Además de su frustrada contienda ante la justicia electoral, el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) continúa con su arremetida en materia penal. Esta vez, la exautoridad formalizada por delitos de corrupción en el marco del caso Farmacias Populares recurrió a la Corte Suprema para revertir el actual arresto domiciliario al que está sujeto.

Su defensora penal pública, Yessica Aguilera, activó una intrincada arremetida judicial. Los pasos de Jadue comenzaron el 8 de octubre, luego de que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago mantuviera el arresto domiciliario total. Esa decisión fue apelada por parte del exalcalde. Sin embargo, la Corte de Santiago mantuvo la medida cautelar.

Ante esa resolución, que no es apelable al máximo tribunal, la defensa del exalcalde recurrió a otra jurisdicción, específicamente a la Corte de Apelaciones de San Miguel a través de un recurso de amparo alegando que Jadue ya lleva 15 meses privado de libertad, tres de ellos en Capitán Yáber, pidiendo que sea modificado por el arresto nocturno.

A juicio de la defensa, los 15 meses privado de libertad “se han traducido en una merma considerable de sus facultades económicas y de procurarse los medios para su subsistencia, unido a problemas de índole psicológico que hacen aconsejable la sustitución del arresto total por uno de menor intensidad, proponiendo se sustituya por arresto domiciliario nocturno, conjuntamente con el resto de las medidas cautelares decretadas”.

Pero la Corte de San Miguel, el pasado 22 de octubre rechazó el intento de la defensa y declaró inadmisible el recurso afirmando que el caso Farmacias Populares está radicado en la Corte de Santiago, por lo que revisarlo configuraría el “desapego al principio de juridicidad y erigirlo en un instrumento que propicia la revisión anómala e impropia de lo actuado por otro tribunal superior, de igual jerarquía y, distorsionar, en consecuencia, tanto su finalidad, como la regularidad elemental del procedimiento que lo rige”. Una resolución que no dejó contenta a Aguilera, quien ahora recurrió a la Suprema para que la revierta.

En paralelo, la misma Corte de Santiago también declaró inadmisible el recurso de protección presentado por Jadue, esta vez en contra del Servel, con el que buscaba volver a la papeleta luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) lo dejara fuera de la elección parlamentaria por haber sido acusado en la causa de las Farmacias Populares.

Jadue a la Suprema

La jugada de la defensa de Jadue de recurrir a otra jurisdicción para revertir el arresto domiciliario, según su abogada, se funda en un actuar ilegal de parte de la Corte de Santiago. Según señala en el escrito, la resolución del tribunal de alzada capitalino, en el que mantuvo el arresto domiciliario, es ilegal, por lo que la Corte de San Miguel debería revisarlo.

“No solo es escueta, sino que carece de toda fundamentación y no se hace cargo de lo planteado por la defensa, lo que implica que el fallo no explica cuáles son las razones que le llevan a rechazar la solicitud planteada por esta defensa", explica respecto a la resolución, la cual afirma más adelante “ha sido dictada en forma ilegal, afectando el derecho a la libertad personal”, se lee en el recurso.

En ese sentido, el exjefe comunal explica que “es jurisprudencia asentada por nuestro máximo tribunal la exigencia de fundamentación de las resoluciones judiciales, pues si se carece de ella no solo no se cumple con un mandato legal y exigencia establecida a nivel constitucional, sino que se vulnera el derecho del imputado al reexamen de la resolución ante jueces distintos”.

Con la apelación ante la Corte Suprema, según detalla Aguilera, buscan que el máximo tribunal decrete que el recurso de amparo es admisible y que es la Corte de San Miguel la que debe revisar la actual medida cautelar de Jadue.

Si es rechazado, afirma la defensa, “al amparado se le privó el derecho a conocer los fundamentos por los cuales un tribunal de la República ha decretado una privación de libertad en su contra. Procede entonces acoger el amparo solicitado y restablecer el imperio del derecho, en la especie, haciendo cesar el arresto domiciliario total”.