El despacho de la mayoría del Plan de Reconstrucción Nacional del Congreso -a excepción de la norma de compensación a municipios por la exención de contribuciones- puso la mirada de la oposición en su arremetida ante el Tribunal Constitucional (TC).

Entrevistada por Juan Manuel Ojeda y Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la abogada Leslie Sánchez, quien patrocina la impugnación en los temas medioambientales de los senadores, ahondó en el requerimiento.

¿Cuáles son los puntos específicos que están planteando en que existe una disputa constitucional?

En dos figuras. Una es el Estatuto de Invariabilidad Tributaria que se le aplicaría a inversionistas chilenos y extranjeros, y la segunda es una restitución de dinero que se le entregaría a los empresarios que quieren invertir en Chile, pero que sus temas además tienen impacto medioambiental y tienen que solicitar un trámite administrativo que se llama Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Esta la pueden obtener pero puede ser impugnada en tribunales. Si el tribunal llega a la convicción de que no procedió haberla otorgado, declara la nulidad y ese empresario restituye los dineros que ejecutó en el proyecto hasta la fecha.

¿Cuál es la expectativa sobre el éxito en los requerimientos?

Se presentan porque tenemos la convicción absoluta de que hay buenos fundamentos, de que hay infracciones y vicios constitucionales. Dependerá de la interpretación que hagan los jueces del TC si apoyan nuestros fundamentos. Esto es una cuestión racional y justa aplicación del derecho. Las dos figuras que se crean, particularmente la medioambiental, son extremadamente novedosas. Restituir dinero a un empresario cuya RCA se le puede anular incluso por su propia culpa, a todo evento, parece más bien un seguro que una restitución de fondo. Son tratos extremadamente privilegiados que además se van a pagar con los dineros que aportamos todos los chilenos con los impuestos. Entonces, si el Estado va a pagar por algo, hagámoslo de la manera que se ha hecho habitualmente, con las garantías procesales habituales.

Luego del fallo contra Escuelas Protegidas se generó presión desde la derecha y desde la izquierda. El timonel PPD dijo que el pleno tiene en sus manos “el destino de la democracia”...

Desde la reforma constitucional del 2005 que hizo el Presidente Ricardo Lagos que estas críticas han existido. De parte de intelectuales de izquierda cuando lo ha requerido la derecha y a la inversa. (...) Hubo dos procesos constitucionales que fueron rechazados. Las reglas del juego, para bien o para mal, son estas. Me parece de un poco de falta de honestidad intelectual.

Pero esa deshonestidad intelectual viene también de la izquierda, porque durante los últimos diez años las críticas más ácidas hacia el TC fueron de ese sector.

Totalmente. Créame que me hago cargo de aquello. Yo, académica constitucionalista pero también con cercanías políticas a la izquierda, al progresismo, sé perfectamente lo que piensan mis colegas. Pero no hemos podido modificar al TC. Más allá de que a uno le encantaría que fuera otra su fisonomía, es lo que hay y no por eso nos vamos a restar de utilizar las instituciones que existen y los mecanismos que hay. Sobre todo cuando tenemos convicción jurídica de que hay vicios de constitucionalidad. Constitución que la derecha no podría discutir que no le acomoda. No estamos usando un texto a nuestra pinta, es el texto que siento que a la derecha le acomoda en una institución que a nosotros nos encantaría que fuera distinta, pero no lo es. Son las herramientas que hay hoy en democracia y las vamos a utilizar.

La nueva presidenta del TC, María Pía Silva, fue designada por la Corte Suprema y tiene un pasado DC. ¿Cómo ve la modificación? Entendiendo que si algunos asuntos no se hubiesen dirimido por su antecesora se hubiesen rechazado.

Si miramos el caso a caso también podríamos decir que en otras oportunidades, cuando no había presidentes que responden a otras sensibilidades políticas, también ha sido el voto dirimente el que les ha permitido avanzar en materias en las que nuestro sector no está de acuerdo.

¿Qué aspectos consideran inconstitucionales de la invariabilidad tributaria?

Tiene que ver con una interpretación de las bases constitucionales, de la regla del principio democrático. Son complejas las normas que establecen beneficios a determinados sectores en periodos tan extensos. De una manera restringes al legislador de modificarla a lo menos en tres o cuatro periodos presidenciales. No es el mecanismo idóneo para realizar estos beneficios. Genera también un privilegio porque el beneficio va a un determinado sector económico. Un futuro Congreso podría echar pie atrás a esto, pero durante el tiempo que esté en vigencia esta ley, habrá contratos con terceros (...). Esos contratos probablemente van a incorporar esta cláusula de invariabilidad tributaria y quedará inamovible. El Estado se ve perjudicado. Un ejemplo son las concesiones, en que no se puede renegociar. En una emergencia, como un terremoto o el actual sistema frontal, no se podría pedir a los empresarios que hagan un esfuerzo y paguen un poco más.

¿Pero esa mirada no se cae con que la ley fue aprobada por el Congreso?

Estamos frente a un escenario que no deja de ser complejo. Asumimos que el riesgo de ir al TC siempre es alto, pero tenemos fe en nuestro argumento. Entendemos que alguien me podría decir que la democracia se refleja en el Congreso, el que acaba de aprobar la norma.

Por una mayoría...

Lamentablemente no es la primera vez que una norma se podría aprobar por una mayoría y eso no le resta ni le subsana los vicios constitucionales. No quiero con esto plantear que el Congreso se equivoque. (...) Por eso se han creado los TC en el mundo, son sistemas de freno para cuando otros órganos quieran realizar determinadas políticas públicas que transgreden la Constitución.