Como casi todas las series basadas en crímenes reales, Alguien tiene que saber es un policial que despliega varias hipótesis, agrupa a testigos y sospechosos y reconstruye la escena del crimen. En el centro de la historia de Netflix está un policía: el prefecto Montero (Alfredo Castro), un veterano y respetado detective de Santiago.

Enviado a Concepción por el Alto Mando de la PDI, llega al lugar para recopilar información en torno a la desaparición de Julio Montoya (Clemente Rodríguez), el joven desaparecido en la discoteca La Cucaracha. Primero entrevista a un testigo sordomudo que asegura haber sido secuestrado en un furgón y haber visto en el mismo lugar a Julio malherido. Luego dirige su atención hacia un grupo de jóvenes que protagonizaron una riña, imaginando un posible móvil y de qué modo se podrían haber deshecho del cuerpo del universitario.

En la investigación lo acompañan Concha (Héctor Morales), Vásquez (Camila Hirane), Fuentes (José Antonio Raffo) y Altamirano (Michael Silva), además de un joven detective local (Camilo Rojas) que se infiltra en espacios donde los ojos de su jefe no llegan. Todos se ciñen al olfato de Montero, a quien lo avala su éxito en casos como el de Miguel Estay Reyno –más conocido como el Fanta– y Ema Pinto.

Montero es un personaje basado en el prefecto (r) Héctor Arenas, un experimentado policía que se había transformado en uno de los hombres de confianza de Nelson Mery. En diciembre de 1999, tras observar el revuelo nacional, el director general de la Policía de Investigaciones ordenó que se instalara en Concepción junto a un grupo de ocho policías. Entonces comisario de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, Arenas asumió la responsabilidad de liderar las pesquisas en un caso que hasta ese momento tenía trabajando a un equipo de Investigaciones y a otro de Carabineros.

Al poco tiempo desarrolló una hipótesis propia. “Matute había sido asesinado y había que buscar el motivo, asumiendo que el cuerpo no aparecería”, indicó a La Tercera en 2012. De ese modo, su atención se concentró en un grupo de jóvenes que asistieron a La Cucaracha aquella fatídica noche y que habrían protagonizado una de las dos riñas que ocurrieron en el exterior de la discoteca. Siete de ellos fueron procesados por obstrucción a la justicia en 2001.

No fue el hallazgo de las osamentas de Matute Johns, en febrero de 2004 en una de las riberas del Biobío, el hito que provocó un giro, sino que la autopsia. Ese proceso –tal como en la serie de Netflix– arrojó “ausencia de lesiones óseas” y causó que los jóvenes fueran liberados de todos los cargos, según determinó el ministro Juan Rubilar en diciembre de 2005. La tesis de un asesinato se debilitó y Arenas terminó de regreso en Santiago.

Aunque comprime los acontecimientos en un período más acotado de tiempo (nunca especificado del todo), los ocho episodios de Alguien tiene que saber respetan esa sucesión de hechos, finalizando la historia en el momento en que al detective se le ordena regresar a la capital.

Fiel a su hipótesis

Aunque habían pasado varios años desde su salida de la investigación, Héctor Arenas volvió a acaparar atención en 2014. Al declarar ante Jaime Solís, entonces ministro en visita del caso y presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, generó revuelo al mencionar a Farid Harún Villegas, amigo de los exprocesados, y que tiempo atrás había sido testigo clave debido a que habría presenciado las mencionadas dos peleas en las afueras de La Cucaracha.

Harún resultó ser el yerno del ministro Solís, lo que obligó al magistrado a inhabilitarse del caso (se había casado con una de sus hijas en 2013).

Arenas ha mantenido su hipótesis en todo momento: de manera circunstancial, se produjo una riña en que los jóvenes le propinaron una golpiza que terminó con la vida de Matute Johns. Según su trabajo, los responsables se deshicieron rápidamente del cuerpo.

De acuerdo a lo que Arenas indicó a la revista Qué Pasa en 2014, “el caso no se va a resolver nunca si es que se sigue investigando de la misma forma en que se ha hecho en estos 15 años. Es decir, se requiere de una persona que tenga capacidad de análisis y a quien no le tiemble la mano”.

También ha insistido en que bajo el sistema procesal oral los sospechosos habrían tenido una suerte radicalmente distinta.

Esa es la mirada que compartió con el equipo de investigación de Alguien tiene que saber. De hecho, como parte de ese proceso, mantuvo un curioso encuentro: una reunión con Andrés San Martín, el exsacerdote que en febrero de 2003 generó conmoción nacional al asegurar que el “secreto de confesión” le impedía “denunciar a aquellos que secuestraron a un muerto” y con quien tejió una relación cercana.

Según información recabada por Culto, el expárroco puso como condición para conceder la entrevista la asistencia de Arenas y que se realizara en su propia casa en la Región del Maule.

Contactado por este medio para revivir esa instancia, Arenas declinó realizar declaraciones.

De Guatemala al arte

Héctor Arenas fue contratado por Naciones Unidas en 2008, tras su retiro de la PDI. Una de sus primeras tareas consistió en trabajar en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, donde durante tres años investigó secuestros, casos de corrupción y homicidios. “Era un trabajo altamente riesgoso y desgastante”, señaló a La Tercera en 2012, explicando el término de sus funciones.

También compartió sus conocimientos con la División de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) en Guatemala, la Policía Nacional de Ecuador y la Policía Nacional de Nicaragua. Y ha sido panelista en programas de TV abierta.

En mayo de 2021 postuló a un cargo de elección popular: fue candidato a concejal por Peñalolén, su comuna de residencia. En representación de Chile Vamos Evópoli - Independientes, consiguió el 0,30% de los votos, no resultando electo.

Además de investigador criminalista y analista en inteligencia, Arenas se define como artista plástico.