El equipo de investigadores que encabeza el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, leyó uno a uno los mensajes que lograron captar durante más de dos años en una investigación que fue bautizada como Operación Tokio.

En una audiencia reservada, el Ministerio Público exhibió al magistrado del 10° Juzgado de Garantía de Santiago, René Cerda, todos los mensajes extorsivos que, durante meses, tuvieron el objetivo de sembrar el miedo y establecer un mecanismo de “control territorial de fiestas”.

Todas las extorsiones estaban orientadas a ejercer el dominio de la vida nocturna -en la que participan venezolanos en Chile-, pasando por el clásico barrio Bellavista hasta llegar a parcelas donde se organizan after parties clandestinos.

De hecho, una de las pistas iniciales que permitieron, años después, destapar el caso ocurrió en una fiesta clandestina en Lampa, que terminó en una masacre con cinco homicidios.

Las incautaciones ejecutadas por la PDI aquella vez hicieron que la Fiscalía y la policía tiraran de un hilo que los llevó a descubrir una compleja red de lavado de dinero.

Todos estos detalles fueron exhibidos este domingo en la audiencia de formalización de 17 imputados, en lo que, según el fiscal Barros, se ha transformado en uno de los mayores golpes a la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile. Los imputados corresponden, principalmente, a los productores de las fiestas y los administradores de los locales que formaban parte de la red, todos integrantes de una banda transnacional apodada por la Fiscalía como “Los Shelby”.

Ante el magistrado Cerda se hicieron presentes además los fiscales Álex Cortez, Milibor Bugueño y Luis Barraza. Los imputados fueron formalizados por delitos de asociación criminal, extorsión, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando de vehículos.

“Es una organización bastante más compleja. En esta organización confluyen una serie de operaciones que hacía en Chile el Tren de Aragua y que se traducían no solo en conseguir dinero, que finalmente es lo que buscan estas organizaciones, sino que también en buscar las fórmulas para sacarlo del país sin que pudiesen ser detectados”, señaló el persecutor.

De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, la red habría lavado casi $ 75 mil millones entre 2022 y 2025. Además, habría logrado sacar de Chile más de US$ 84 millones provenientes de mercados ilícitos como la extorsión, el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando.

En total, durante el operativo fueron detenidas 19 personas, aunque 17 serán formalizadas en esta causa. Respecto de los otros dos detenidos, el fiscal explicó que fueron aprehendidos en situación de flagrancia y que también pasarán a control de detención, pero por delitos distintos, asociados a la evidencia encontrada al momento del procedimiento.

Control territorial

Los fiscales expusieron ante el tribunal que la red que se montó se tradujo en que si un productor venezolano quería organizar fiestas en Santiago, debía comunicárselo a esta célula del Tren de Aragua y pagar una cuota, una especie de tributo.

Todo tenía su precio y el que no lo respetaba, recibía mensajes extorsivos y acciones para asegurar el compromiso con las tarifas. El actuar de estos integrantes se caracterizaba por la alta violencia e intimidación.

Para procesar los recursos ilícitos que se generaban, se montó una asociación criminal que tenía cuatro niveles. En el nivel más bajo estaban los encargados de recaudar las cuotas, luego estaban los abonantes, cuya función era depositar el dinero en el sistema financiero.

La línea seguía con los “prestacuentas”, que facilitaban cuentas bancarias para mover y lavar la plata. Aquí destaca por ejemplo el ejecutivo del Banco Santander que movía los dineros en al menos ocho cuentas y luego las lavaba transformando los recursos en criptomonedas.

En el último nivel estaban los receptores finales que eran quienes conseguían quedarse con el dinero ilícito de la red.

En la cúspide de esta banda transnacional está Carlos Francisco Gómez Moreno, más conocido como “Carlos Bobby”, quien actualmente está recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, Colombia, y quien tiene nexos directos con el Niño Guerrero, el máximo líder del Tren de Aragua. A él se suma también otro sujeto, aún no identificado, pero que respondía por el nombre de “Yefri” o “El Shelby”.

Fue “Yefri”, quien se encuentra fuera de Chile, quien se encargó de reclutar los testaferros para montar empresas que funcionaron como fachadas.

El golpe al Tren de Aragua

Fue el pasado martes 2 de junio que la Fiscalía Metropolitana Sur, junto a la Brigada de Investigaciones de Crimen Organizado y la Brigada de Lavado de Activos de la PDI, realizaron un megaoperativo en comunas como Santiago, San Miguel y San Ramón, además de distintos recintos penitenciarios.

A partir de declaraciones de asistentes a la fiesta clandestina de Lampa -la que terminó con cinco personas asesinadas- los investigadores establecieron la posible existencia de una estructura jerarquizada, con presencia en Chile y vínculos con liderazgos del Tren de Aragua en el extranjero.

El fiscal destacó la relevancia de la formalización y calificó el hito como un paso clave para afectar la estructura económica del grupo criminal. “Es el primer gran golpe que se le pega a lo que es el lavado de activos que tiene la estructura criminal. Esto es una operación que debería hacer tambalear al Tren de Aragua en lo que más le complica, que es lo patrimonial y lo económico”, sostuvo.

El Ministerio Público pidió al tribunal medidas cautelares gravosas, como la prisión preventiva. El magistrado Cerda finalmente dispuso dicha cautelar a 14 de los 17 imputados, incluidos el exejecutivo del Santander. Además fijó un plazo de investigación de 150 días.