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Sigue el misterio en el caso María Ercira Contreras: familia se querella por pérdida de videos del fundo Las Tórtolas

El abogado Juan Carlos Manríquez acusa que la administradora del fundo y un detective "estamparon en una acta policial una aseveración de un hecho inexistente”. En aquel instrumento público fue donde se dejó constancia de un registro incautado, pero que no contenía toda la grabación solicitada.

El reciente informe de la Policía de Investigaciones (PDI) donde los detectives concluyeron que no se pudieron recuperar algunos videos de las cámaras del fundo Las Tórtolas de Limache fue clave para que la familia de María Ercira Contreras (86) decidiera iniciar una nueva acción penal buscando aclarar qué pasó con la adulta mayor, cuyo rastro se desconoce desde el 12 de mayo de 2024.

Para los familiares de la mujer esas imágenes, que corresponden al sector de los estacionamientos del recinto, son fundamentales para tener pistas de hacia adónde se dirigió ese día, cuando estaba en medio de un almuerzo por el Día de la Madre.

Asimismo, la pérdida de ese material audiovisual despierta las sospechas de su entorno, por lo que piden que el Ministerio Público investigue si detrás de ello hubo algún tipo de intencionalidad por parte de los administradores del restaurante.

Bajo ese contexto, el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, presentó el lunes una querella por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación contra todos quienes resulten responsables.

Sigue el misterio tras la desaparición de María Ercira Contreras.

“La evidencia no existe”

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, la PDI llegó el 13 de mayo de 2024, un día después de la desaparición, hasta el fundo, donde solicitó las cámaras de seguridad a Mónica Kleinert, una de las administradoras.

La finalidad era obtener las grabaciones de las últimas 24 horas. Las cámaras fueron entregadas por Kleinert y quien firmó el acta fue el funcionario policial Richard Bórquez. “Dicha especie fue debidamente sellada en Rótulo y Formulario Único de Cadena de Custodia NUE (número único de evidencia) Nº 6359140″, dice el texto legal en una primera parte.

Sin embargo, de acuerdo a la querella, “nadie revisó el DVR en el cual supuestamente se encontraban los videos de las cámaras de vigilancia del fundo, ignorándose si tenía algún contenido y si efectivamente correspondía a las 24 horas de grabación solicitadas”.

Esta situación es anómala para el abogado, ya que, dice, el DVR fue periciado solo meses después y él pudo acceder al mismo en diciembre de 2024. Fue en ese momento cuando Manríquez activó un peritaje privado con Nadia Mansilla, quien corroboró la falta de una parte de la grabación. En ese sentido, en abril la Fiscalía pidió que el Laboratorio de Criminalística Regional de Temuco pudiera recuperar la información faltante en videos, lo cual no se logró.

“Es así que se dice que es imposible recuperar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del día de los hechos, porque se obtuvo aquellas con posterioridad a que habían sido sobrescritas con nuevas imágenes”, se señala en la acción penal.

Sigue el misterio tras desaparición de María Ercira Contreras.

Para Manríquez esto es grave, ya que “alguien etiquetó una NUE que no existe, nadie tomó resguardo de esas filmaciones que físicamente no existen y, sobre todo, la administradora y un funcionario a determinar estamparon en una acta policial, que es un instrumento público, una aseveración de un hecho inexistente”.

Abogado pide ubicar a administradora

Con todo, el abogado dice que esta secuencia de hechos ”impidió que se pueda contar con la evidencia relevante, pertinente y de manera oportuna para el esclarecimiento de la desaparición de doña María Ercira, y ello puede significar que desde ese momento la indagación haya quedado seriamente obstruida y dañada“.

“El perjuicio para la investigación es evidente: desde el segundo en que Doña María Ercira sale del cuadro de la grabación de su caminar hacia arriba y a la izquierda en los estacionamientos del fundo Las Tórtolas –último registro de su existencia vital– no hay un rastro de lo que le ocurrió, hacia dónde siguió, quién la pudo abordar, quién la pudo golpear, atropellar, sacar del lugar, incluso secuestrarla, pero el dejar correr los días, no pudiendo ignorar que el DVR se estaba autoborrando, ha obstruido como nada hasta ahora esta investigación", se agrega.

Así las cosas, para el abogado se configuraría la falsificación de instrumento público, ya que se estampó un acta policial que “en verdad no fue entregado ese día y hora”. “En esa acta parece que se falta a la verdad en la narración de hechos sustanciales”, dice la querella.

En cuanto a la obstrucción a la investigación, para el letrado una de las pistas más “relevantes” está en las cámaras, por lo que los funcionarios policiales habrían actuado con dolo eventual al no verificar el contenido de lo que se les fue entregado. “El responsable de esta infracción pudo representarse que, al no verificar el contenido de inmediato, se exponía a que nada le hubiere sido entregado, o que ya la evidencia hubiese estado alterada, como ocurrió en estos hechos”.

En la acción penal, Manríquez pide que se ubique y tome declaración a Mónica Kleinert para que “explique las razones por las cuales se entrega una grabación incompleta y la forma en que fue entregada. Incluso recurriendo a la cooperación Interpol”.

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