Hace casi un año, el entonces Presidente Gabriel Boric encabezó en La Moneda una reunión del gabinete pro seguridad, en la que se abordaron una serie de medidas legislativas para mejorar las condiciones del sistema penitenciario. Una de ellas era penalizar el lanzamiento de elementos prohibidos al interior de los establecimientos. Ayer (miércoles), la Sala del Senado aprobó por unanimidad la iniciativa que busca fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales, ampliando las penas para ese tipo de delitos, también conocidos como “pelotazos”.

El proyecto contempla, a grandes rasgos, que se amplía la penalización establecida en el artículo 304 bis del Código Penal a todos los supuestos en que se ingrese, favorezca el ingreso o se intente el ingreso de objetos que pudiesen representar un riesgo para las personas o condiciones de seguridad al interior de los recintos penitenciarios. Además, se agrega una presunción de peligrosidad respecto de los objetos que se hayan introducido o intentado introducir mediante su lanzamiento desde el exterior del recinto penitenciario.

Los senadores advirtieron que existe un vacío legal que permite que el lanzamiento de objetos prohibidos al interior de las cárceles sea una práctica reiterada que no tiene las sanciones adecuadas debido a que los estándares probatorios son “inalcanzables”.

En la discusión se recordó que en 2022 se legisló para sancionar el ingreso de elementos prohibidos, por las vías formales, pero que debido al crecimiento de este fenómeno dicha legislación “quedó corta para el caso de los lanzamientos desde fuera de la cárcel”.

También hubo parlamentarios que plantearon sus aprensiones respecto de la efectividad en la aplicación de la normativa, argumentando que “con las atenuantes casi nadie va a pagar con cárcel el delito”.

En esa línea, plantearon que “hay temas que deben ser corregidos en la tramitación, si no, podríamos tener un retroceso” y que es necesario definir el listado de elementos prohibidos, pues “tenemos que tener una norma más clara y precisa”.

La iniciativa fue enviada en tercer trámite constitucional a la Cámara de Diputados, la que deberá pronunciarse respecto de los cambios que se introdujeron durante la tramitación en el Senado.