Con decepción vieron los alcaldes la propuesta final a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, liderado por Iván Poduje, al cambio de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Hace ya varias semanas que los jefes comunales habían acusado que la propuesta -que entra vía decreto y no pasa por el Congreso Nacional- facilitaba la vía a las constructoras para crear “guetos verticales”. El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (ind.-Frente Amplio), fue particularmente crítico dado que en su comuna abundan los mega edificios.

La decepción de los alcaldes se da debido a que pese a las críticas que recibió la medida tras una consulta de participación ciudadana que batió récord en cuanto a observaciones, el Minvu, si bien hizo algunos ajustes respecto de las medidas dadas a conocer para la observación ciudadana que eran un foco de tensión, mantuvo otras que abren la puerta a la mayor densificación.

Los jefes comunales apuntan directamente a la medición de fuerzas que hubo entre Poduje y su par del Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz, pues este último promovía una postura economista y de reactivar el sector de construcción, mientras que el titular del Minvu impulsaba una mirada urbanista y armónica de los barrios. “A nosotros nos cuesta creer que esta propuesta sea avalada por un ministro que además de arquitecto es urbanista. Sería bueno conocer su opinión”, dice el alcalde de Estación Central.

En lo técnico, los puntos críticos que los alcaldes acusan ayudarían a proliferar la creación de mega edificios se mantienen. Según dio a conocer La Tercera, en el documento que ya ingresó a la Contraloría General de la República se mantuvo bajar el mínimo de 5.000 m2 a 2.500 m2 para crear un “conjunto armónico”, que es una figura habitacional que permite a las constructoras evitar ciertos requisitos que corren para otras propiedades.

También se mantuvo el que las constructoras no necesitarán disponer de estacionamientos en departamentos que estén cercanos a la red de Metro y buses. Los alcaldes acusan que eso provocará atochamiento de autos en la vía pública. Otra medida polémica es que se mantuvo epermitir un aumento de 50% en la altura de edificios, lo que se acusa provocaría el aumento de los mega edificios.

Lo que sí se ajustó -aunque los alcaldes dicen que es “insuficiente”- es el mínimo de habitantes permitido por propiedades. Antes se había propuesto pasar de 4 a 2 habitantes por vivienda, y ahora se cambió de 4 a 2,8. Mientras, para viviendas económicas inicialmente se había propuesto bajar de 4 a 1 y ahora se ajustó de 4 a 1,4. En la práctica, los alcaldes acusan que, aunque en menor medida, esto igualmente podría aumentar la cantidad de departamentos por edificio con espacios más reducidos.

El alcalde Muñoz recalca que “aquí no pierden ni ganan los alcaldes. Pierden las personas. Nuestra comuna, que ya tiene zonas altamente saturadas, no resistiría una medida como ésta. Lo que ocurrió en Estación Central demuestra que cuando la inversión se impone sobre la planificación urbana, quienes terminan pagando el costo son los vecinos. Esta modificación abre la puerta a que el urbanicidio y los mal llamados ‘guetos verticales’ puedan replicarse en comunas de todo Chile. Sería un grave error repetir una experiencia que ha deteriorado la calidad de vida de miles de personas”.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), señala que “el Minvu no escuchó a los municipios, ni a la ciudadanía que declararon estar en contra de una modificación que cambia centralizadamente las reglas para construir. Esto solo traerá más incerteza jurídica y más demoras en los permisos de edificación, por una parte. Pero también nos preocupa la terquedad de Hacienda, porque este es un tema impulsado nuevamente por Hacienda, por modificar, de facto, los planes reguladores comunales, que cumplen con requisitos de legitimidad, acuerdo y diálogo entre todas las partes”.

El alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos (PPD), expone que las modificaciones “podrían incentivar la edificación de nuevos guetos verticales en sectores residenciales. Por ello, es fundamental considerar la opinión de quienes viven en estos barrios antes de impulsar cambios con efectos permanentes. El aumento de la densidad urbana, la flexibilización de las normas de edificación y la reducción de estacionamientos en proyectos cercanos al transporte público podrían generar mayor congestión en las calles y afectar la calidad de vida de las comunidades”.

Añade que “en Lo Prado no existen guetos verticales gracias a las normas establecidas en nuestro Plan Regulador Comunal. Sin embargo, somos vecinos de comunas como Estación Central, donde la proliferación de este tipo de edificios ha tenido un fuerte impacto. No queremos que esa realidad se extienda a barrios que han resguardado una escala urbana armónica y respetuosa con el espacio público".

El alcalde de Renca, Claudio Castro (ind), asegura que “vemos con preocupación la forma en que el gobierno está impulsando esta modificación. Chile necesita construir más viviendas y aumentar la densidad, pero una buena política urbana tiene que reconocer que las comunas son distintas y que las decisiones sobre dónde y cómo crecer tienen consecuencias concretas sobre sus barrios. La planificación local no es un fin en sí mismo, sino la herramienta que tenemos para lograr que una mayor densidad venga acompañada de mejores espacios públicos, equipamientos, integración social e infraestructura”.

El jefe comunal de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), tiene una opinión distinta: “Valoramos que el gobierno haya escuchado las observaciones de los municipios, los expertos y la ciudadanía. Si hoy la propuesta es menos agresiva que la original, es porque quedó demostrado que no se puede enfrentar el déficit habitacional a costa de una mala planificación urbana. Construir más viviendas es un objetivo que compartimos, pero debe hacerse con infraestructura, áreas verdes, conectividad y servicios acordes al crecimiento de cada comuna”.

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), dijo que “los planes reguladores establecen cuántas personas pueden vivir por hectárea y, para traducir esa densidad en un número de viviendas, la OGUC actualmente considera cuatro personas por hogar. Esa cifra está desactualizada, porque hoy las familias son más pequeñas. El Ministerio proponía reducirla a dos personas y nosotros planteamos que fueran 2,8, que corresponde al promedio nacional del último Censo. Valoramos que esa observación haya sido recogida”.

Su par de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), recalcó que “aunque valoramos que el gobierno haya moderado algunos aspectos de la reforma, mantenemos diferencias de fondo y de forma. En la forma, aunque el gobierno tenga la atribución legal, no corresponde modificar las reglas unilateralmente para todas las comunas por igual. En el fondo, la responsabilidad sobre el espacio público y la calidad de vida de los vecinos es de los municipios. No se puede imponer una solución única, como si la realidad de todos los barrios fuera la misma. Se debe respetar la identidad y las necesidades locales de nuestros residentes y visitantes”.

La Tercera consultó al Minvu por la opinión del ministro Poduje sobre los cambios, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. De todas formas, aún queda pendiente que la Contraloría apruebe lo enviado por la cartera.