El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió durante la mañana de este jueves a la acusaciones de “espionaje político” realizadas por el Frente Amplio, apuntando que si esto hubiera ocurrido se habrían tomado las decisiones drásticas.

En conversación con Radio Cooperativa, es que el titular de Seguridad Pública fue consultado al respecto señalando que “si hubiera espionaje, es altamente probable que yo no solo me hubiera querellado, sino que probablemente además hubiese tomado una decisión más drástica".

De acuerdo a lo que mencionó en la ocasión, tras las filtraciones que han surgido y que involucran al Presidente Gabriel Boric, “en el contexto de la investigación, el Presidente de la República en esto ha sido bien claro, el Presidente lo ha dicho él explícitamente, las instituciones tienen que funcionar, tienen que funcionar bien. Nosotros lo que hemos pedido es que ese funcionamiento se realice de acuerdo a la Constitución y la ley".

Es así como Cordero, se refirió al fiscal que lleva la causa ProCultura, Patricio Cooper, apuntando que “yo dificulto que el fiscal Cooper o alguno de sus miembros hubiesen utilizado sus atribuciones para espiar al Presidente de la República”.

A pesar de esto según señaló “otra cosa distinta es si las interceptaciones se hicieron en el contexto en el cual está establecida la ley, pero eso es un debate que por lo pronto hoy día ya se abrió respecto al amparo que ha interpuesto Josefina Huneeus y que entiendo que hoy día se va a alegar ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta”.

En la ocasión, el ministro y siguiendo la línea de lo señalado por las diferentes autoridades de gobierno en las últimas semanas, cuestionó las filtraciones, apuntando que “a mí lo que me parece más insólito de todo esto es que hemos estado discutiendo estos últimos días sobre la frase de una filtración que es ilegal, sin conocer todavía cuáles son los antecedentes que el fiscal Cooper va a utilizar el día de su formalización, contra quiénes y respecto de qué delitos”

“Naturalizar la filtración ilegal como un elemento que condiciona el debate político antes de conocer la decisión del fiscal es una de las cosas que creo que también daña el sistema institucional”, apuntó.