No conforme con la resolución que emitió el 4° Juzgado de Garantía de Santiago el 28 de mayo, de mantener en prisión preventiva al abogado Luis Hermosilla, su abogado y hermano, Juan Pablo Hermosilla, presentó un recurso de apelación del fallo de la magistrada Andrea Osorio. Esta última denegó sustituir la medida cautelar, asegurando que el penalista “sigue siendo un peligro para la seguridad de la sociedad”.

Para Hermosilla, los antecedentes “han variado sustancialmente” desde que formalizaron al abogado en agosto de 2024, por los delitos de lavado de activos, soborno reiterado y delitos tributarios.

Este viernes se realizarán los alegatos y la Corte de Santiago sellará la situación judicial de Hermosilla.

Los argumentos

En seis puntos, el profesional expresa por qué su defendido debería dejar Capitán Yáber y quedar en arresto domiciliario total. En sus argumentos, Hermosilla expone que el abogado lleva ya nueve meses en prisión preventiva y el plazo de investigación “se encuentra vencido”. “La solicitud del Ministerio Público de una audiencia para su ampliación proyecta únicamente una extensión aun mayor de dicha privación”.

Luego, dice el abogado, Hermosilla está experimentando un “deterioro en su salud psíquica”, lo que dice está acreditado mediante un certificado médico. Por otro lado, puntualiza que también está viviendo descompensaciones por hipertensión arterial, “lo que se relaciona con antecedentes de intervenciones cardíacas previas, incluyendo un bypass”.

Así las cosas, en la apelación se expresa que otros imputados en el caso Audio, María Leonarda Villalobos y Patricio Mejías, se encuentran con medidas cautelares en sus domicilios.

Para Hermosilla es “insostenible” afirmar que su representado pueda obstruir la investigación estando incluso bajo arresto domiciliario: “Los antecedentes expuestos evidencian que su influencia actual es inexistente”.

Cuestionamientos a jueza

Con todo, Hermosilla cuestiona la resolución de la magistrada Osorio. Su decisión “se adoptó sin explicitar cuáles serían los nuevos antecedentes que sustentarían dichos peligros (para la seguridad de la sociedad)”. “Es decir, sin actualizar el análisis de la necesidad de cautela en contraposición con el tiempo transcurrido en prisión preventiva, el notorio avance de la investigación y el documentado deterioro de la salud física y psíquica de mi representado, además del perjuicio evidente a su imagen pública”, argumenta.

Respecto al estado de salud de Hermosilla, la jueza señaló que “existían otras herramientas para cautelar la salud del imputado”, lo que no dejó conforme a su abogado. “Dicha argumentación elude de forma inaceptable el riesgo real y concreto que implica para la vida de una persona con antecedentes cardíacos graves —como bypass coronario— enfrentar episodios de descompensación hipertensiva en un contexto de encierro, sin acceso rápido ni directo a un centro asistencial que reúna condiciones adecuadas para atender su delicado estado de salud".

“La imposición de la prisión preventiva por más de nueve meses a Luis Edgardo Hermosilla Osorio constituye un agravio de naturaleza grave y desproporcionada, que vulnera principios fundamentales reconocidos tanto en la Constitución Política de la República como en los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado de Chile", remata Hermosilla.

Situación de Álvaro Jalaff

Quien también acudió a la Corte de Apelaciones buscando dejar la prisión preventiva es Álvaro Jalaff. Al igual que Hermosilla, Jalaff también recibió una negativa a su solicitud el 27 de mayo en el mismo tribunal, esa vez dictado por la jueza Ximena Rivera.

Por su lado, el empresario lleva 113 días en Capitán Yáber. Según el abogado Hugo Rivera, en esa audiencia presentó nuevos antecedentes en la audiencia del 27 de mayo, como informes contables, las declaraciones de Daniel Sauer y de María Leonarda Villalobos. Esto, a su juicio, debiera ser considerado para que su defendido salga de la cárcel y pase a arresto domiciliario total.

Pese a todo, tanto Hermosilla como Jalaff deberán enfrentar un nuevo proceso, cuando el 9 de julio sean formalizados por la arista Parque Capital.

El abogado será imputado por el delito de lavado de activos, mientras que el empresario deberá enfrentar el cargo de administración desleal.