En su informe, emanado tras su visita oficial a Chile, la Relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, recomendó otorgar autonomía financiera e institucional a la Defensoría Penal Pública, advirtiendo de “vulnerabilidades potenciales” de su actual estructura.

“Considerando que la debida protección de los derechos humanos que asisten a toda persona requiere el acceso efectivo a servicios jurídicos prestados por abogados independientes, la relatora especial recomienda al gobierno de Chile que otorgue autonomía institucional y financiera a la Defensoría Penal Pública”, dice el informe que entregó a la Asamblea General de la ONU.

En el documento se destaca a la DPP como un modelo institucional eficaz, que contribuye a que las personas confíen en el sistema de justicia penal.

Sin embargo, la relatora advirtió que “el hecho de que, a pesar de su sólido marco institucional, la Defensoría Penal Pública, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no goce de plena autonomía plantea vulnerabilidades potenciales y podría socavar la confianza de algunos de sus clientes”.

En su análisis, la experta también cuestionó los riesgos derivados del sistema de contratación pública y la exposición a fluctuaciones presupuestarias, elementos que, según señaló, “pueden afectar a su planificación a largo plazo”.

La defensora nacional, Verónica Encina Vera, valoró el reconocimiento de la relatora al trabajo de la institución como “un reflejo del compromiso sostenido de defensoras y defensores públicos a lo largo de todo el país” y abordó la recomendación que hizo.

“El llamado de Naciones Unidas a fortalecer institucionalmente a la Defensoría Penal Pública coincide plenamente con nuestra hoja de ruta, en la que la autonomía es un aspecto muy relevante para equilibrar el sistema de justicia penal”. sostuvo.