Casi un mes ha pasado desde que el Juzgado de Garantía de Iquique, el 15 de julio, decretó la prisión preventiva en contra de los cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea (FACH) que fueron detectados transportando droga en un vuelo institucional, el 3 de julio, desde Iquique a Santiago.

La audiencia, tras la que quedaron todos recluidos en cárceles como Santiago Uno, Alto Hospicio o San Joaquín, fue llevada ante un tribunal de garantía luego de una disputa de competencias entre el Ministerio Público y la justicia militar.

Tras esa pugna, finalmente la indagatoria quedó a cargo de la Fiscalía Regional de Tarapacá. Pese a eso, durante más de diez días la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Aviación, la que finalmente traspasó todos los antecedentes de la causa a la fiscal regional Trinidad Steinert.

Durante ese periodo la investigación de la justicia marcial alcanzó a tomar la declaración de los cinco funcionarios involucrados en el tráfico de 4 kilos de ketamina, entre los que se encuentra el excabo 1° Mauricio Ponce. Sin embargo, el exfuncionario de la FACH acusó recientemente ante el tribunal que ese testimonio fue recogido bajo coerción y apremios.

Según la investigación del Ministerio Público, recogida en las querellas del Ministerio de Seguridad y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Ponce era quien coordinaba cómo viajaba la droga y se encargaba de contactar a los otros funcionarios para ver la logística del envío, así como también de mantener comunicados a todos los demás integrantes.

El requerimiento ante la justicia

Ante el Juzgado de Garantía de Iquique, a finales de la semana pasada, la defensa de Ponce ingresó un escrito para dar cuenta de lo sucedido mientras la investigación en contra de su representado estuvo en manos de la justicia castrense.

En un documento de dos páginas, el abogado Pablo Puentes solicitó una audiencia bajo el artículo 194 del Código Procesal Penal, es decir, para que su representado preste declaración ante el tribunal de manera voluntaria.

¿La razón? Según señala el defensor, el excabo Ponce ya prestó declaración en la causa ante la Fiscalía de Aviación mientras se encontraba recluido en la Base Aérea El Bosque de la FACH.

A juicio de su defensa, la declaración del exfuncionario “no solo es inexacta, sino que además fue obtenida de manera coercitiva y bajo apremios psicológicos”. A lo que suma, además, que fue realizada sin una defensa “y vulnerando sus garantías constitucionales”, lo que a su juicio la transforma en una prueba ilícita.

Por lo mismo, considera que la declaración voluntaria obtenida en la justicia militar “podría ser válida ante ese estatuto y esa jurisdicción, pero ante este tribunal de garantía y bajo el Código Procesal Penal, la prueba tiene otros estándares”.

La postura de la defensa de Ponce, y la de otros imputados, sobre el mecanismo de la primera declaración ya fue planteada incluso en la audiencia de formalización. En esa instancia, los abogados plantearon que los testimonios no fueron entregados según la estipula la justicia civil o como ocurriría ante el Ministerio Público. De hecho, afirmaron que al declararse la Fiscalía de Aviación incompetente de llevar la causa, pruebas como las declaraciones también lo serían.

“La intención de mi representado de prestar la declaración en la forma que se solicita, solo busca colaborar sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, y que esta sea constitutiva de una cooperación eficaz de conformidad con la ley”, concluye el requerimiento en el que la defensa pide que se cite una audiencia y que se pida la presencia del Ministerio Público.

Tras la solicitud de la defensa de Ponce, el tribunal respondió que la solicitud de comparecencia voluntaria tendrá que ser ante la Fiscalía, con la que se deberá coordinar una fecha para aquello.

El primer reclamo de Ponce

Este no es el primer cuestionamiento de parte del excabo en contra de la instancia militar. Mientras se realizaba la disputa por la competencia, el entonces abogado de Ponce, Marcelo Rocha, presentó un recurso de amparo acusando vulneraciones y no tener acceso a su defendido dado que se encontraba recluido en la base militar.

Si bien posteriormente se desistió del requerimiento, en entrevista con Meganoticias, Rocha -quien ya no representa al exfuncionario- afirmó en aquel entonces que “hemos vivido un proceso bastante duro y complicado para recibir la información de la situación, no solo procesal, sino también personal de él (...) cada vez que requeríamos la información, se nos negaba”.

Para ese entonces el exabogado de Ponce también apuntaba a que “aquí se pudieron haber realizado diligencias investigativas que vulneraron derechos de las personas que en un tribunal civil no te lo van a aceptar”.

“Lo que se puede haber hecho estos días está viciado desde el punto de vista del respeto a las garantías constitucionales, y podría haber contaminado la investigación”, sostuvo el 13 de julio la entonces defensa de Ponce.