El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó el sobreseimiento definitivo de la causa seguida en contra del otrora persecutor jefe de Puerto Natales Cristián Gonzalo Muñoz Pérez, imputado por la Fiscalía Regional de Aysén como autor de los delitos consumados de cohecho y revelación de secreto.

Los ilícitos habrían sido perpetrados por el exfiscal durante 2022, cuando lideraba el ente persecutor en Puerto Natales.

En junio de 2024 lo formalizaron y se decretó su prisión preventiva.

Por eso días, Muñoz se querelló contra Carlos Palma, que era fiscal regional de Aysén, por ocultamiento de información, advirtiendo de “maniobras” irregulares en su formalización antes de que se resolviera la apelación respecto a la querella de capítulos.

Se le investigó por presuntamente haber recibido un vehículo en forma de pago por hacerse parte de gestiones judiciales y también por revelar a un socio la concurrencia de la PDI en el marco de una investigación por drogas.

En la audiencia de sobreseimiento, la magistrada Mónica Mancilla Barría acogió la solicitud del Ministerio Público, al compartir que la exclusión de prueba, por el fallecimiento de un testigo principal del caso, deja sin sustento la presentación de la acusación para elevar la causa a juicio oral, se indica en una nota del Poder Judicial.

El sobreseimiento también favoreció al coimputado en la causa Francisco Javier Nettig Díaz.

El ente persecutor sostuvo que, abusando de su cargo como fiscal jefe de Puerto Natales, Muñoz aceptó recibir un vehículo a cambio de ejecutar actos en favor de un tercero, consistentes en el cobro de un pagaré y del valor de una retroexcavadora.

Asimismo, con infracción al deber de reserva y confidencialidad propios del cargo y función, el 5 de diciembre de 2022, habría enviado a un blanco de interés investigativo un mensaje de WhatsApp con el texto: “Vale, pero mañana la tengo difícil porque hasta el jueves tengo los antinarcóticos de PUQ acá”.

PUQ hace referencia a la denominación del aeropuerto de Punta Arenas según el código IATA y es usado por los magallánicos en redes para referirse a su territorio.

La Fiscalía estimó que el dar cuenta de las actividades de los detectives, Muñoz divulgó información reservada sobre una investigación por el delito de drogas.

En agosto de 2024, la Corte Suprema se pronunció sobre la querella de capítulos y determinó que el Ministerio Público solo podía imputar el delito de cohecho.

El máximo tribunal decidió desechar lo acogido originalmente respecto al delito de revelación de secreto, al determinar que en la querella de capítulos de la Fiscalía “no revisten de mérito bastante, ni de ellos emergen indicios serios ni graves de la ocurrencia de los presupuestos materiales de la referida infracción”.

La Fiscalía planteó que Muñoz le envió un mensaje a su arrendatario, que a su vez era socio de un narcotraficante.

En este texto, el expersecutor le dice que un día no puede hacer algo porque estaban en la región los especialistas en drogas de la PDI.

A juicio de la Suprema, ese mensaje “únicamente da cuenta de una conversación del capitulado con su arrendador, quien a la época de la referida misiva, no era blanco de interés de ninguna investigación en desarrollo“.