El temporal que afectó a varias regiones del país en los últimos días tuvo múltiples impactos y daños. De acuerdo con el último balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, (Senapred), la emergencia ha dejado 13 personas fallecidas, cerca de 29.000 viviendas con daños de diversa consideración y alrededor de 65.000 personas directamente afectadas, entre lesionados, damnificados, albergados y aislados, sobre todo en la zona norte y en el centro del territorio.

Respecto a las pérdidas materiales, una nueva actualización del catastro realizado por la consultora Colliers elevó el costo de los daños provocados por el sistema frontal en infraestructura, viviendas y sectores productivos a más de US$725 millones. En el primer balance realizado el domingo el costo era de US$200 millones y luego subió a US$400 millones.

Reinaldo Gleisner, vicepresidente de Colliers, desglosa esa cifra: “En infraestructura pública, conectividad, redes eléctricas y servicios básicos estimamos costos superiores a US$ 400 millones. En materia de vivienda, los daños alcanzarían a alrededor de US$ 200 millones”.

Según el catastro, “en el sector agrícola, más allá de la positiva acumulación de agua en los embalses y de la reserva hídrica que representa la nieve caída en la cordillera, se consideran las inundaciones de superficies sembradas y hectáreas productivas, los daños en infraestructura agrícola y de riego en distintas regiones del país, así como las pérdidas de parrones de uva de mesa y uva pisquera en las regiones de Atacama y Coquimbo. En este ámbito, los daños se estiman en aproximadamente US$ 75 millones”.

Y a eso se suma la situación del comercio, el turismo y la minería, con pérdidas por al menos US$ 50 millones. “Esto, producto del cierre de establecimientos comerciales, la disminución de ingresos en el turismo y las interrupciones de faenas, además de los problemas de acceso que han afectado a la actividad minera”, señala el ejecutivo de Colliers.

Cómo se levanta la información

Reinaldo Gleisner explica cómo se realiza el proceso para lograr calcular los daños. Lo primero que menciona es que la información concreta que se utiliza corresponde a los balances macro y reportes públicos consolidados que liberan las entidades gubernamentales. No se dispone de acceso directo a los registros primarios o fichas individuales.

Especifica que la información que el Estado nuclea, cuyo resumen se entrega en los comunicados oficiales, se estructura mediante un proceso de dos etapas: catastro físico y valorización económica, operando exclusivamente con la información pública que consolidan los organismos del Estado.

En vivienda se utiliza el levantamiento mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para clasificar el daño en destrucción total, mayor o menor. En infraestructura, un mapeo de la Dirección de Vialidad para cuantificar kilómetros de caminos cortados, metros de defensas fluviales y puentes afectados, mientras que en el sector agrícola se recurre a los catastros intraprediales para contabilizar hectáreas anegadas, canales embancados y pérdida de infraestructura productiva.

Luego, las métricas físicas se traducen a montos monetarios, aplicando dos variables: pérdida de capital fijo y pérdida de producción.

Gleisner añade que el inventario y avalúo de daños de la catástrofe incluye la cuantificación física de pérdidas materiales y la estimación de costos asociados, desglosados en tres ejes principales.

El primero es vivienda y desarrollo urbano, que incluye la contabilidad de unidades habitacionales destruidas o dañadas, junto con el cálculo del costo de reconstrucción, obras de reparación, bonos de enseres y la reposición de servicios e infraestructura comunitaria básica.

El segundo es de obras públicas e infraestructura, que abarca los kilómetros de red vial (pavimentada y caminos rurales) cortados o deteriorados, la reparación de puentes, defensas fluviales, colectores de aguas lluvias, infraestructura portuaria/costera y la rehabilitación de los sistemas de Agua Potable Rural.

Y el tercer punto es el sector agrícola y productivo, el cual comprende la pérdida de capital fijo —como metros de canales de regadío embancados, bodegas, invernaderos y sistemas de riego tecnificado—, la pérdida de cosechas de fruta de la temporada (lucro cesante), la mortandad de masa ganadera y los costos de habilitación de suelos erosionados.

Además, el avalúo considera los gastos directos de emergencia, tales como labores de despeje, maquinaria pesada, contención de cauces y habilitación de conectividad provisoria.