La semana pasada, el Servicio de Registro Civil e Identificación puso en vigencia la circular N°014 que actualiza las instrucciones para establecer la nacionalidad en el proceso de inscripción de nacimiento y, en particular, para la aplicación del concepto de “extranjero transeúnte”. La medida cobra relevancia porque reitera criterios para determinar cuándo un recién nacido no puede acceder automáticamente a la nacionalidad chilena.

El documento se enmarca en el artículo 10, N° 1 de la Constitución, que establece las excepciones al otorgamiento automático de la nacionalidad chilena. Una de ellas, ser hijo de un extranjero transeúnte. Y, en esa línea, la circular recuerda a los oficiales civiles que deberán verificar la nacionalidad de los padres del recién nacido, revisando el pasaporte, documento de identidad y la Tarjeta Única Migratoria, para comprobar si su estadía en Chile corresponde a una permanencia temporal.

En ese sentido, instruye a las direcciones regionales que “si el nacimiento ocurrió durante el periodo de vigencia de la permanencia transitoria (de un extranjero), el o la recién nacido o nacida no tiene la nacionalidad chilena, sino hijo de extranjero transeúnte”.

A raíz, de la instrucción, la Defensoría de la Niñez expresó su preocupación señalando que “esta categoría se aplica a ‘personas nacidas en territorio chileno de padres que se encuentran de paso, turismo o sin intención de establecerse’, situación que dista de aplicarse a personas que habitan desde hace años en Chile”.

“Esta medida resulta preocupante pues representa un retroceso respecto de los avances que el Estado ha venido impulsando en materia de protección de derechos de niños y niñas en contexto de movilidad humana”, añade.

Desde la Defensoría agregan que la circular “establece un mecanismo que genera riesgo de apatridia (N. de la R.: condición jurídica de una persona física que no posee ninguna nacionalidad, es decir, no cuenta con la pertenencia -y por extensión, reconocimiento y protección de sus leyes- de ningún Estado), condición que afecta de manera directa el ejercicio de derechos fundamentales, sobre todo en el ámbito de la salud y educación. La circular introduce un criterio que no se funda en la situación propia del niño o niña, sino en la condición administrativa de sus padres, lo que resulta incompatible con el enfoque de derechos de la niñez y con la obligación del Estado de garantizar igualdad en el acceso y ejercicio de derechos fundamentales, independiente de la condición migratoria de los padres”.

Asimismo, la institución advierte que, aunque el nacimiento sigue siendo inscrito y existen mecanismos de oposición o revisión, la carga de activar esos procedimientos queda radicada en las familias y no en el Estado, pese a que es este último, el llamado a reconocer y garantizar los derechos de que los niños y niñas son titulares.

“En esta materia, es deber del Estado garantizar desde el inicio la protección efectiva del derecho a la nacionalidad, a la identidad y a la no discriminación, sin trasladar a las familias la responsabilidad de reclamar por derechos que deben ser resguardados oportunamente”, dice la Defensoría.

La Defensoría de la Niñez enfatiza que la aplicación de esta circular “debe ser revisada estrictamente conforme a la normativa nacional y a los estándares internacionales de derechos humanos. Los niños y niñas nacidos en Chile no pueden ver condicionado el ejercicio de sus derechos por interpretaciones administrativas que los sitúen en una posición de mayor vulnerabilidad”.