Gratuidad en América Latina: deserción y financiamiento marcan los desafíos

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En México, Argentina y Ecuador, más del 70% de los estudiantes no paga por sus carreras. Todos tienen un nivel de abandono de los estudios que, en promedio, supera al que se registra en Chile.


En 2016 estudiaron gratis 139 mil alumnos en la educación superior chilena. Para este año, se proyecta llegar a los 240 mil, ampliando la gratuidad a los estudiantes del sistema técnico. Pero nuestro país no es el único que ha implementado esta política de financiamiento. En México, cerca de 2,4 millones de estudiantes cursan sus estudios universitarios sin costo, mientras que en Argentina hay cerca de 1,5 millón y en Ecuador son alrededor de 500 mil. Todos los casos son emblemáticos: en el país transandino y en el mexicano, la educación sin costo es un emblema desde hace décadas, mientras que en Ecuador el referéndum constitucional instauró en 2008 la gratuidad como un derecho.

Pero, ¿cómo es el acceso gratuito en América Latina? En Argentina se puede estudiar sin costo desde 1983 y para ingresar a la universidad basta con el certificado de cuarto medio. Así, la gratuidad allí se concentra solo en las universidades del Estado, y en las privadas no existe ninguna otra ayuda estudiantil. Con ello, 1.470.000 alumnos cursan su formación sin costo en universidades estatales, por lo que el 74% de los universitarios no paga por sus estudios. "Actualmente la gratuidad es absoluta, independiente del nivel socioeconómico del alumno en todas las universidades públicas del país", explica Marcelo Rabossi, académico de la Universidad Torcuato di Tella, de Argentina.

Según el experto, en las instituciones con gratuidad argentinas el índice de abandono de estudios supera el de las privadas; y, además, comparativamente, es mucho más alto que en Chile. "La deserción en las universidades con gratuidad es de alrededor del 73%. En las de no gratuidad, de alrededor del 60%. La variación es grande dentro de cada sector. Hay universidades nacionales con tasas de deserción cercanas al 80% y 90%", explicó Rabossi.

En tanto, en México la educación superior pública es gratuita desde la década de los 70 y se aplica a las universidades e institutos estatales y federales. Y para poder ingresar al sistema "se debe realizar un examen de ingreso, por medio del cual se evalúan conocimientos de acuerdo con las áreas de conocimiento de la carrera seleccionada, así como aspectos de comprensión lectora y pensamiento matemático", señaló Mario Rueda, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Al menos un 70% de los alumnos termina su carrera, dijo Rueda.

En Chile, si bien aún no hay cifras oficiales respecto de la deserción de los alumnos con gratuidad, según estadísticas del Servicio de Información de Educación Superior, del Mineduc, un promedio de 28,7% de los estudiantes de universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales abandona sus estudios. Sólo en universidades, la deserción es 22,8%.

Respecto de los requisitos socioeconómicos, en Chile el estudiante debe estar dentro de los cinco primeros deciles de ingreso. Desde 2018 eso se extenderá al 60% más vulnerable de la población. Además, sólo se puede optar a la gratuidad en 32 universidades y 12 instituciones técnicas. En México, Ecuador y Argentina, la gratuidad es universal en las instituciones públicas y no depende del nivel de ingreso del alumno.

Para Rabossi, uno de los puntos complicados de la gratuidad en Argentina es que "los alumnos demoran su graduación, ya que permanecer como tales no les implica ningún costo monetario. Alrededor del 40% de los alumnos en las universidades públicas termina el año con uno o ningún curso completado. Así, se demora su graduación y la probabilidad de no terminar y/o abandonar es muy alta. No hay ninguna penalidad que genere en los alumnos alguna motivación para esforzarse".

En Ecuador se encontraron en el mismo problema y, por ello, explicitaron la responsabilidad académica de los beneficiados. En 2010 se promulgó la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que reconoce como un derecho de los estudiantes "acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme a sus méritos académicos". En dicha normativa, según explica el libro "Gratuidad de la Educación Superior del Ecuador" -escrito por Lorena Araujo, subsecretaria de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de dicho país (Senescyt)-, se definen los deberes académicos de los subsidiados. "La gratuidad será para los estudiantes regulares que se matriculen en por lo menos el 60% de todas las materias o créditos que permite su malla en cada período", consigna dicha publicación, la que agrega que además deben titularse en el período ordinario establecido y que pierden la ayuda si reprueban el 30% de los ramos.

En Argentina, ninguna condición similar existe, mientras que en Chile solo se pide que el beneficiario esté dentro de la duración formal de su carrera, a diferencia de las becas, las que sí requieren aprobación del 50% de los ramos.

Financiamiento

En Argentina, según explicó Rabossi, "aproximadamente el 90% del ingreso total que obtienen las universidades nacionales proviene de transferencias directas desde el Estado Nacional. Las instituciones privadas no reciben fondos públicos directos, como sí ocurre en Chile con las del Consejo de Rectores, o indirectos, a través de becas o préstamos".

Además, en la nación vecina, el mecanismo de financiamiento es de "modelo incremental", es decir, se toma como base el presupuesto anterior y luego el Estado aumenta esa cantidad para el año siguiente, según la disponibilidad de fondos que tenga. "En general se busca como mínimo cubrir la inflación, la que en la Argentina ronda el 25% y 28% desde hace al menos 10 años", enfatizó Rabossi.

En cambio, en Ecuador se hace un estudio de costos de carreras, el cual arroja los montos que se transferirán. Y, de hecho, reconocen que "uno de los aspectos cruciales en el futuro próximo, que además tendrá permanencia en el tiempo, es el de la sostenibilidad financiera del modelo", consigna.

Y ¿cómo se financia la educación pública en México? Según Rueda, "el Estado asigna un porcentaje del presupuesto para la educación pública, que considera el gasto realizado en licenciatura, posgrado, y ciencia y tecnología".

Uno de los planteles que recibe este aporte es la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cada año ingresan cerca de 40 mil alumnos. De acuerdo con su rector, Enrique Luis Graue, el presupuesto para este año fue de US$ 2.100 millones, y aunque "quisiéramos que fuera más, el Estado se preocupa de sus escuelas. Es quien tiene que financiar la educación para que todos tengan acceso".

Rueda señaló que la gratuidad ha tenido efectos positivos, ya que "estudiantes pobres tienen la oportunidad de acceder a la educación superior y tener la posibilidad de movilidad social". Sin embargo, el experto agregó que se presentan problemas en las instituciones "por la insuficiencia de recursos para resolver las problemáticas que se generan en las universidades, lo que deriva en que no sea posible cubrir completamente la demanda de ingreso al nivel superior".

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