A partir de las denuncias hechas por un programa de televisión, está siendo cuestionado el destino de una parte importante de las llamadas becas Valech, establecidas en 2004 en beneficio de personas identificadas como víctimas de prisión política y tortura durante el régimen militar.

La posibilidad de que existan irregularidades, incluso eventuales delitos, en la entrega de esos beneficios debe ser investigada a fondo, pues de comprobarse, no sólo se trataría de una grave falta por parte de las instituciones involucradas -públicas y privadas-, sino de lo que el ministro de Educación acertadamente calificó como "una segunda humillación a personas que ya habían sufrido mucho".

La denuncia involucró originalmente a la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (Uniacc), que ha recibido cerca de 5 mil millones de pesos por concepto de becas Valech, para atender a más de 1.500 alumnos. La denuncia, refrendada por testimonios de ex alumnos que usaron el beneficio -que desde 2007 es extensible a familiares directos de las víctimas de abusos-, apuntó a que el plantel había inscrito a personas sin educación media completa, incluso analfabetas, lo que no respeta los requisitos establecidos por la ley y el Mineduc para recibir la beca. Además, se reclama que los cursos no eran conducentes a título universitario, otra de las condiciones fijadas para obtener dicha beca. El rector ha sostenido que el Mineduc aprobó los programas sabiendo lo anterior.

Otro aspecto a indagar es la existencia de grupos de "reclutadores", encargados de acercarse a los beneficiados con la beca Valech y ofrecerles inscripción en la Uniacc. Hasta ahora no se sabe quiénes habrían sido esas personas ni cómo obtuvieron los listados de receptores de esas becas. De hecho, en una querella presentada hace una semana por este caso, algunos de los afectados aseguran haber sido inscritos sin su consentimiento, mientras que otros denuncian que a cambio de la inscripción debían comprometerse a matricular a un familiar directo en la institución -es decir, a otro potencial beneficiario de la beca- o a adquirir notebooks o asistencia médica en empresas fijadas por esos reclutadores.

Es importante que el sumario interno que ya inició el titular de Educación aclare todos estos puntos, pues los recursos se canalizan a través de esa cartera. Sería valioso contar en este tema con la colaboración de las autoridades anteriores del ministerio.

De la misma manera, es clave que avance la investigación iniciada por la fiscalía Centro Norte por presunto fraude al Fisco -a partir de la denuncia hecha por una diputada RN, junto al presidente de la comisión de exonerados y ex presos políticos-, y que ha sido ampliada la Universidad Bolivariana y a la Universidad La República.

Es importante que, junto con investigarse las responsabilidades administrativas y penales que puedan existir en este caso, los antecedentes sean también analizados para determinar con exactitud las deficiencias existentes en las normas dictadas a este efecto, los procedimientos utilizados y los mecanismos de control que, hasta ahora, no parecen haber sido eficaces. Cabría también realizar una fiscalización a fondo de la aplicación de otras leyes que establecen beneficios semejantes, para verificar que en ellas no se hayan cometido similares irregularidades.

De comprobarse la veracidad de estas denuncias, además de las pérdidas que involucran para el erario, cabe lamentar especialmente que esto se produzca en el marco de las medidas que el Estado ha dispuesto para reparar, en la medida de lo posible, las consecuencias sufridas por las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno militar. Ello conlleva un daño adicional e injusto para esas personas.

Es preciso esclarecer las dudas sobre la entrega de ese beneficio y, por cierto, sancionar a quienes resulten responsables, si se comprueban  las irregularidades denunciadas.