La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, defendió la gestión de su administración en la entrega de ayudas por el megaincendio forestal del 2 y 3 de febrero de 2024, que afectó gravemente a la comuna.

Esto, luego que la Contraloría General de la República ordenó a la municipalidad de la Región de Valparaíso iniciar un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades por una serie de deficiencias detectadas en las donaciones y entrega de recursos públicos a raíz de la emergencia.

Según el Informe Final de Observaciones N° 503, de 2025, elaborado por la Contraloría Regional de Valparaíso, si bien el municipio logró aclarar parte de las observaciones formuladas en el preinforme, persisten 17 observaciones que, a juicio del ente fiscalizador, revelan fallas en los controles internos, registros y procedimientos aplicados durante la emergencia.

Entre las observaciones figuran la falta de controles de integridad en las actas de entrega de bienes a los beneficiarios, deficiencias en los registros y supervisión de las ayudas, entregas de beneficios a personas que no contaban con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), diferencias en los saldos de productos no entregados y la ausencia de inventarios de bienes recibidos por donaciones en centros de acopio. El informe también advierte que recursos recibidos por concepto de donaciones en dinero no fueron ingresados al presupuesto municipal.

En respuesta, Ripamonti remarcó que “es indispensable contextualizar con mucha honestidad y responsabilidad la magnitud de lo que ocurrió en la ciudad de Viña del Mar: aquí hubo más de 5 mil viviendas afectadas, más de 6 mil familias damnificadas por el incendio, se quemó cerca del 30% total de la comuna. Esas proporciones son históricas no solamente para Viña del Mar sino para el país".

En su contestación, la alcaldesa apunta que en las primeras semanas tras los incendios, “la gente no tenía nada, ni sus casas, ni sus documentos, ni su carné de identidad, no existían redes de apoyo y la necesidad de entregar agua, materiales, comida y, por sobre todo, alimentos era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieran un carné de identidad o porque todavía no contaran con una Ficha Básica de Emergencia”.

La autoridad comunal reprochó que “exigir que existan manuales de procedimiento y un sistema registral con una trazabilidad absoluta para una emergencia de estas características es insostenible y nosotros vamos a defender que a la gente había que entregarle carpas, alimento, agua, luz y todas las necesidades que tenían, desde bloqueadores hasta una pala para sacar escombros, una carpa para dormir aun cuando todavía no tenían sus carné de identidad porque éstos estaban quemados”.

Finalmente, resaltó que “la institucionalidad en torno a incendios tiene que seguir cambiando; tiene que existir una forma de responder a esto con mucha probidad, con mucha trazabilidad pero no perdiendo de vista que cuando el Estado se entrampa en burocracias y exige fichas básicas de emergencia para entregar alimentos, es que el mundo privado llega primero y así la credibilidad del Estado se pierde y lo vemos nuevamente, del mismo modo, en la actualidad en los incendios del sur de Chile”.