 40.000 UTM, debido a un esquema de corrupción sistemática con fotografías alteradas, documentación falsa y sobreprecios superiores a 378%, desviando fondos de la reconstrucción.

La descrita denuncia ocurre luego de la emisión de los señalados informes de la Contraloría General de la República, los que detectaron una serie de irregularidades con fondos y contratos (ver detalle a continuación).

Desde la actual Delegación Presidencial Regional de Valparaíso sostienen que aún no pueden referirse al tema, porque el delegado está recién conformando a su nuevo equipo, asesores, equipo jurídico, entre otros.

Sofía González señaló a La Tercera que “como funcionarios públicos siempre tenemos un deber moral y jurídico de transparentar nuestros actos. Al respecto de lo que he podido ver de la querella y trascendidos en medios de prensa, los hechos en que se me pretenden involucrar son falsos. En ese sentido, también es nuestro deber como servidores públicos el poder colaborar con las instancias investigativas que promueve el Ministerio Público y que sean esas instancias las que puedan aportar las conclusiones necesarias a la sociedad”.

“En tal sentido, estoy disponible para aportar lo que sea pertinente para aclarar aquello que sea necesario; incluso cuando eso proviene de una querella injuriosa en donde ciertas actorías instrumentalizan a personas que ya han sufrido bastante, inventando tramas que no existen. Siendo así, junto con mi compromiso con la transparencia en los actos que ejecuté como autoridad, mi enfoque es seguir trabajando para solucionar los verdaderos problemas de las víctimas”, añadió González.

Por su parte, desde el Ministerio de Obras Públicas, este medio no obtuvo respuesta.

San Nicolás SpA y el origen del conflicto

En marzo de 2021 fue constituida como empresa ante el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, constitución que también fue publicada en el Diario Oficial.

Según los registros, su inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) ocurrió el 14 de abril de 2021.

En el camino la empresa sufrió una serie de transformaciones. La primera modificación fue en 2022, cuando San Nicolás SpA pasó a manos de Wilson Fredy Vergara Mardones, traspasándose a su nombre 10.000 acciones, equivalentes a $10.000.000.

En 2023 nuevamente se registró un cambio en la propiedad de la firma. En esta oportunidad se dividió entre dos nuevas personas.

“Tomás Alejandro Avilés Tillería con 5.000 acciones, equivalentes a $5.000.000 del capital social y Catalina Antonia Jara Briones con 5.000 acciones, equivalentes a $5.000.000 del capital social”, indica el documento. Ellos son los actuales dueños de la empresa, de 19 y 25 años respectivamente, cuando se hizo esta separación, un año antes de firmar su gran contrato con el Estado.

La falta de expertise de la empresa le ha valido serios cuestionamientos a la exdelegada González, debido a la poca experiencia de los dueños de la empresa que tenía que hacerse cargo de una reconstrucción de esa magnitud.

Pero en su pesquisa, la Contraloría también identificó sobreprecios en contrataciones en el caso de San Nicolás SpA: al contrastar lo que la empresa pagó a sus subcontratistas con lo que cobró al Estado, se establecieron diferencias de hasta un 557,89%, lo que implicaría sobreprecios por más de $4.200 millones.

El organismo dirigido por Dorothy Pérez, además, determinó que hubo subcontratos por la totalidad de los servicios, pese a que la normativa solo permite subcontratación parcial y siempre con autorización expresa, lo que no ocurrió en este caso. A ello se sumó que al momento de las adjudicaciones la empresa no contaba con maquinaria propia suficiente para hacerse de estos servicios, ni tampoco se acreditó su capacidad técnica u operativa para asumir contratos de esta envergadura.

También se detectaron pagos por más de $399 millones a San Nicolás SpA asociados a turnos de maquinaria pesada, respaldados con fotografías repetidas, inconsistentes o con documentación inválida, lo que impidió acreditar la efectiva prestación de servicios.

En relación con las órdenes de compra públicas que tiene la empresa con el Estado, según el detalle disponible en Mercado Público, se totalizan 37, destacando algunas por montos brutos de $3.233.053.166 o $465.908.800.

La segunda, por ejemplo, corresponde a un “servicio de arriendo de maquinaria, incendio 2024″.

En el Diario Oficial, Tomás Avilés, uno de los dueños de San Nicolás SpA, registra varias constituciones de sociedad. Por ejemplo, Diones Centro Estética Integral SpA, junto a Catalina Jara. También Inmobiliaria e Inversiones Santa Herminia SpA, PB Importancies y Exportaciones SpA, e Inversiones ByT Limitada.

Debido a lo ya señalado, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso estableció que solicitó formalmente la devolución del dinero no respaldado a la empresa.

Además, se reveló que el Ministerio Público tiene en sus manos los respectivos antecedentes, y que el fiscal debería iniciar próximamente las diligencias que correspondan.