Chile se mantiene entre los países con mejor desempeño en control de la corrupción a nivel global, pero el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 (CPI) advierte que el país no está exento de riesgos estructurales. Con 63 puntos sobre 100, Chile se ubica en el grupo de naciones con niveles relativamente bajos de corrupción percibida en el sector público, por encima del promedio regional de América (42 puntos) y del promedio mundial (42), aunque lejos de los estándares de los países líderes en integridad institucional .

El estudio evalúa a 182 países y territorios a partir de 13 fuentes independientes, y muestra que Chile comparte puntaje con países como Corea del Sur y Brunei, y se sitúa por debajo de Uruguay (73), el mejor evaluado de América Latina, pero por encima de economías regionales como Argentina (36), Brasil (35), Perú (30) y México (27) .

El CPI 2025 identifica a Chile dentro de un grupo particular: países de puntaje medio-alto que han mostrado retrocesos o estancamientos en la última década, junto a Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido y Nueva Zelanda. En estos casos, el informe señala que los riesgos de corrupción aumentan cuando se debilitan los contrapesos institucionales, persisten vacíos en la legislación anticorrupción o se reduce la capacidad de fiscalización y sanción efectiva .

Aunque Chile continúa siendo percibido como un país con instituciones relativamente sólidas, el reporte advierte que ningún sistema es inmune. Incluso en democracias consolidadas, la polarización política, la influencia del dinero en la toma de decisiones y los conflictos de interés pueden erosionar progresivamente los estándares de integridad si no se abordan de manera estructural .

Democracia, transparencia y control del poder

Uno de los hallazgos centrales del CPI 2025 es la relación directa entre calidad democrática y control de la corrupción. Los países considerados democracias plenas alcanzan en promedio 71 puntos, mientras que las democracias defectuosas bajan a 47 y los regímenes autoritarios apenas llegan a 32 .

En este contexto, Chile se beneficia de contar con libertades civiles protegidas, prensa relativamente libre y un espacio cívico abierto, factores que el informe identifica como claves para prevenir abusos de poder. Sin embargo, Transparency International advierte que la erosión gradual de estos pilares —por ejemplo, mediante presiones políticas, debilitamiento de organismos de control o menor transparencia en el financiamiento de la política— puede traducirse rápidamente en un deterioro del desempeño anticorrupción .

El CPI subraya que los países con mejores puntajes tienden a ofrecer servicios públicos más eficientes y equitativos, especialmente en áreas sensibles como salud, educación y justicia. En contraste, niveles más altos de corrupción están asociados a mayor desigualdad, menor acceso a derechos y peor capacidad estatal para enfrentar crisis económicas, sociales o climáticas.

Para Chile, esto implica que preservar y fortalecer la integridad del sector público no es solo un objetivo institucional, sino una condición necesaria para sostener la confianza ciudadana y la calidad de las políticas públicas, especialmente en un contexto de demandas sociales persistentes y debate sobre el rol del Estado.

Aunque el CPI 2025 no entrega recomendaciones país por país, sí plantea lineamientos que resultan especialmente pertinentes para Chile: reforzar la transparencia en el financiamiento político, fortalecer la independencia de los organismos fiscalizadores, proteger a denunciantes de corrupción y garantizar un entorno favorable para la sociedad civil y el periodismo de investigación .

El informe concluye que la lucha contra la corrupción es un proceso permanente, incluso —y especialmente— en países que históricamente han mostrado buenos resultados. Para Chile, el desafío no es solo mantener su posición en el ranking, sino evitar una normalización de prácticas que, acumuladas en el tiempo, pueden erosionar la credibilidad del Estado y la democracia.

El CPI 2025 identifica a América Latina como una región donde la corrupción se ha vuelto persistente y estructural, asociada a la captura del Estado, el financiamiento político opaco y la debilidad de los sistemas de justicia. En ese escenario, Chile destaca por contar con instituciones más estables, mayor continuidad normativa y un espacio cívico relativamente abierto, factores que actúan como barreras frente a prácticas corruptas .

Sin embargo, el informe también advierte que Chile ya no avanza al ritmo que lo hacía en décadas anteriores. Su puntaje lo mantiene en el grupo alto regional, pero la distancia con Uruguay y con los países líderes globales sugiere un estancamiento relativo, especialmente en áreas como transparencia en el financiamiento de la política, regulación del lobby y sanción efectiva de delitos complejos.

Cuando la comparación se traslada a la OCDE y a las democracias avanzadas, el panorama cambia de forma significativa. Con 63 puntos, Chile queda por debajo del promedio de Europa occidental y la Unión Europea (64) y lejos de los países que encabezan el ranking, como Dinamarca (89), Finlandia (88), Suecia (80) o Alemania (77) .

El CPI 2025 ubica a Chile en un grupo intermedio de países desarrollados o de ingreso alto que, si bien mantienen niveles relativamente bajos de corrupción, han visto aumentar los riesgos de integridad en la última década. En esta categoría aparecen también Estados Unidos (64), Francia (66) y Reino Unido (70), naciones donde la percepción de corrupción se ha deteriorado debido a conflictos de interés, puertas giratorias y debilitamiento de normas éticas en la política .

A diferencia de los países líderes de la OCDE, el informe muestra que Chile mantiene brechas en Transparencia y control del financiamiento político; Capacidad sancionatoria frente a la corrupción de alto nivel, y Prevención de conflictos de interés en el sector público–privado.

El informe subraya que los países con mejores resultados no solo tienen marcos legales robustos, sino también instituciones fiscalizadoras con alta autonomía, prensa fuerte y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, ámbitos donde Chile presenta avances, pero aún sin alcanzar estándares de excelencia .