Este viernes la Subsecretaría de Transportes declaró por tercera vez desierta la licitación para contratar a la empresa encargada del desarrollo de una de las plataformas de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (Ley EAT), conocida popularmente como “Ley Uber”, un paso clave para dar continuidad al proyecto que regulará a todas las aplicaciones de transporte de pasajeros.

En su resolución, la entidad dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) detalló que TIVIT Chile, multinacional tecnológica que opera en diez países de América Latina, “no cumplía con los requerimientos técnicos mínimos de la evaluación técnica establecidos en la intención de compra”, proceso que se desarrolló a través de la plataforma Mercado Público.

Esto debido a que, como detalló en su comunicado, la compañía proveedora no acreditó experiencia en cinco proyectos informáticos terminados y tampoco cumplió con el apartado de experiencia y certificación de los profesionales del equipo de trabajo propuesto.

Ante esto, la comisión evaluadora de la Subtrans propuso declarar inadmisible la cotización y, por lo tanto, “desierto el proceso de gran compra para la contratación del “Servicio de Desarrollo de Software e Infraestructura como Servicio”, publicado en el portal www.mercadopublico.cl, bajo el ID 5802363-5889ONAL”.

Con esto se vuelve muy complicado que, sin un proveedor que desarrolle la infraestructura tecnológica necesaria, la “Ley Uber” entre en vigor antes del término del actual gobierno a inicios de marzo próximo.

Las críticas del embajador estadounidense a la “Ley Uber”

A este nuevo traspié se suman las críticas que el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, realizó este jueves a la ley EAT y la “sobrerregulación” que hay en el país, después de sostener una reunión con un representante de la multinacional Uber.

“¡Uber está haciendo grandes cosas en Chile! Lamentablemente, la sobrerregulación, como la Ley de Aplicaciones de Transporte, perjudica tanto a las empresas como a los consumidores”, afirmó Judd en su cuenta de X.

Para luego agregar que; ¡Esperamos seguir colaborando con empresas tecnológicas estadounidenses como Uber y con el gobierno de Chile para que el país siga avanzando en este nuevo año!”

El término anticipado del anterior contrato

Cabe recordar que a inicios de octubre, el MTT informó el término anticipado del contrato con la empresa Concordia, encargada hasta ese momento del desarrollo de la mencionada plataforma para Ley EAT, debido a incumplimientos en las exigencias técnicas solicitadas por la cartera.

Según el comunicado oficial, en ese momento se comenzó a trabajar en los términos de una nueva contratación que permita dar continuidad al proyecto. “Nuestro objetivo siempre ha sido imponer condiciones de seguridad y calidad a las empresas en beneficio de los usuarios, y tomar esta decisión también va en línea con esto”, afirmó el ministro Juan Carlos Muñoz.

Luego de esto, el mencionado ministerio llamó a una nueva licitación en noviembre pasado con la intención de adjudicarla el 9 de marzo. Sin embargo, como se conoció este viernes, dicha licitación quedó desierta al declarar inadmisible la única oferta recibida por parte de TIVIT Chile Tercerización de Procesos, Servicios y Tecnología SpA., dejando sin adjudicatario el desarrollo de la plataforma de registro de la Ley Uber.

Qué es la Ley EAT

La Ley de Empresas de Aplicación de Transporte, también conocida como Ley EAT, Ley Uber o 21.553, es la que regulará a todas las aplicaciones de transporte de pasajeros y los servicios que se presten a través de ellas, como Uber y Cabify.

Esta fue aprobada en 2023, luego de una discusión de casi 6 años en el Congreso, y permitirá crear un registro de las empresas que prestan servicios de transporte a través de aplicaciones, además de facilitar las labores de fiscalización y mejorar las medidas de seguridad, según detalla la página del Gobierno.

Esta ya fue promulgada y publicada como ley, pero todavía no está vigente, ya que falta que se apruebe y publique el reglamento en el Diario Oficial. Una vez hecho eso comienza el plazo de 30 días para que entre en vigencia.

Sin embargo, ante la falta de la empresa que desarrolle una de las plataformas claves para su desarrollo, cada vez se ve más lejana una fecha para su entrada en vigencia.