La propuesta del gobierno de eximir del pago de las contribuciones a los adultos mayores implicará para el Estado una menor recaudación de unos US$ 200 millones, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, liderado por el ministro Jorge Quiroz.

Pero lo cierto es que la cifra aumentará. Hasta ahora hay factores que no se han incorporado en las estimaciones y que podrían profundizar el impacto a las finanzas municipales: El envejecimiento de la población, que aumentará el número de personas que accederán al beneficio y el alza del avalúo fiscal de las propiedades que implica que con los años también eleva el monto de las contribuciones.

Así lo advierte el investigador de la Fundación Piensa y fellow de economía urbana de la London School of Economics and Political Science, Ignacio Aravena, quien ha seguido de cerca el debate y ha calculado estimaciones de cuánto podría ser el impacto adicional.

“Menos del 25% de las viviendas urbanas paga. Del universo pagador, un tercio son adultos mayores. Si se aprueba la exención del Plan de Reconstrucción, la base pagadora de viviendas cae de a cerca de 17%“, dice.

La exención va para los mayores de 65 años. Pero con los años más gente accederá al beneficio. Municipios como Vitacura están preocupados porque hay muchos vecinos que hoy tienen 62, 63 o 64 años. ¿Cuánto impacta?

Entre 2026 y 2030, el envejecimiento de la población llevaría a un aumento en el número de beneficiarios, que, una vez ajustado por la tasa de mortalidad y por la proporción de propietarios que pagan contribuciones, podría hacer que la cifra pase de de 396 mil a cerca de 478 mil. Con ello, el costo total de la exención subiría de $229 mil millones a cerca de $276 mil millones por ese efecto. Es decir, cerca de $10 mil millones adicionales por año. En términos totales, esto impacta a comunas con alta población y concentración de adultos mayores, como Puente Alto, Maipú, Viña del Mar y Las Condes.

Otro tema es el aumento de avalúo fiscal. Las propiedades irán incrementando su valor con el tiempo, y por ende el monto final de las contribuciones. ¿Cuánto afectará esto?

El avalúo habitacional aumentó cerca de 120% entre 2018 y 2025, pero ello es una mezcla entre inflación y plusvalía generada en ese periodo. Al aislar los efectos del dinero en el tiempo, la apreciación converge a cerca de 22% en siete años, es decir, cerca de 2,8% anual. Algo que vale la pena destacar es que la plusvalía de los avalúos no se concentra en comunas del sector oriente, sino en algunas clase media que están consolidadas. Para ilustrar, Puente Alto y Maipú tienen aumentos reales de 42% y 39% en 7 años, mientras Las Condes y Viña del Mar apenas superan el 4%.

¿Hay estimación del monto adicional que podría impactar?

Lo anterior implica que la pérdida estimada actualmente, de entre $229 mil millones y $276 mil millones, corresponde a un escenario conservador, ya que podría aumentar si se considera el efecto del reavalúo del próximo año, que incorporará la plusvalía acumulada de los últimos años. Es esperable que esta sea menor al 22% del periodo anterior, pues los precios no se han apreciado con la misma velocidad desde la pandemia y el estallido social. En concreto, esto impacta tanto al Fondo Común Municipal como a algunas municipalidades en particular. Por ejemplo, en comunas como Viña del Mar y Las Condes el efecto es doble: disminuye el aporte que realizan al Fondo Común Municipal y también la recaudación que perciben directamente por concepto de contribuciones. En cambio, las comunas que dependen de ese fondo resienten el impacto únicamente por la menor redistribución de recursos.

¿Hay otra variable que provocaría un aumento de las contribuciones con el tiempo? Al menos a corto plazo.

En general, el proyecto solo ha dado cuenta de una estimación gruesa, que es consistente con mis cálculos de USD 200 millones como pérdida total. Sin embargo, no se ha discutido si el estado cubrirá solo la pérdida del Fondo Común Municipal o la pérdida local también. Asimismo, no existen evaluaciones dinámicas que consideren una potencial restitución de fondos con una fórmula que incorpore crecimiento poblacional de adultos mayores beneficiados, inflación y la potencial plusvalía que se estima cada cuatro años. Es de esperar que las municipalidades tengan pérdidas mayores en el tiempo, pues los costos de diversos contratos van aumentando en el tiempo, mientras su capacidad de recolección se desacoplará cada vez más sobre la tendencia actual. Asimismo, esto dificultará las proyecciones de gasto para los próximos años, pues muchos contratos son plurianuales, implicando que será difícil tomar decisiones este año mientras no haya claridad del ajuste. Lo crítico es que la ley escriba la fórmula de compensación y que la haga dinámica, no que quede a la Ley de Presupuestos año a año.

El gobierno compensará el Fondo Común Municipal y está negociando un mecanismo de compensación con el resto de dinero que se perderá. Se plantea gradualidad, o compensar por otra vía. ¿Existen otros mecanismos para mitigar el impacto?

Existen otras alternativas a una exención masiva. Por ejemplo, se puede diferir el pago de contribuciones una vez se venda la propiedad o se efectúe una herencia, lo que, en vez de condonar el pago, resuelve la falta de liquidez de corto plazo. Asimismo, se puede focalizar en vez de eximir solo por edad, o bien, invirtiendo la carga de la prueba para acreditar la dificultad de pago, lo cual permitiría mitigar el efecto en el Fondo Común Municipal. Finalmente, también se podría expandir la base de pagadores, pues es difícil llamar a un impuesto territorial si menos del 25% lo paga.