El caso por eventual tráfico de niños haitianos ha generado una serie de alertas en distintas instituciones públicas y en la sociedad civil. El pre informe de Contraloría expuso falencias graves en los controles que debe realizar el Estado, por lo que distintos actores llaman a tomar medidas urgentes.

De hecho, durante la tarde del jueves 18 de junio un abogado y un estudiante de Derecho ingresaron una solicitud para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) disponga medidas cautelares en favor de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que podrían ser víctimas de distintas situaciones.

Se trata de una acción seguida por el profesor de Derecho Constitucional Cristóbal Osorio y Renato Astorga, quienes requirieron al organismo que inste al Estado de Chile a “adoptar medidas urgentes y concretas respecto de los niños, niñas y adolescentes de origen haitiano que ingresan al país mediante vuelos privados con el objeto de reunificación familiar”.

En el escrito se pide que se pueda solicitar la adopción de todas las acciones necesarias para determinar la ubicación de los menores de edad, “identidad, situación migratoria, familiar y condiciones actuales de vida, asegurando que se encuentren efectivamente bajo el cuidado de sus padres, madres, representantes legales o adultos responsables, y descartando la existencia de situaciones de abandono, explotación, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes u otras formas graves de vulneración de sus derechos”.

De la misma forma, manifestaron que aquello se debe hacer extensivo a los niños que pudiesen ingresar en el futuro, por lo que también evidencian la necesidad de que el Estado adopte mecanismos de control, verificación y seguimiento permanente que permitan constatar la identidad de los adultos responsables, el domicilio en que permanecerán, y las condiciones reales en que se encuentran.

“Lo anterior resulta necesario para asegurar la no vulneración de sus derechos, especialmente considerando que la falta de seguimiento y trazabilidad en casos de esta naturaleza puede dejar a NNA en una situación de especial exposición frente a redes de trata, explotación, abandono u otras formas graves de afectación a su integridad física y psíquica”, relevaron los profesionales.

Según remarcaron Osorio y Astorga, la solicitud la interponen a título personal, pero “en resguardo del interés superior del niño y con el objeto de asegurar la protección efectiva de sus derechos fundamentales”.

Derechos en riesgo

Conforme se explicita en el requerimiento, los derechos comprometidos a raíz de las situaciones que hoy son indagadas por el Ministerio Público, están el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

Asimismo, ambos abogados manifestaron que “existe una afectación al derecho a la libertad y seguridad personal, consagrado en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, atendido que se desconoce el paradero y las condiciones en que actualmente se encuentran un número significativo de los niños ingresados al país”.

“Del mismo modo, se encuentra en riesgo su derecho a vivir con su familia y a no ser separados de sus padres contra la voluntad de estos, reconocido en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el deber estatal de prevenir y combatir los traslados ilícitos y la retención ilícita de niños en el extranjero, establecido en su artículo 11″, complementaron.

A juicio de los requirentes, existen antecedentes que alarman, como lo referente a que hubo grupos niños que ingresaron al país bajo la supervisión de un reducido número de adultos responsables. Aquello, afirmaron, “constituye un indicio que podría resultar compatible con hipótesis de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes u otras formas de explotación”.

“En consecuencia, se encuentra particularmente amenazado el derecho de los niños a no ser sometidos a esclavitud, servidumbre o cualquier forma de explotación”, apuntaron, junto con afirmar que igualmente podría existir afectación al derecho que mantienen de tener un nivel de vida adecuado para su desarrollo, así como su derecho a la protección integral y al desarrollo pleno en condiciones dignas.

Así, los abogados recalcaron que “la situación alegada reviste gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable”, insistiendo en la necesidad de que la entidad intervenga.