Superintendencia pide el cierre de la U. La República debido a “grave crisis financiera, patrimonial y administrativa”

La SES rechazó el plan de recuperación presentado por la institución, que buscaba evitar su fin. Ministerio de Educación deberá revisar los antecedentes y nombrar a un administrador de cierre.




Acusando una “grave crisis financiera, patrimonial y administrativa” la Superintendencia de Educación Superior solicitó al Ministerio de Educación cerrar la Universidad de La República y reubicar a sus estudiantes en otras casas de estudio.

La superintendencia realizó una indagatoria en esa casa de estudios que se extendió por un año. En ese período, la casa de estudios presentó una propuesta para evitar el cierre. Sin embargo, esto fue rechazo por la SES, con lo que solicitó al Mineduc la revocación del reconocimiento oficial de la institución.

En su investigación la SES arrojó que la casa de estudios cuenta con un “creciente déficit financiero”, disminución sostenida de la matrícula, millonarias deudas y desórdenes contables y administrativos, entre otros puntos. (Abajo de este artículo el detalle completo).

Ahora, el Mineduc deberá revisar los antecedentes remitidos para iniciar el proceso de revocación de reconocimiento oficial y cancelación de la personalidad jurídica de la universidad. Para ello se deberá nombrar a un administrador de cierre que “tomará el control de la institución y velará por la continuidad de estudios de sus alumnos”.

“La decisión se adopta tras establecer que la grave crisis financiera, patrimonial y administrativa que enfrenta la universidad hace inviable la continuidad de sus funciones y la entrega del servicio educativo”, señaló la superintendencia en un comunicado.

El superintendente Jorge Avilés señaló que “el principal objetivo de la sanción impuesta a la Universidad es proteger los intereses de los estudiantes, de manera de evitarles un daño mayor y permitirles continuar sus estudios en otras universidades que sí les den mayores garantías de calidad”.

Esa casa de estudios cuenta con 11 sedes distribuidas en 9 regiones, desde Arica a Temuco. Según datos de la Subsecretaría de Educación Superior recogidos en 2020, cuenta con una matricula de 3.299 alumnos: 3.242 estudiantes de pregrado, 49 de magíster y 8 en postítulos, El 71% de la matrícula total de estudiantes de pregrado es vespertino.

Su matrícula total de pregrado es principalmente de carreras profesionales, contando con solo 104 estudiantes en carreras técnicas.

La ULARE ha vivido una larga agonía. En 2008 la junta directiva de la institución informaba de su cierre debido a una crisis financiera que alcanzaba los $9 mil y $10 mil millones. Sin embargo, pese a que los problemas de financiamiento continuaron, ello no ocurrió. Ese mismo año, el plantel tenía más de cinco mil causas en su contra por parte de alumnos y acreedores. Luego, en 2010, las autoridades solicitaron la quiebra, proceso en manos de un síndico a cargo de la creación de un convenio judicial preventivo. Este interventor renunció a este cargo en octubre de 2012, cuando llevaba más de un año de gestión. La quiebra tampoco ocurrió. Incluso, en 2014 los antecedentes que manejaba en ese momento el Mineduc fueron remitidos a la fiscalía por la eventual existencia de delitos tributarios o quiebra fraudulenta.

De acuerdo a la Superintendencia de Educación Superior, estos fueron los puntos considerados para solicitar la revocación del reconocimiento oficial:

- Creciente déficit financiero que no le permite a la Universidad contar con recursos suficientes para cubrir oportunamente sus costos y gastos operacionales.

- Disminución sostenida de la matrícula de estudiantes, decreciendo en un 37% desde el 2018 al 2020.

- Incumplimiento recurrente de sus obligaciones previsionales con sus trabajadores, existiendo a la fecha al menos 4.105 deudas previsionales, multas vigentes impuestas por la Dirección del Trabajo a la Universidad por un monto superior a los $102.000.000 y demandas en contra de la institución por más de $5.000.000.000.

- Deudas por pago de impuestos o créditos fiscales por un monto de $1.725.724.091, suma que corresponde a la deuda neta, reajustes, intereses y multas.

- Numerosos procesos judiciales vigentes en que la Universidad La República tiene la calidad de demandada, ascendiendo estos a más de $9.399.042.212.

- Incumplimiento en el pago de los contratos de arrendamientos de los inmuebles en que funcionan sus sedes.

- Morosidad comercial y letras protestadas por más de $93.000.000.

- Desorden administrativo interno reflejado en situaciones tales como: Diversos reclamos y denuncias presentados por estudiantes, egresados, docentes y funcionarios de la Universidad, referidos a desórdenes en la gestión administrativa y académica; irregularidades financieras, laborales y previsionales; deficiencia en la calidad del servicio educativo; problemas del registro curricular con pérdida o indisponibilidad de la información académica de los estudiantes; demoras significativas en la entrega de certificados y títulos; incumplimiento de normativa interna; una deficitaria infraestructura; y precarias condiciones de mantenimiento de algunas sedes en que se imparte docencia.

- Desorden en las áreas contable y de tesorería, existiendo en su momento numerosas facturas sin contabilizar, con la consiguiente distorsión de la información que figura en los estados financieros de la institución.

- No depósito de los aranceles pagados por los estudiantes en la cuenta corriente de la Universidad de los dineros provenientes, con los consiguientes riesgos operacionales que ello implica.

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