Cerca de 3.000 obligaciones formales -entre leyes, reglamentos, circulares y dictámenes de otros órganos del Estado- debe cumplir un equipo directivo de un establecimiento educacional. Así lo determinó un estudio de Pivotes, el que alertó que este tipo de sobrecarga administrativa está debilitando el aprendizaje escolar.

El estudio advierte sobre el impacto de estas exigencias normativas y administrativas en el funcionamiento rutinario de las escuelas. La investigadora Florencia Croxatto, de Pivotes, dice que “hoy, una parte importante del tiempo de las escuelas se va en cumplir exigencias administrativas que no siempre mejoran lo que ocurre en la sala de clases. Muchas de estas exigencias se duplican entre sí y obligan a reportar lo mismo una y otra vez, mientras que el uso de recursos clave, como la Subvención Escolar Preferencial, enfrenta rigideces que dificultan responder a las necesidades reales de cada comunidad. Ese tiempo y esa energía se restan al trabajo pedagógico y al acompañamiento de los estudiantes”.

La investigación de Pivotes determinó que en medio de los recortes y fiscalizaciones que enfrentan los establecimientos, se obliga a entregar la misma información varias veces, ocasionando una pérdida de tiempo y, por ende, afectan la calidad de enseñanza.

Basándose en información del tema estudiado, Pivotes advierte, por ejemplo, que según un estudio de Educación2020, el 74% de los equipos directivos destina más del 40% de su jornada laboral a tareas administrativas e incluso hay reportes de un 80%.

Se determinó que el equipo directivo de un establecimiento debe cumplir con 2.936 obligaciones entre 16 circulares, 25 leyes, 3 decretos de leyes, 58 decretos, 9 decretos supremos y 5 decretos con fuerza de ley, entre otros.

Además, se citó el ejemplo de que la Encuesta Internacional Sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS) 2024, advierte que los profesores de jornada completa destinan en promedio 4,9 horas semanales a labores administrativas. Esto supera el promedio de la OCDE.

Entre ello se registran aumentos o excesos normativos en temas como los reglamentos internos o burocracia en la Subvención Escolar Preferencial.

Con todo, parte de esa burocracia, dice el estudio, se refleja en la forma en que se abordan los conflictos escolares, pues problemas que antes se resolvían en la comunidad escolar ahora se judicializan.

La investigadora Croxatto dice que, “al mismo tiempo, la forma en que se abordan muchos conflictos ha ido trasladando la resolución de problemas desde la comunidad educativa hacia procedimientos judiciales, debilitando el diálogo y la confianza entre las familias y el colegio. Cuando la escuela debe preocuparse más de cumplir y defenderse que de enseñar y conversar, se pierde aprendizaje y se erosionan los vínculos, que son la clave para mejorar la calidad de la educación”.

Por lo mismo es que desde Pivotes comenzaron una campaña para promover cambios, y realizaron una serie de propuestas:

• Crear mecanismos de revisión de los marcos regulatorios, eliminando exigencias redundantes.
• Establecer un reglamento interno con modelos para evitar errores formales.
• Simplificar procesos exigidos a los colegios, unificando y reduciendo protocolos.
• Habilitar consultas de pertinencia a la Superintendencia de Educación.
• Evitar judicialización innecesaria en la tramitación de denuncias escolares.
• Asegurar fiscalizaciones más focalizadas y proporcionales.