“¿Con cuál género se identifica? ¿Cuál fue el sexo que le asignaron al nacer? ¿Se considera gay, lesbiana, bisexual, pansexual o heterosexual? ¿Ha sufrido discriminación o violencia por su identidad o expresión de género? Usted actualmente se identifica como...“. Estas son algunas de las preguntas que forman parte de la Encuesta Web Diversidades Sexuales y de Género, un operativo estadístico que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) comenzó a aplicar desde el 11 de julio a nivel nacional.

La medición es voluntaria, autoaplicada, confidencial y abierta a personas de 14 años o más que residan en Chile, y busca caracterizar a la población LGBTQ+ y generar datos que no existen de forma sistemática en los registros oficiales.

Una medida que ha sido destacada por organizaciones de la comunidad LGBTQ+, quienes dicen que permitirá reconocer a la población para próximas políticas públicas. Pero, por sobre todo, que llega como una forma de resarcimiento luego de que en enero de 2024 el INE eliminara una pregunta alusiva a la orientación sexual de la población del país en el Censo 2024.

Lo anterior desencadenó molestia desde organizaciones como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y Fundación Iguales, quienes tacharon la decisión de “indignante”, al representar una “marginación” hacia personas de orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Hoy el sondeo apunta a otra cosa: “Por primera vez en Chile tendremos una encuesta específica que nos va a permitir tener datos sobre la realidad de las personas LGBTQ+ y así poder mejorar el desarrollo y aplicación de diversas políticas públicas que hemos empujado desde distintos sectores”, dice a La Tercera la directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido.

Y es que, agrega, el universo de participantes “permitirá hacer cruces con otros datos como edad, ubicación, situación económica“.

Eso sí, advierte espacio de mejoras en el contenido de la encuesta, como, por ejemplo, incluir preguntas de diversidad y que pase de digital a presencial, ya que al ser una encuesta autoaplicada puede dejar fuera a parte de la población LGBTQ+ de tercera edad o de zonas rurales.

El cuestionario consta de entre 54 y 87 preguntas, organizadas en ocho módulos: caracterización personal; identidad de género y orientación sexual; nivel educativo; situación ocupacional y trabajo sexual; salud mental y autolesiones; discriminación y violencia; participación y redes de apoyo, y un apartado de comentarios finales.

Pero ¿logra esta encuesta enmendar la exclusión de las diversidades sexuales y de género del Censo 2024? “En ningún caso”, puntualiza el encargado de derechos humanos del Movilh, Ramón Gómez.

“No lo vemos como un cambio, sino que como herramienta distinta, que viene a levantar estadísticas sobre la realidad LGBTIQ+ en Chile, lo cual siempre valoraremos e impulsaremos”, agrega. A su criterio la encuesta “no resuelve un aspecto fundamental que sí hubiese arrojado el Censo: una aproximación, al menos, sobre el número de personas LGBTIQ+ que existen en Chile. Por tanto, seguirá estando en la nebulosa el “universo” LGBTIQ+, un dato clave y de primer orden para implementar y/o exigir políticas públicas".

Desde el INE sostienen que la elaboración de la encuesta tomó meses de trabajo e incorporó la experiencia de otros países, la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Economía y 38 organizaciones de la sociedad civil vinculadas a las diversidades sexuales y de género.

La controversia de 2024

La previa de esta encuesta está marcada por una polémica. En enero de 2024 organizaciones como Movilh e Iguales denunciaron que el cuestionario del próximo Censo excluía toda pregunta sobre orientación sexual, a pesar de que en versiones previas del Censo sí se tenía considerado incluirlas. El cambio fue interpretado como una marginación hacia la población LGBTQ+, especialmente porque el INE había publicado en 2022 un documento técnico que recomendaba explícitamente incluir consultas sobre sexo, género y orientación sexual.

Para los movimientos, la decisión violaba el Acuerdo de Solución Amistosa firmado por el Estado chileno en 2016 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que comprometía el levantamiento de estadísticas sobre la realidad LGBTIQ+ sin exclusiones. También representaba un retroceso frente al Censo 2012, que sí consultó sobre parejas del mismo sexo.

El INE argumentó que, tras pruebas realizadas en 2023, la pregunta de orientación sexual fue descartada por ser considerada sensible y requerir un protocolo de autoaplicación -donde solo la persona encuestada conoce su respuesta-, lo que no es viable en un operativo masivo como el Censo. La institución sostuvo que, aunque el cuestionario mantendría preguntas sobre identidad de género, la medición de orientación sexual debía abordarse en otro formato.