Todas las mañanas el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), camina desde su casa hasta su despacho, y desde hace varios meses que al pasar por la intersección de las calles Morandé con Huérfanos -a dos cuadras de Justicia- un grupo de abogados que se reúne en un café ubicado en ese lugar lo invita a conversar unos minutos. “Ministro, ¿cuándo va a pasar a tomarse un café con nosotros”, le preguntan cuando lo ven pasar a primera hora en la mañana. Él habitualmente los saludaba, pero fue recién hace algunos días que puso fecha para dicha cita. “El 12 de marzo”, les contestó en modo de compromiso.

Ese jueves, Gajardo ya no transitará por las calles del centro de Santiago como secretario de Estado, por lo que decidió aceptar la invitación. Ese día partirá con un café para luego emprender rumbo a la Universidad Diego Portales, donde volverá a hacer clases de Derecho Constitucional a alumnos de primer año.

Los últimos días de Gajardo en Justicia han sido complejos. La repartición que encabeza enfrenta una crisis penitenciaria a raíz de irregularidades en Gendarmería. La fuga de reos, excarcelaciones erróneas y una serie de falencias han vuelvo a exponer que el sistema carcelario enfrenta una crisis profunda. De hecho, en esta entrevista, a modo de balance, Gajardo destaca el tema carcelario como uno de los desafíos más relevantes de su gestión.

Después de cuatro años, ¿el sistema judicial ha mejorado?

Estamos entregando el sistema de justicia con profundas transformaciones. En estos cuatro años hemos logrado avances y hay otros asuntos en los que va a haber que tomar la posta. En general, en el sector justicia las transformaciones toman más de un gobierno. En nuestro caso, pudimos avanzar y terminar la reforma al sistema notarial y registral, presentamos y se avanzó muy considerablemente, como no lo habían hecho otros gobiernos, en la reforma al sistema de gobierno judicial, más conocida como reforma al sistema de nombramientos. Nos habría gustado, por cierto, terminar de tramitarla, pero estamos muy orgullosos y conformes con lo que hemos podido avanzar.

A pesar de esos avances, hay descontento generalizado en torno al funcionamiento del sistema de justicia, sobre todo por los momentos que atraviesa el Poder Judicial.

Sí, efectivamente, hay una crisis de confianza con el sistema de justicia y para eso hay que hacerse cargo de esa crisis y resolver estos problemas. Muchos se resuelven de manera estructural, hay otros que se resuelven con reformas legales, y otros que requieren también de un cambio en la forma de enfrentar estos problemas. Nos hemos tomado esto con seriedad y lo hemos abordado de forma profunda y responsable.

Por diversas razones coyunturales o políticas, a este gobierno se le ha criticado por abandonar ciertos proyectos. ¿Tuvo que hacer alguna renuncia importante?

Todos los gobiernos, por cierto, tienen un programa que guía el horizonte, pero va teniendo desafíos que hay que ir abordando sobre la marcha. Cuando recibimos el sistema penitenciario, lo recibimos con un 97,3% de ocupación. Es decir, no teníamos sobrepoblación. Y las estadísticas hacia atrás llevaban más de una década sin sobrepoblación en el sistema penitenciario. Sin embargo, producto del descongelamiento de la pandemia, pero además, también, de la implementación y aplicación de leyes penales que se habían aprobado, tuvimos un aumento exponencial de las personas privadas de libertad. Y por eso establecimos el Plan Maestro de Infraestructura.

Pero más allá de esas coyunturas o de la normalización de un servicio que venía con falencias, su cartera, a propósito de la crisis de los indultos, cambió las prioridades de la agenda.

Por cierto, uno tiene un programa, un horizonte, pero gobernar sugiere o implica enfrentar problemas permanentes. Y problemas que no necesariamente están dentro de lo que uno planificó que iban a ser los problemas. Por ejemplo, la sobrepoblación en materia penitenciaria no era un problema que estuviera planificado, ni siquiera era un problema que se hubiera previsto que iba a ocurrir. Tuvimos que ir adoptando rápidamente lo que pensábamos que iba a ser nuestro ejercicio en el gobierno a los problemas que estábamos teniendo. Pero las gestiones permitieron que hoy nuestro Estado tenga una capacidad penitenciaria que no teníamos hace cuatro años.

A propósito de Gendarmería, los últimos días la situación no ha mejorado. ¿Cómo dimensiona la crisis en la institución?

Es indudable que Gendarmería tiene problemas y tiene desafíos profundos, pero lo hemos enfrentado y hemos buscado soluciones de raíz. Hemos dictado un conjunto de leyes que, entre otras cosas, le otorgan más facultades a Gendarmería para blindarla de la corrupción. A muy poco andar se constituyó un equipo de tarea con el Ministerio Público para que investigara lo que estaba ocurriendo. Por eso hay medidas estructurales que tomamos con decisión, hay más implementos de seguridad, flota de vehículos blindados, inhibición de señal de telefonía celular, y se decidió avanzar en que Gendarmería pase a ser una fuerza de orden y seguridad. Sabemos la importancia que tiene Gendarmería hoy día para la seguridad pública, y a pesar de que es una reforma compleja, que tiene detractores significativos, estamos disponibles a hacer eso, porque es lo que nuestro país necesita.

Esa reforma pondrá fin a los gremios y asociaciones de gendarmes. ¿Ha sido complejo para usted impulsar la reforma en razón de las luchas sindicales que ha dado su partido?

Yo soy ministro de Estado y mi obligación es proponer y tomar las decisiones en aquellos aspectos que sean necesarios para la seguridad de nuestro país. Hoy día es fundamental para la seguridad de nuestro país que Gendarmería sea una fuerza de orden y seguridad. Como es lo que requiere nuestro país, yo no tengo ningún complejo en proponer y tomar esa medida, impulsarla y defenderla.

Le tocó liderar la transformación del penal Punta Peuco a una cárcel común. ¿Es un cambio sustantivo o es simplemente un cambio cosmético?

Como ministro de Justicia y Derecho Humanos yo le puedo decir que el derecho es importante. Si un decreto supremo, que es un acto normativo, establece que existen penales especiales, el hecho de que ese decreto se modifique y señale que no existe especialidad para violadores de los derechos humanos, que no existe un tratamiento especial para estas personas, eso es lo contrario a lo simbólico.

El Plan Nacional de Búsqueda también depende de un decreto. ¿Ve opciones de que se mantenga en la futura administración?

El Plan Nacional de Búsqueda es un imperativo ético para nuestro país, para nuestra sociedad. Es también una obligación del Estado. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene todas las facultades para que el Plan Nacional de Búsqueda continúe.

De todas maneras, la nueva administración podría prescindir de él.

No existe ninguna razón para que el Plan Nacional de Búsqueda deje de funcionar. De hecho, tiene recursos asegurados para este año, ya tiene las diligencias programadas con los ministros y ministras en visita, tiene un cronograma de trabajo, tiene un trabajo con los archivos que han permitido ir mejorando la documentación de la grave violación de los derechos humanos que hubo durante la dictadura militar; tiene un trabajo también de sociabilización para que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país.

Yendo a la crisis judicial, ¿cree que los jueces recogieron el guante en relación a la crisis que explotó y han entendido que hay ciertas malas prácticas que llegaron a su fin?

El Poder Judicial está trabajando arduamente para mejorar sus procedimientos, para resolver las distintas situaciones que lo han llevado a los problemas que ha tenido en los últimos años. Me parece que el Poder Judicial ha tomado nota de las dificultades que tiene y está actuando para resolver sus problemas.

¿Se ha sentido apoyado por su partido durante su gestión o le incomodó que la dirigencia fuera tan crítica?

Me he sentido apoyado por el Partido Comunista, por su dirección, también por mis colegas en el gabinete y por la militancia. Más allá de las diferencias que uno pueda tener con ciertos militantes en particular, que siempre se resuelven en la discusión partidaria.

¿Se refiere al exalcalde Daniel Jadue? Usted lo acusó de romper los códigos del partido.

Sí, efectivamente, a mi juicio, él ha generado una fractura en algo que es muy importante, que es la fraternidad al interior del partido. Pero como le digo, yo creo que la diferencia hay que resolverla internamente, la diferencia es política, pero lo que nunca se puede romper es la fraternidad entre los compañeros.

Ahora, su partido va a ser oposición y siendo ministro vio el peso que tienen las oposiciones para los gobiernos. ¿Qué lecciones saca a la hora de ser oposición en el próximo ciclo político?

Por cierto, uno puede aquilatar de mejor manera las cosas, puede también aportar como oposición. Yo creo que nosotros, siendo gobierno, lo valoramos mucho. Las oposiciones constructivas son oposiciones que le ayudan al país. Y nosotros tenemos que hacer una oposición constructiva. Por cierto, muy firme en aquellas cosas que nos parezca que son las erradas, o en aquellos lugares en los que nosotros creemos que no hay que retroceder, pero de todas maneras aquí lo que no tenemos que perder nunca de vista son los intereses del país.