Jorge Abbott, fiscal nacional: “La instrucción dada es aplicar la mayor severidad a quienes voluntariamente infrinjan normas sanitarias”

El fiscal nacional, Jorge Abbott. Foto: Mario Téllez

La autoridad abordó los delitos que se han registrado en la pandemia por Covid-19, indicó que se pedirá prisión preventiva para casos positivos que salgan a la calle sabiendo que están contagiados y advirtió que “la emergencia abre más oportunidades a aquellas personas que cometen actos de corrupción”.


El fiscal nacional, Jorge Abbott, mantiene comunicación fluida con el resto de los persecutores bajo su mando, con sus pares de otras instituciones y con su equipo de trabajo. Eso sí, y tomando en cuenta las medidas preventivas a raíz del Covid-19, las citas se concretan por medio de aplicaciones para videoconferencias. De esta forma fue como conversó ayer con La Tercera sobre la movilidad de los delitos en tiempos de coronavirus y las facultades que le entrega al Ministerio Público la ley nueva que endurece las sanciones contra quienes exponen la salud pública, regulada en el Artículo 318 del Código Penal.

¿Cómo asumen esta nueva ley que sanciona a los infracciones del Artículo 318 y que eleva las sanciones?

Estimamos oportunas y adecuadas las modificaciones, atendiendo de que se trata del Artículo 318 del Código Penal una norma muy antigua y que prácticamente no ha tenido aplicación, y ahora, con ocasión de esta pandemia, era necesario introducir también nuevas conductas que deben ser penalizadas con especial severidad. Así que vemos que es una ley que viene a apoyar la persecución penal de conductas que hoy día son particularmente graves, atendida la situación por la cual estamos atravesando.

¿Qué va a pasar con las personas que tienen que trabajar y por algún descuido no sacan el permiso, pero que necesitan estar en la calle para tener ingresos?

Nosotros instruimos a los fiscales a que sean muy rigurosos en la investigación y persecución penal de todas las conductas que infrinjan estas medidas dadas por la autoridad sanitaria. Sin embargo, en cada caso particular, los fiscales tendrán que adecuar la respuesta penal a las situaciones y consideraciones de la investigación, pero, en principio, la instrucción dada es la mayor severidad con quienes voluntariamente infrinjan normas sanitarias.

¿Habrá un criterio más duro con los empresarios que obliguen a ir a trabajar, con permisos adulterados, a sus empleados?

Absolutamente. Empresarios que incurran en ese tipo de conductas nos parecen de las más graves infracciones a esta normativa. Es decir, se trata de personas que en beneficio personal obligan a otros que incumplan normas dictadas por la autoridad sanitaria. Eso nos parece gravísimo, y respecto de esa conducta seremos particularmente severos en reclamar la mayor sanción posible a su respecto, ya sea la sanción tanto para las personas, como también -como lo establece la modificación que establece sanciones a las personas jurídicas - vamos a perseguir a las personas jurídicas y a quienes son sus administradores. Por el momento, tenemos algunos pocos casos, pero suponemos que con esta mayor fiscalización que hay nos encontraremos con muchos más.

A fines de marzo se enviaron instructivos a los fiscales donde se fijaba un criterio de actuación para los infractores de cuarentenas: primero, dejarlos citados, si era reiterado, formalizarlos. ¿Eso cambiará de ahora en adelante?

Estamos actualizando los criterios de actuación. Primero, lo que hacen los fiscales es pedirle a la policía que le informe si la persona está contagiada; luego, la policía le informa al fiscal si la persona ha sido detenida antes por lo mismo, si es primera vez que es detenida, se le dejará citada, dependiendo la circunstancia en que haya sido sorprendida. Luego, si la persona infringe por segunda vez la norma, la instrucción es pedir el arresto domiciliario total, y si es por tercera vez, se pide la prisión preventiva. Además, ahora, con esta nueva ley, se agrega el Artículo 318 bis, donde cambia la situación: si la persona sabe que está contagiada, y aún así infringe la norma de la autoridad, en ese caso, la instrucción es pedir la prisión preventiva y que, eventualmente, el imputado sea confinado en alguna residencia sanitaria. En definitiva, sacarlo de circulación, porque son un peligro para la seguridad de la sociedad en lo que dice con el bien jurídico de la salud pública.

Respecto de los informes y metodologías para analizar las muertes por coronavirus, y los cambios de criterio que se han experimentado, ¿ve algún indicio de delito al respecto?

En tanto no exista una conducta dolosa orientada a falsificar documentos públicos, no hay antecedentes como para abrir alguna investigación sobre el particular, pero si los hubiera y hay antecedentes sobre ello, pues bien, debemos nosotros abrir las investigaciones que correspondan.

¿Han requerido información al Ministerio de Salud al respecto?

No, no hemos requerido información, porque entendemos que de algún modo esa es información que las propias autoridades o los organismos encargados de fiscalizar tendrán que proporcionarnos. No tenemos antecedentes, pero si los tuviéramos, por cierto que pediríamos lo necesario para abrir una investigación. Nosotros no podemos solamente salir a pescar hechos delictuales sin tener antecedentes, o alguna denuncia que nos permita abrir alguna investigación. Ningún fiscal del Ministerio Público tiene esa información, pero no descarto que pueda existir en algún futuro.

La emergencia ha llevado a que varias compras públicas sean vía trato directo, sin licitaciones. ¿Cree que eso abre espacio para la corrupción y para que funcionarios aprovechen la pandemia para cometer actos de corrupción?

Efectivamente, la emergencia que estamos viviendo yo creo que abre más oportunidades a aquellas personas que cometen actos de corrupción. En la mañana estuvimos en un seminario con la Alianza Anticorrupción y concluimos con el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que esta era una época especialmente sensible y donde estaremos atentos, precisamente, a eventuales delitos que puedan cometerse en las compras públicas o delitos vinculados con la corrupción. Hoy hay menores resguardos ante la urgencia de tomar decisiones, donde los controles tienden a relajarse o a ser menos estrictos, y eso puede ser aprovechado por ciertas personas para obtener beneficios personales en contra del patrimonio del Estado, lo que nos parecería repudiable.

¿Tienen casos?

Tenemos el caso de Arica, donde el CDE se ha hecho parte (causa en que se indagan irregularidades en la repartición de cajas de alimentos). Esa es la investigación por ahora que ha sido más conocida públicamente, pero no descartamos que haya otras en que exista alguna reserva de ello.

¿Hay causas por empresas que mal usan la ley de protección al empleo?

Tenemos la convicción y decisión de perseguir con el mayor rigor a quienes usen maliciosamente, o defrauden, el uso de esos subsidios que están destinados especialmente a las personas de menos recursos. Investigaremos con el mayor celo y instaremos a que se apliquen las mayores sanciones a quienes incurran en ella. Por el momento, no tengo información de que exista un caso de esa naturaleza, pero no descartamos que surja alguno en el futuro próximo.

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