La tarde de este viernes el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago despachó orden de detención en contra de quienes se han posicionado como protagonistas de la investigación ligada a la Fundación ProCultura, la hebra más relevante del denominado caso Convenios o Líos de Platas.

Esto, tras determinación del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien trabaja esta causa con un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI).

Se trata de Alberto Larraín, cofundador de la ONG; María Constanza Gómez, representante legal de la misma; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de ProCultura; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del GORE RM; y Gabriel Prado, pareja de Abusleme y quien fue contratado por el GORE para relacionarse con ProCultura.

De acuerdo con antecedentes recabados por este medio, la detención se enmarca en la hebra de este caso que está ligado al convenio con la Gobernación Regional Metropolitana, para la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate.

Bajo dicho contrato, el GORE Metropolitano transfirió más de $ 1.600 millones a la fundación comandada por Larraín. Por lo mismo, el rol del propio gobernador Claudio Orrego ha sido analizado acuciosamente por parte del equipo de investigadores que lidera Castro Bekios.

A la espera del desafuero

A inicios de septiembre del año pasado, el Ministerio Público pidió el desafuero del exmilitante DC, aunque en esa oportunidad la Corte de Apelaciones de Antofagasta derivó el proceso a la Corte de Apelaciones de Santiago, que hasta ahora no ha fijado fecha para analizar los antecedentes.

En esa solicitud, el Ministerio Público explicita que el trato entre ambas partes no se justificaba y sólo obedeció a la cercanía que existía entre Larraín y Orrego. Esto, se afirma en dicho documento, porque la organización que dirigía el psiquiatra no tenía las características adecuadas para ejecutar el programa de prevención de suicidio que se pretendía realizar. Además, a juicio de los fiscales, Orrego realizó un serie de gestiones para acelerar el convenio y transferir una millonaria suma a la entidad.

En la solicitud de desafuero el Ministerio Publico afirmó que Orrego “abusó de su cargo de gobernador regional Metropolitano y, en consecuencia, de la función pública que desempeñaba, interviniendo en actos propios de su función y con infracción grave de los deberes del mismo, en la suscripción de convenios y traspasos de fondos a la Fundación ProCultura, sin que esta institución poseyera la capacidad, idoneidad, competencia y experticia para ejecutar los tratos para los cuales había sido contratada, lo que generó como perjuicio el valor total de los montos asignados de ambas iniciativas, correspondiente a $1.690.388.000″.

Para fundar la imputación, para los investigadores fue clave establecer los vínculos previos que había entre el gobernador y Larraín, pues no sólo habían compartido militancia en la DC, sino que también el psiquiatra colaboró con Orrego cuando era alcalde.

Como parte de los argumentos utilizados para sustentar la premisa de que el convenio se habría acelerado artificialmente, los investigadores han expuesto en tribunales una conversación de dos de las imputadas contras quienes se despachó orden de detención, Abusleme y Magdaleno. En la citada ambas comentaban que Orrego había llamado hasta al entonces gobernador Jorge Bermúdez para apurar el proceso. Ambas, de todas maneras, tenían vinvulos previos con el resto de los sujetos de interés.

“El análisis institucional del proyecto ‘Quédate’ y sus principales actores no puede comprenderse sin atender a los vínculos previos, tanto de carácter formal e informal existentes entre Claudio Orrego, Alberto Larraín, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme. Dichos vínculos, forjados en el ámbito de la administración pública y la política regional, constituyen antecedentes de especial relevancia para la adecuada comprensión de los procesos administrativos, particularmente en lo que concierne a la probidad administrativa, al deber de abstención, la imparcialidad administrativa y la fiscalización del uso de fondos públicos", sostuvo el Ministerio Público al momento de intentar desaforar a Orrego.

A juicio de la fiscalía, los recursos se asignaron a dedo. “Se procedió a unaasignación discrecional, por tanto, arbitraria, carente de parámetros objetivos de evaluación y sin observar los principios de transparencia, probidad y eficiencia que rigen la contratación pública", plantearon.

De ejecutarse las detenciones pasarán a control de detención este fin de semana. Con todo habrá un gran ausente en la sala: Orrego quien aún goza de fuero.