Durante el último tiempo la Municipalidad de Lo Barnechea, liderada por Felipe Alessandri (RN), ha visto con preocupación que se realicen nuevas tomas en la comuna, a propósito de las familias que vivieron en la histórica ocupación que rige desde 1980 llamada la toma “Juan Pablo II”.

Dichos terrenos -ubicados a la orilla del río Mapocho- fueron ocupados por decenas de familias, a las cuales a cambio de desalojar en 2018 se les entregó el Subsidio de Traslado Transitorio, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Metropolitano, correspondiente a 8 UF, equivalente a $315 mil al valor actual, para que vivieran en otro lugar.

En total fueron 212 familias las que obtuvieron el beneficio por estar registradas en el catastro de Asentamientos Precarios, quienes se repartieron en distintos lugares de Chile, aunque la mayoría permaneció en Lo Barnechea, una comuna caracterizada por tener sectores vulnerables, pero también acomodados y pudientes.

Hoy desde la municipalidad acusan que el Minvu -en el contexto de la situación actual de deudas que tiene la cartera que lidera Carlos Montes- desde marzo dejó de pagarles ese subsidio a 144 familias, lo que ha derivado en situaciones de desalojo ante la incapacidad de las personas de poder pagar las viviendas arrendadas.

En el municipio, según dicen, han estado en contacto con las familias y miran con preocupación que por este motivo surjan nuevas tomas en la comuna. De hecho, trascendió que las familias irían en masa a protestar a las afueras del Serviu.

En Lo Barnechea complementan el subsidio con un monto mensual de $70 mil por familia, pero aseguran que es insuficiente, y se está a la espera de que en la extoma Juan Pablo II se termine el proyecto habitacional que allí se construye para que las familias que ocupaban los terrenos puedan vivir.

El alcalde Alessandri dice a La Tercera que “nos preocupa profundamente la situación que están viviendo decenas de familias del excampamento Juan Pablo II. Como municipio hemos hecho todos los esfuerzos por acompañarlas y mantener nuestro aporte mensual, pero es evidente que la falta de recursos del Serviu para pagar los subsidios de arriendo está generando un problema social grave”.

Y agrega que “esperamos que el Ministerio de Vivienda pueda resolver pronto esta falta de liquidez y que se priorice el pago a las familias más vulnerables, porque detrás de cada caso hay niños, adultos mayores y vecinos que llevan años esperando su casa definitiva. Además, esta incertidumbre podría derivar en la instalación de nuevas tomas en la comuna, algo que nadie desea y que solo profundizaría la crisis habitacional que enfrentan estas familias”.

La histórica dirigenta de la toma Bernarda Díaz comenta a este diario que el lunes sostuvieron una reunión con el Serviu, donde comentaron el tema. “Estaban Catalina Maass (supervisora de pago de subsidios), Nathaly Bórquez (analista de gestión) e Isabel Contador (analista Asentamientos Precarios). Nos deben nueve meses y seis meses, y el lunes nos dijeron que no iban a pagar los retroactivos, y es mucha plata. Esa plata ya estaba contemplada en el Serviu”, dice.

Añade que “no sabemos si van a pagar el último trimestre. Dicen que sí, pero eso nos vienen diciendo hace mucho tiempo. Hay una familia que la demandaron (por no pagar arriendo), hay otra que le pidieron que se fuera, algunas se han tenido que ir de sus casas, viviendo con familiares”.

Además, tanto Lo Barnechea como la dirigenta Díaz afirman que ha habido problemas de dinero con los pagos del Minvu a la Constructora I7, que está a cargo del proyecto habitacional en Juan Pablo II.

En una minuta interna del municipio a la que este diario tuvo acceso, se dice que en las obras que empezaron en abril del 2025 y llevan un 15,76% de avance se han tramitado cinco pagos, tres cancelados en su totalidad, uno parcialmente y el otro pendiente de autorización por parte del Serviu.

Pero se recalca que por el sistema de pago acordado permite a la constructora recibir pagos anticipados, pero asumiendo el costo de la tasa de descuento, en un sistema conocido como “confirming”, y que ello implicó que “el interés generado ”representa un gasto financiero no contemplado por la empresa al momento de firmar el contrato de construcción, y en proyectos con financiamiento ajustado como este no existe disponibilidad presupuestaria para cubrir gastos financieros no previstos en la valorización inicial”.

La respuesta del Serviu

Desde el Serviu respondieron a La Tercera que los pagos del subsidio “es un beneficio que dura 12 meses y que se renueva por 12 más en base a la tramitación de decretos. Actualmente se están tramitando las resoluciones de los nuevos 12 meses que beneficiarán a cada familia de manera individual”.

Añadieron que los pagos “se realizan bajo la modalidad trimestral, encontrándose actualmente una carpeta en tramitación en Serviu para su respectivo procesamiento y pago. Esta información fue entregada a las familias en reunión con este servicio, donde se les explicó que el pago de los subsidios se efectuará durante los próximos días y de manera trimestral”.

Mientras que confirmaron que la modalidad escogida con la empresa constructora es el “confirming”: “En relación al Proyecto Juan Pablo II podemos comunicar que este se encuentra en ejecución y con avance normal. Efectivamente se ha utilizado confirming en algunos pagos con la empresa, herramienta utilizada para dar continuidad a los proyectos”.