“Como sostuve desde el primer momento, soy inocente de los cargos que me imputaron políticos del Partido Republicano”.

Así reaccionó durante la tarde de este lunes la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, una vez que conociera la decisión tomada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, respecto a no perseverar en la investigación por el caso Sierra Bella.

Y es que este lunes, junto con comunicar que el plazo de investigación llegaba a su fin, el Ministerio Público solicitó un audiencia para discutir la decisión de no continuar con el procedimiento. “He decidido no perseverar en el procedimiento, porque no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal”, se lee en un escrito de la Fiscalía firmado por el fiscal regional.

Así las cosas, la investigación por la fallida compra de lo que sería “la primera clínica pública” ubicada en la comuna de Santiago, donde Hassler figuró como imputada por el supuesto delito de fraude al Fisco, llegó a su término tras dos años de pesquisas.

“Hace más de dos años que inició esta investigación y ha tenido filtraciones sistemáticas y malintencionadas para generar un daño político y un daño electoral. Esta causa sin duda que se podría haber cerrado mucho antes. Sin embargo, se mantuvo abierta hasta después de las elecciones municipales”, se desahogó la exjefa comunal en un video de 39 segundos publicado en su red social X.

Eso sí, la decisión de Cooper no fue bien recibida por todos los intervinientes en la causa. “Es extremadamente grave”, partió diciendo el abogado querellante por parte del Partido Republicano, Sergio Rodríguez Oro.

El profesional alegó que “de aquí en adelante cobrarle al Fisco descaradamente caro y consentir en ello el funcionario público, ha dejado de ser delito. Se ha normalizado que gastar irresponsablemente el dinero fiscal es impune”.

Por su lado, el abogado Aldo Duque, quien presentó la querella que dio origen al caso, señaló que estaba esperando “conocer los fundamentos de la decisión del Ministerio Público para estudiar un curso de acción”.

Un caso envuelto en polémica

La investigación por Sierra Bella se envolvió en polémica a inicios de marzo de este año, luego de que el fiscal Cooper ordenara a la Policía de Investigaciones un allanamiento en el domicilio de la parlamentaria PC Karol Cariola, el mismo día en que estaba dando a luz.

La diligencia se dio luego de que el fiscal revisara el teléfono de Hassler y detectara conversaciones entre la alcaldesa y la parlamentaria, ambas militantes del Partido Comunista, donde para el persecutor había indicios de delitos de corrupción.

La premura del persecutor para realizar el allanamiento justo ese día, explicó él mismo, se dio porque el grado de amistad entre ambas podía poner en riesgo el éxito de la investigación.

Fue justamente ese operativo el llevó a que congresistas del Partido Comunista y del Frente Amplio levantaran en la Corte Suprema un requerimiento de remoción contra Cooper, que actualmente se encuentra en trámite.

Quien también se refirió a la decisión de Cooper fue Cariola en su red social X: “Como siempre lo sostuvo, Irací es inocente. Políticos del Partido Republicano usaron la justicia para obtener beneficios políticos. En este caso todo fue filtrado a la prensa e intoxicaron a la opinión pública. Ese es el libreto de la extrema derecha. Lo aplicarán también en la presidencial. Hay que estar alertas".

El caso

La compra de la exclínica, uno de los proyectos estrella de Hassler, fue aprobado por el concejo municipal en enero de 2023.

Sin embargo, antes de que los pagos se concretaran, en abril de ese año, la Contraloría emitió un informe calificando de “carente de fundamento” el pago de 8 mil millones a la sociedad San Valentino por la exclínica, que meses antes había sido adquirida por cerca de 2 mil millones.

Con las querellas de Duque y del Partido Republicano, el Ministerio Público inició una investigación alojada primero en la Fiscalía Centro Norte, pero que luego Cooper se llevó a Coquimbo cuando fue designado como fiscal regional en esa zona.

Fueron varias las diligencias que Cooper realizó en torno a la investigación. En abril de 2023, a poco de iniciada la causa, funcionarios de la Brigada Anticorrupción de la PDI llegaron a los domicilios de tres tasadores que participaron en la fallida compra.

Esa vez, efectivos de la PDI se llevaron computadores, celulares y dispositivos tecnológicos desde los inmuebles que habitan los tres arquitectos que valorizaron en más de $ 8 mil millones la exclínica.

A esa diligencia se sumó a la entrega voluntaria de teléfonos y notebooks en la Municipalidad de Santiago, donde, según un acta de la PDI, Hassler ese día manifestó no poseer celular institucional y se negó a la entrega del personal.

Posteriormente se conoció, a través de un requerimiento de transparencia, que sí tenía un aparato asignado con recursos fiscales.

Si bien en su minuto Hassler presentó una querella contra los tasadores del inmueble, el fiscal pidió al tribunal aclarar que la exalcaldesa era imputada y no querellante en la causa. Calificación jurídica que ahora llegó a su fin.

Por último, el abogado Nelson Salas, quien representa a Felipe Sánchez, quien fuera el dueño de la clínica, también destacó la decisión de Cooper. “Durante este proceso, se realizaron numerosas diligencias, que solo vinieron a confirmar lo que siempre sostuvimos: la operación fue legítima, transparente y surgió por iniciativa de los propios funcionarios del Cesfam Padre Orellana, quienes identificaron en Sierra Bella una alternativa adecuada para sus necesidades”.

“Esta decisión es correcta, pero no suficiente para reparar el daño que se le causó, razón por la cual vamos a reiterar el sobreseimiento de Felipe Sánchez”, agregó el abogado.