¿Qué hace por ley la Contraloría General de la República? Entre otras múltiples cosas: fiscalizar el gasto público. Eso, dicen fuentes conocedoras del caso, es lo que está haciendo el organismo que lidera Dorothy Pérez cuando envió un oficio al Ministerio de Salud (Minsal) en el que solicita la identificación de niños y niñas que están participando de la Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género y del Programa Salud Trans.

La petición de información motivó a un usuario del programa a presentar un recurso de protección el que fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones de San Miguel, según informó el sitio de 24 horas. En ese mismo acto, en todo caso, el tribunal de alzada se abrió a conocer el fondo de la discusión pero no acogió la Orden de no Innovar presentada en el libelo que buscaba paralizar los efectos del oficio del organismo.

Hace unos días la Contraloría pidió diez días más a la Corte sanmiguelina para responder. Esto, pese a que ya antes la propia Dorothy Pérez ha contestado a instancias superiores sobre la misma controversia.

Hace algunas semanas en el tribunal de alzada Antofagasta se libró una disputa judicial idéntica. En esa oportunidad -tal y como es de suponerse ocurrirá en el actual caso-, el ente salió a defender su fiscalización apuntando que la finalidad es revisar si los recursos públicos están siendo bien utilizados o no, con el propósito de cuidar el erario fiscal y también a los propios niños y niñas que participan de esta iniciativa gubernamental.

Premisa errónea

La Tercera tuvo acceso a esta respuesta. En este informe, el organismo detalla que “el recurrente parte de la equivocada premisa de que esta Contraloría General divulgará o hará público los datos de los beneficiarios de los programas auditados, lo que es manifiestamente falso”.

Junto con esto, el ente comandado por la contralora Pérez dio a conocer la finalidad real de esta auditoría. “La actuación de que se trata no recae sobre personas naturales, sino que tiene por objeto auditar la actuación de diversas instituciones públicas que se vinculan con la ejecución de los Programas de Apoyo a la Identidad de Género y de Salud Trans”.

En dicho informe evacuado al presidente de la Corte de Antofagasta, la Contraloría afirma “con total certeza” que jamás han publicado información de carácter reservada o secreta, “ni tampoco existe situación alguna en que se hubiere filtrado desde esta Entidad de Control data que posea tal carácter”.

Datos sensibles

No es la primera vez que Contraloría maneja datos sensibles. En otros informes ha defendido el acceso a información confidencial de, por ejemplo, programas de apoyo a niños y niñas víctimas de delitos sexuales los que también tienen una reserva legal.

Por tanto ante estas arremetidas, el organismo ha defendido que la petición de datos no constituye una fiscalización “en contra” de los menores de edad que participan en el programa, sino que por el contrario busca resguardar que las prestaciones se hayan otorgado conforme a la ley y a los protocolos vigentes.

Ante Antofagasta sostuvo ya que el objetivo es verificar “uno a uno” con los pacientes o sus tutores que el servicio público de salud haya entregado las prestaciones “en la oportunidad, calidad y bajo las normas y protocolos” que exige el ordenamiento jurídico.

¿Dónde está gastada la plata?

En ese sentido, la Contraloría defiende que la revisión apunta a constatar que se haya dado cumplimiento a las normas legales y técnicas que regulan la atención de menores, así como que el financiamiento estatal se haya ajustado a derecho.

Quienes conocen de estos litigios sostienen que por ley el deber de este organismo no se limita a examinar la ejecución financiera de los programas públicos, sino que -conforme a la Ley Orgánica de la Contraloría (Ley N° 10.336)- tiene la obligación de “revisar especialmente si los beneficiarios han sido atendidos en conformidad a la ley en toda su extensión”.

Para dar un contexto, quienes han participado en fiscalizaciones recuerdan que en auditorías de programas gubernamentales -incluidos aquellos dirigidos a menores de edad- la Contraloría ha detectado en el pasado incumplimientos como atenciones tardías, irregulares o efectuadas sin respetar los protocolos normativos y técnicos, así como cobros al Fisco por prestaciones que no cumplen el estándar legal.

En ese marco es que el organismo responderá a la Corte que la revisión busca precisamente prevenir eventuales vulneraciones de derechos y resguardar el correcto uso de recursos públicos.

Con todo, ahora será la Corte de San Miguel la que deberá resolver si la actuación del ente contralor se ajusta a derecho o si, por el contrario, la solicitud de antecedentes constituye una vulneración a la ley de protección de datos y/o de garantías constitucionales.