Migrando por un hogar en Chile

Autor: Luis Cerda

Los extranjeros representan el 12% de un total de 349 mil personas que no tienen una casa, según la Fundación Vivienda. Están en calidad de allegados y para algunos es imposible conseguir un techo.


A las dificultades propias de encontrar un trabajo o educar a los hijos en un nuevo país, los inmigrantes tienen un problema adicional: hallar un lugar donde vivir a un precio accesible. Esta realidad fue abordada en un estudio realizado por la Fundación Vivienda respecto del déficit habitacional en Chile, el que determinó que 46.517 extranjeros no poseen una vivienda propia, información que es útil para diseñar políticas públicas que ayuden a enfrentar el tema.

El análisis basado en el Censo de 2017, según la metodología de la encuesta Casen, indica que los extranjeros representan el 12,8% de quienes no tienen una casa propia (349 mil familias) y el 87,7% son chilenos. El detalle muestra que estos núcleos se mantienen en calidad de “allegados”, los que alcanzan las 27.189 familias. En tanto, en condición de “hacinados” se encuentran 10.733 hogares de migrantes. Además, habitan en inmuebles calificados como “irrecuperables” 8.555 casos. A nivel regional, el 32,7% de quienes no tienen una propiedad en Antofagasta viene de otros países, mientras que un 29,7% de las personas sin hogar en Tarapacá son migrantes, las cifras más altas del país. En el caso de la Región Metropolitana , del total de las familias que declaran no tener una casa propia, un 21,2% son extranjeros.

Felipe Arteaga, director ejecutivo de la Fundación Vivienda, explica que el balance revela una realidad “grave, porque se trata de adultos y niños que viven en condiciones precarias, en piezas o casas sin la comodidad o la intimidad que requieren”. Propone algunas estrategias: un eventual aumento de la oferta de conjuntos habitacionales interculturales donde puedan convivir chilenos y extranjeros. La fundación lleva adelante un proyecto de recuperación de un inmueble en la calle Portales, de Santiago Centro, destinado a personas que provienen de otros países, iniciativa que se está desarrollando junto a la Municipalidad de Santiago. También añade que los subsidios que entrega el Estado podrían ser reformados, en consideración a los inmigrantes. “Solo pueden postular quienes tienen un periodo determinado de residencia, lo que limita a muchos”, dijo Arteaga.

Quienes llegan a Chile describen otras trabas para el acceso a una propiedad: la solicitud de créditos hipotecarios es compleja. La venezolana Ridmar Morales, directora de la organización Migrante Feliz, afirma que la banca otorga estos préstamos a quienes tienen salarios altos, además de que se exigen contratos de trabajo indefinidos. “Esto es normal, pero hay que tomar en cuenta que la mayoría de los extranjeros en el país no tiene estas condiciones”, dijo. “Es casi imposible que nosotros podamos obtener un crédito de este tipo. Yo lo he intentado varias veces sin resultados. Es frustrante”, añade.

Abusos

Javier Ruiz-Tagle, investigador del Instituto de Estudios Urbanos de la U. Catolica, asegura que la situación de los extranjeros debe tener una solución urgente: “El mercado de la vivienda para ellos presenta abusos, como el sub-arrendamiento de piezas o cités a precios altísimos y en malas condiciones”. Algunos casos emblemáticos se han presentado en Estación Central , donde la municipalidad está trabajando para que las habitaciones rentadas tengan las condiciones mínimas de habitabilidad. Añade que no existe una fiscalización de la autoridad de las condiciones de los contratos. “Los hacen pagar por anticipado hasta un año de arriendo”.

En tanto, el Estado ha sumado progresivamente a los extranjeros a sus programas. Así, se les ha entregado 10.446 subsidios habitacionales dirigidos a sectores medios y vulnerables, según un reporte entregado a través de la Ley de Transparencia, destinados a adquirir una casa o departamento. Cristián Monckeberg, ministro de Vivienda, afirma que, de acuerdo a los registros, los principales demandantes son peruanos y bolivianos”, nacionalidades con mayor presencia. Añade que no todos los extranjeros que viven en Chile cumplen con los requisitos para acceder a una solución habitacional definitiva. Así, la ley establece que el Fisco puede otorgar ayudas a migrantes cuando estos cumplen cinco años de residencia.

Roberto Moris, académico del Instituto de Estudios Urbanos de la UC, añade que los denominados proyectos de integración social, que pretenden la construcción de inmuebles para sectores medios y vulnerables en el mismo lugar, “deben incorporar a los extranjeros. Estas personas no deben ser ‘expulsadas’ a viviendas fuera de las ciudades”. Para ello, Moris dice que se deben elegir lugares bien localizados, una de las tareas más complejas, pues “no hay suelo disponible para viviendas sociales. Se deben buscar terrenos adecuados de manera urgente”.

Agrega que la alta cantidad de foráneos que no tienen una casa propia en el norte se debe a que muchos de ellos han optado por asentarse en campamentos, lo que supone un costo menor que comprar a una propiedad de otro tipo.

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