Los seguimientos a la pareja que fue condenada por atentado en España

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Francisco Solar y Mónica Caballero llegaron a Chile el 7 de mayo pasado, tras cumplir una condena en España.

Información de inteligencia que está en manos de ambas policías y la ANI, dan cuenta de sus actividades. Francisco Solar y Mónica Caballero fueron fotografiados en la marcha del 1 de mayo y en actividades anarquistas.




Fue el 7 de marzo cuando Francisco Solar Domínguez y Mónica Caballero Sepúlveda arribaron al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Pudahuel. El matrimonio volvía a Chile luego de ser expulsado de España tras cumplir una condena de cuatro años y seis meses de presidio por la instalación de un artefacto explosivo en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, hecho ocurrido en 2013.

Caballero y Solar pisaron suelo chileno como ciudadanos libres, dado que en nuestro país no se les imputaba ningún delito, después de que fueran absueltos del denominado "caso bombas", en 2012, por lo que recibieron una indemnización del Estado por $ 80 y $ 100 millones, respectivamente.

El día de su arribo los esperaban familiares y amigos, quienes impidieron que la pareja fuera abordada por la prensa. Sin embargo, este grupo de personas no era el único que aguardaba su llegada: también lo hacían efectivos de ambas policías y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Esto se debe a que la Ley de Inteligencia permite acceder de fuentes abiertas o cerradas (escuchas telefónicas) con la finalidad de recabar antecedentes de interés para mantener el orden institucional.

Según los antecedentes que manejan las policías y la ANI, desde ese día de marzo ellos han desarrollado una serie de actividades. La pareja, que estaría radicada en una casa arrendada en una céntrica comuna de la capital, ha participado en marchas, conversatorios y foros. Todo esto quedó registrado en documentos que contienen imágenes de ambos (ver fotografías).

El retorno

El 30 de enero pasado los jueces de la Audiencia Nacional de España ordenaron la expulsión de Solar y Caballero como medida de sustitución a su condena. La determinación de la justicia española se basó en el artículo 89 del Código Penal hispano, que establece que las penas de más de un año de prisión contra un extranjero pueden ser reemplazadas por su expulsión.

De vuelta en Chile, la primera actividad pública de ambos, según los antecedentes de inteligencia, ocurrió el 1 de mayo. Esa mañana se advirtió la presencia de Caballero en la marcha del "Día del Trabajador", donde fue fotografiada desplazándose con otros jóvenes vestidos de negro y un encapuchado.

El 2 de mayo, Caballero llegó al Centro de Justicia para asistir como público al juicio oral del "caso bombas II", donde la fiscalía acusa a Juan Flores, Nataly Casanova y Enrique Guzmán por la colocación de artefactos explosivos en las estaciones de Metro Los Dominicos y Escuela Militar, y dos comisarías de Carabineros. Sin embargo, Gendarmería le negó el ingresó pues era una audiencia reservada.

Estos antecedentes muestran que el 27 de mayo Solar asistió a un conversatorio de "Prisión política hoy", en Recoleta, y el 20 de junio la pareja habría participadode una actividad donde expusieron sus vivencias en España.

El 10 de agosto, según la información que está en manos de las policías y la ANI, también participaron en el seminario "El movimiento revolucionario Túpac Amaru del Perú, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile y el internacionalismo revolucionario", y de acuerdo con el mismo documento, el 9 de octubre Caballero asistió a una marcha por la resistencia mapuche, en Plaza Italia. La última actividad que monitorearon fue el "Sexto encuentro del libro y propaganda anarquista de Santiago", en Cerro Navia, el 14 de octubre. En las conclusiones de estos antecedentes se califica a la pareja como "referentes" de otros jóvenes.

Mauricio Daza, ex defensor de Solar, declinó referirse a estos antecedentes ya que no tiene contacto con ellos. Lo mismo señaló el abogado Rodrigo Román.

Washington Lizana, abogado que representó a Mónica Caballero en el caso bombas, dijo que "preocupa que se puedan estar afectando sus garantías constitucionales". Agregó que "esto se daría en el marco de la Ley que crea un sistema de inteligencia del Estado de 2004, y que autorizaría a ciertos organismos y servicios públicos a recopilar información, ya sea de fuentes abiertas e incluso con intervenciones telefónicas".

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