La primera pista que llegó al O.S.9 de Carabineros en junio de este año por una denuncia por explotación sexual de menores de edad era que había, presuntamente, tres víctimas adolescentes del Servicio de Mejor Niñez de Rancagua y un buen número de imputados.

Era una sospecha, pero fue la hebra que la Fiscalía Regional de O’Higgins comenzó a seguir para dar con una posible red de explotación sexual de menores de edad que involucraba a sujetos entre los cuales había profesionales, como un médico y un agrónomo, y que realizaban fiestas en parcelas con menores de edad.

Para ello, el fiscal Claudio Meneses solicitó cooperación del O.S.9 de Santiago dada la especialidad que tiene ese equipo en casos similares. Fue así como los investigadores partieron una indagatoria que, dicen fuentes de la causa, no tiene precedentes en esa región.

Los uniformados realizaron entrevistas con las víctimas, con las cuales pudieron llegar inicialmente a quien realizaba el nexo entre los sujetos y las menores. No fue sorpresa para los policías que detectaran que dicha persona era una mujer de 22 años que realizaba diversas acciones para ganarse la confianza de las menores de edad y que, además, tenía conocimiento de estos recintos.

Yessenia Román, quien también habría pasado por este tipo de recintos de acogida, era quien ofrecía a las adolescentes teléfonos celulares, hospedaje en otros lugares y drogas a cambio de asistir a fiestas con adultos.

Por su parte, la mujer recibía a cambio dinero que era pagado por los imputados, que buscaban encuentros sexuales. La imputada ejercía estas labores de proxeneta en conjunto con su pareja, quien también acudía a los encuentros.

Detalles de la investigación

Siete son los imputados que hoy se encuentran en prisión preventiva tras ser formalizados el viernes. Además de la mujer, se trata de Cristián Osorio (54), Felipe Rodríguez (34), Eduardo Parraguez (43), Miguel Jiménez (56), César Rivas (43) y Hugo Márquez (66). Entre ellos había dos primos.

Varios de ellos cuentan con antecedentes. Márquez, por ejemplo, tiene una condena por violación de menor de edad, mientras que Parraguez cuenta con anotaciones por robo con violencia y delitos bancarios.

Osorio, por su lado, mantiene registros por violencia intrafamiliar, Rodríguez por lesiones leves, lo mismo que Román; Jiménez tuvo detenciones por manejo en estado de ebriedad al igual que Rivas, de profesión médico cirujano. Dos de ellos registran su estado civil como casados.

Al momento de las detenciones, dicen quienes participaron de las mismas, estos no prestaron resistencia. Eso sí, desde el O.S.9 afirman que la investigan está en desarrollo, por lo que tanto el número de imputados como el de víctimas podrían crecer.

También es materia de investigación el número de fiestas que se realizaron en las parcelas. Hasta el momento la policía tiene contabilizadas tres, y también se indaga la utilización de inmuebles en la Región Metropolitana.

El capitán del O.S.9 Nicolás Valenzuela afirma que “en casos como este generalmente se establece que las conversaciones se realizan bajo ciertos patrones para ocultar los hechos”. Sin embargo, hasta ahora aún está pendiente la revisión de los teléfonos celulares, donde podrían aparecer nuevos hechos. Otro punto que aún está pendiente es cuánto dinero ganó la mujer por organizar estos encuentros.

El jefe policial destaca el valor de las entrevistas con las víctimas para ir detectando nuevas pistas: “Las entrevistas videograbadas permitieron ubicar los lugares donde existía la explotación sexual y lograron establecer la individualización de los sujetos que accedían”.

La parcela que más se utilizó pertenece a uno de los imputados. Lo que también tendrá que establecer la justicia es quiénes de ellos tuvieron encuentros sexuales y quiénes facilitaron los hechos.

El fiscal Meneses afirmó que la mujer imputada “reclutaba a las menores de edad con fines de prostitución y explotación sexual, suministrándoles droga en estos encuentros”. Según el persecutor, “la mujer se ganaba la confianza de las niñas” con sus ofrecimientos materiales.

En los allanamientos se incautaron distintos elementos que deberán ser periciados por los policías, como seis teléfonos, dos notebook, una CPU, cuatro discos duros, tres pendrive y un DVR. También fueron halladas armas: una pistola a fogueo, un revolver, una pistola Famae calibre 9 mm con dos cargadores, 62 cartuchos balísticos y una cámara deportiva.

Los siete imputados fueron formalizados por el delito de asociación criminal para cometer explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Quedaron en prisión preventiva, mientras que el Juzgado de Garantía de Rancagua decretó 100 días de investigación.

Desde Mejor Niñez declinaron pronunciarse sobre el caso para evitar afectar a las demás residentes. Destacaron, eso sí, que la mayoría de las veces los casos son destapados por denuncias desde el interior del organismo.

Equipo con experiencia

Parte del equipo del O.S.9 que se encuentra investigando el caso de Rancagua tiene experiencia en este tipo de delitos. Desde ese equipo recuerdan un caso similar ocurrido en 2014 y originado en Puerto Montt, donde fue condenado el empresario hotelero Manuel Liberona por explotación sexual infantil con víctimas del Sename.

Liberona alcanzó a fugarse a Paraguay tras ser condenado a tres años de cárcel, pero fue capturado en ese país cuando se realizaba un chequeo médico donde utilizó su nombre real.

Tras varios meses de trámites fue extraditado a Chile en 2018. Al llegar ingresó a la cárcel Alto Bonito en Puerto Montt, pero en 2021 accedió a un beneficio con el cual obtuvo una rebaja de la condena, quedando en libertad. En ese caso, que tuvo a 15 víctimas, otros dos imputados tuvieron destinos similares al de Liberona.

Fuentes del caso concuerdan que la mayoría de las veces quienes cometen este tipo de ilícitos no son delincuentes habituales, sino que son personas comunes y profesionales.