En el marco del Foro Internacional sobre Crimen Organizado realizado en la Universidad San Sebastián, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó la lucha contra el crimen organizado, apuntando que “Chile creyó que podía mirar esta amenaza desde lejos” y que “esa ilusión terminó“.

Durante su intervención, Arrau afirmó que “el crimen organizado es un adversario del Estado que captura territorios, corrompe instituciones, controla economías ilícitas y somete comunidades mediante el miedo y la violencia, quitando la libertad a las personas”.

En esa línea, indicó que recuperar el orden y fortalecer la autoridad del Estado son elementos clave para impedir el avance de las organizaciones criminales en el país.

“Recuperar el orden, legitimar la autoridad de nuestras policías, Carabineros y Gendarmería, proponer y lograr un cambio cultural que reposicione la seguridad como el rol primario del Estado es impedir que esas organizaciones impongan sus propias reglas y devolverles a los chilenos la libertad para trabajar, para aprender y para criar a sus hijos sin miedo”, señaló.

En la ocasión, se presentó la tercera versión del Indicador Nacional de Crimen Organizado, elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (Cescro- USS), el cual reveló un aumento acumulado de 45% en los delitos asociados a este fenómeno entre 2022 y 2025.

El estudio además identificó 85 comunas con niveles críticos de crimen organizado, equivalentes al 25% del total nacional, y de las cuales 35 se ubican en la Región Metropolitana.

De acuerdo a lo que sostuvo Arrau en su exposición “se estima que en Chile operan más de 10 grupos transnacionales organizados, grupos relevantes. Aunque su violencia es lo que más nos ha golpeado, su verdadero negocio es otro, la droga, la extorsión, el tráfico de armas y de migrantes, el lavado de activos y el control territorial”.

Es así como apuntó que uno de los principales riesgos que representa el crimen organizado es su intento por capturar instituciones del Estado. “A diferencia de otros casos en la región, Chile no exhibe aún un Estado coaptado, pero sí vemos casos puntuales de funcionarios tentados por el dinero o presionados por amenazas. Cada una de esas investigaciones, de esas noticias, más que una derrota, muestra un Estado que aún resiste, detecta, investiga y responde”, mencionó.

“Proteger esa integridad institucional y promover un cambio cultural es, para el Gobierno del Presidente Kast, una prioridad estratégica”, señaló Arrau, agregando que “durante demasiado tiempo Chile creyó que podía mirar esta amenaza desde lejos. Esa ilusión terminó. Reconocer la realidad no es rendirse, sino el primer acto de la autoridad para cambiarlo”.

Finalmente, el ministro aseguró que la seguridad debe ser una política de Estado y reiteró que el Ejecutivo tiene la voluntad para alcanzar acuerdos amplios en la materia. “La seguridad no es bandera de un sector ni de un gobierno en particular, es una política de Estado. Es un bien de todos y su solución también debe serlo”, expresó.