Tral el hallazgo de un cuerpo enterrado al interior de una maleta en el cerro Chuño, el foco de delincuencia en el sector volvió a instalarse en el ojo público. Pese a que estaba en curso una orden de desalojo para las viviendas irregulares asentadas en la zona, la medida todavía no se ha concretado en su totalidad. Por lo mismo, el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, emplazó al Ejecutivo a poner en marcha el derrumbe.

En diálogo con T13, este viernes la autoridad regional señaló que “Hay que actuar. Nosotros le pedimos al Presidente de la República que actúe, que instruya a su delegado presidencial a que derrumbe y desaloje este sector, porque aquí resulta una verdadera fortaleza del crimen organizado".

El gobernador explicó que en 2012 se realizó el primer desalojo de la zona, sin embargo, la acción quedó a medio camino tras un recurso de amparo que presentó el INDH, lo que no permitió que se continuara con el derrumbe correspondiente.

En 2017 se retomó el desalojo y derrumbe, pero todavía quedan alrededor de 700 viviendas irregulares que no han sido desplazadas.

El gobernador explicó que en cerro Chuño “viven principalmente migrantes irregulares, y por supuesto las bandas de crimen organizado que ahí se alojan lo ocupan como fortaleza. Ellos no pagan luz, no pagan agua, sino todo lo contrario, son terrenos fiscales, todas esas casas le pertenecen hoy día al Estado de Chile. Las personas que están ahí las ocupan para arrendar, para vender, comercializar”.

Paco recalcó que hay una “inacción del gobierno” al no realizar el desalojo y añadió que durante el primero Consejo de Seguridad en el norte del país que encabezó el ministro Luis Corder abordaron esta petición.

“Tienen todo nuestro respaldo, tanto político y financiero, del gobierno regional. Lamentablemente, demoler excede de mis facultades. Eso le corresponde al Presidente de la República. Y se lo pedimos al ministro de Seguridad, pero bueno, todavía estamos esperando", expresó.

La postura de Cordero

Una vez que el cerro Chuño fue identificado como la base de operaciones de Los Gallegos, célula del Tren de Aragua, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que una de las medidas de intervención sería el desalojo de las viviendas irregulares.

“La erradicación y sobre todo la demolición en el caso de cerro Chuño es un mandato, a esta altura legal, con indiferencia de cuál es la administración”, indicó la semana pasada.

Si bien destacó que el desalojo ya se ejecutó, las autoridades regionales reclaman que la acción quedó a medio camino, ya que todavía hay asentamientos en el sector.