Una circular de la Superintendencia de Educación difundida durante los últimos días mandata de manera inmediata a los colegios particulares a aplicar el procedimiento de Aula Segura en cuanto a plazos, reglas y tratos, tal cual ocurre actualmente con los establecimientos que reciben recursos del Estado.

“No se advierten motivos razonables para comprender que la diferencia en la fuente de financiamiento entre unos y otros permita hacer distinciones en el ejercicio de los derechos de los estudiantes que se verán afectados por aquella medida”, se leía en el dictamen.

El argumento fue que el dictamen antiguo no tenía un marco legal común y los particulares podían seguir sus propios procedimientos, lo que, a juicio del ente fiscalizador, generaba reglas diferentes entre recintos.

Al respecto, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana, nombrada por concurso público en agosto de este año, asegura que la circular es sólo una especificación de lo establecido en la ley, que ya mandata a que esto corre para todos los recintos escolares con reconocimiento oficial.

¿Es más garantista con los estudiantes?

Le da autonomía a los establecimientos y democratiza el proceso. Cuando hablamos de resguardos de derechos es que se respete el debido proceso, que haya igualdad y proporcionalidad en la medida disciplinaria, pero también autonomía al establecimiento para aplicar o no sus protocolos, si activar o no una sanción, o el protocolo de Aula Segura. Eso también va definido en la circular.

¿No se estaba cumpliendo?

Había un vacío. La ley establecía que era para todos los recintos con reconocimiento oficial, pero se refería a los subvencionados. En realidad es para todos y hoy aclaramos esa norma. Efectivamente, hay denuncias y evidencia que no se cumple el debido proceso, así como tampoco en los particulares subvencionados. Ahora la diferencia es que los colegios particulares van a tener que informar cancelaciones de matrícula y antes, no.

¿Podría desincentivar las expulsiones en esos colegios?

No me atrevería a decirlo así. Va a permitir a los establecimientos educacionales a decidir y ponderar de mejor manera, con una circular, de qué manera la medida es formativa respecto de ciertas indisciplinas.

¿Las reglas serán más claras para alumnos y apoderados?

Sí, es lo que estamos tratando de instalar hace un tiempo, que todos tienen que estar involucrados y tener toda la información. Es parte de la obligación del establecimiento mantenerlos informados respecto de la reglas, y de los padres, saber las reglas a cumplir durante la permanencia de los hijos en los establecimientos.

¿A qué se debe y por qué ahora?

Ya habíamos tomado la decisión desde hace un tiempo, pero la creación de las circulares implica tiempo. El trabajo lo llevaba hace un año el equipo jurídico, que hace revisión de leyes que deberían complementar, entre otras cosas, y finalmente sale un producto que es este dictamen. La razón es que es una actualización que viene solo a ampliar la aplicación del procedimiento y que aplicaba para todos los establecimientos con reconocimiento oficial, pero ahora lo hace más específico y entrega orientaciones más claras y consistentes, y precisa algunas exigencias que antes cumplían los subvencionados que se amplían a pagados, respecto del debido proceso.

Lo que se cuestiona es que hoy los colegios están terminando el año y les queda poco margen para accionar.

Está contemplado dentro del dictamen 77. Si bien es cierto que su aplicación es inmediata, hay un tiempo de adaptación para poder ajustar los reglamentos internos y va a dar un tiempo especial desde marzo a los colegios particulares pagados para adaptarse. Tampoco es un universo tan grande, son alrededor de 500 establecimientos.

Ya que está de moda el concepto, ¿no es un “amarre” a tan poco de un próximo gobierno?

Lo descarto absolutamente. Tengo un cargo por ADP, sé cuáles son las reglas del juego, pero todo lo que se hace desde la superintendencia tiene que ver con la educación del país y con resguardar los derechos de todos los estudiantes, independientemente de si reciben subvención o no. Frente a ese tipo de especulaciones hay que tener un poquito de amor por los niños.

¿Espera que este tipo de medidas ayude a mejorar la convivencia escolar?

Absolutamente. Todo lo que se ha venido realizando tiene directa relación con la política nacional de convivencia. Hay que ir actualizando las leyes, incorporando las nuevas. Esto es un trabajo coordinado intersectorialmente.

En otra de las nuevas normativas se establece que los reglamentos internos de los colegios deben reconocer la identidad de género. ¿A qué responde?

Hay una circular que sacamos en 2021 y lo que habíamos detectado es que no todos lo tenían incorporado. Está en la ley de discriminación y hay una bajada en la circular para que se pueda incorporar aquello que está dicho, y que es obligación dentro de lo que tenemos que hacer. Más bien es un recordatorio.