Fue el 14 de febrero de 2017 cuando la exministra del Trabajo y de Justicia del segundo gobierno de la expresidente Michelle Bachelet, la abogada Javiera Blanco, asumió en uno de los cargos más codiciados en el mundo jurídico: el de consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Al recibir el nombramiento de Bachelet, la exministra ganaba un cupo en un oficio cuyo sueldo rondaba los $8 millones mensuales y que le aseguraba su puesto hasta los 75 años. Sin embargo, un año y ocho meses después de que se le otorgara el cargo, presentó su renuncia.

Cuatro años después de su salida, el 22 de septiembre de 2022, Blanco presentó una demanda de indemnización de perjuicios ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago en contra del CDE, una acción judicial que nunca antes había sido realizada por un exconsejero de la institución. La exministra, por supuestas presiones que habrían forzado en su renuncia, pidió una compensación de “$387.733.776 por concepto de lucro cesante, más daño moral estimado en $88.855.657”.

Entre los argumentos presentados al juzgado, la defensa de la exministra -representada por el abogado Andrés Astudillo- sostuvo que “mientras la demandante se encontraba ejerciendo funciones como Consejera del CDE, y luego de haber participado en tal calidad en tres casos de relevancia pública, como lo fueron el caso Gendarmería, causa por gastos reservados y causa Sename/Ascar, habría sido objeto de instrucciones particulares y subjetivas que dificultaron o impidieron la concurrencia de condiciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones, por parte de la entonces presidenta de la institución (María Eugenia Manaud), con el fin último de lograr su renuncia al cargo”.

El CDE, por su parte, reiteró ante el tribunal que “la actora renunció de forma voluntaria a su cargo de CDE, mediante escrito de 12 de octubre de 2018, la cual fue aceptada a través de Decreto Supremo Nº1407 de 25 de octubre de 2018, del Ministerio de Hacienda, en la cual no consta palabra o expresión de la cual sea posible desprender alguna suerte de presión o vicio en el consentimiento”.

Entre envíos de documentos y respuestas por parte de Blanco y el CDE, la causa finalmente fue fallada el pasado 31 de diciembre de 2025. Tras el análisis, el juez Luis Quezada rechazó la millonaria demanda interpuesta por la exministra por establecer que no se logró acreditar una falta de servicio por parte del CDE.

En su argumentación, el juez explicita que resulta innecesario “emitir pronunciamiento respecto de las excepciones hechas valer por la parte demandada, habida consideración que todas ellas tienen como fundamento, precisamente, la falta de servicio imputada, la cual como se ha dicho, no logró ser acreditada por la demandante en el presente juicio, todo lo cual en definitiva no llevan sino a desestimar la acción deducida”.

La carta de la expresidenta del CDE

Uno de los puntos centrales de la demanda de Blanco recaía en una carta enviada por parte de Manaud cuando la exministra aún era parte de la institución y se encontraba involucrada en tres causas penales, de las cuales en dos el Ministerio Público no perseveró y en la última fue sobreseída.

En la misiva, la entonces presidenta le expresaba sus preocupaciones a Blanco respecto al impacto público que podrían tener los casos en su contra en el CDE, pues al organismo estatal le correspondía el ejercicio de las acciones penales en las causas que aquejaban a la exministra.

Tal como se lee en la carta, Manaud le expresó a la entonces consejera que “como comprenderás, la condición de imputada en esa clase de delitos se torna incompatible con la calidad de consejera del organismo, incluso aunque te encuentres haciendo uso de un permiso sin goce de remuneraciones, por cuanto ello, si bien elimina transitoriamente la necesidad de manejar en reserva las investigaciones y debates necesarios, no aleja la relación y mención destacada que se hace de tu condición de consejera en todos los medios de comunicación”.

El escrito concluye con la recomendación de la presidenta para que la exministra deje su cargo: “En consecuencia, junto con manifestarte que lamento profundamente, en lo personal, la situación que te afecta, y reconociendo tu derecho a ser considerada inocente de las imputaciones que se te efectúen, e incluso muy probablemente siendo inocente, además de también reconocer que no poseo facultades para pedir tu alejamiento, por razones de coherencia y prestigio del organismo que dirijo me veo en la necesidad de plantearte que consideres presentar tu renuncia voluntaria al cargo que detentas”.

A pesar de que la defensa de Blanco alegó que este acto “habría presionado ilegítimamente a la demandante para que renunciara a su cargo, y a los consejeros para que, por su lado, también la presionaran en el mismo sentido”, el juez Quezada definió que esta no corresponde a una “presión ilegal, ilegítima y/o arbitraria para obtener la renuncia de la demandante”.

“Lo que se expuso por la presidenta fue la preocupación ante un posible conflicto de interés del organismo con la exconsejera Javiera Blanco, quien a la fecha, se encontraba involucrada en investigaciones penales en calidad de imputada, en las cuales el CDE era el encargado y titular de la defensa del Fisco”, sostuvo el magistrado.

La respuesta de la defensa

Tras la sentencia, Astudillo decidió apelar. El abogado afirma que “el fallo de primera instancia reconoce expresamente las irregularidades y presiones ejercidas en contra de Javiera Blanco y, aun así, las termina justificando sobre la base de consideraciones que, a nuestro juicio, resultan jurídicamente insostenibles”.

Asimismo, el abogado reiteró la tesis que maneja en torno a la salida de la exministra del CDE. “La señora Blanco fue sometida sistemáticamente a hostigamientos y presiones indebidas, hechos también acreditados”, afirma Astudillo.

La apelación de la defensa se presentó el pasado 31 de enero y será la Corte de Santiago la encargada de resolver la disputa.