La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, y la superintendencia de Pensiones fueron citados este martes a la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para exponer sobre los avances y pendientes en la implementación de la reforma de pensiones.

La subsecretaria Cabezón entregó algunas cifras del Instituto de Previsión Social (IPS). “Los beneficios del Seguro Social, que es el bono por años cotizados, y la compensación por expectativas de vida, a mayo de 2026 llegan a 1,4 millones de personas. Esas son cerca de 1,8 millones de prestaciones”, explicó.

De ese total, dijo que “un poquito más de un millón corresponde al beneficio por años cotizados”, los que están recibiendo en promedio cerca de $92 mil. Y las beneficiarias de la compensación por expectativas de vida, que son cerca de 800 mil prestaciones, están recibiendo del orden de $20 mil.

Por otra parte, detalló que desde que comenzó la recaudación al Seguro Social en agosto de 2025, hasta la fecha, se han recaudado cerca de $661 mil millones. “Este proceso involucra a más de 580 mil empleadores y más de 7 millones de trabajadores cotizantes”, afirmó.

En tanto, el jefe de la División de Desarrollo Normativo de la Superintendencia de Pensiones, Patricio Ayala, indicó que desde el regulador han emitido 38 normativas para implementar la reforma.

A su vez, la intendenta de Regulación de la Superintendencia de Pensiones, Ursula Schwarzhaupt, delineó sobre “los criterios que estamos teniendo en la Superintendencia para el desarrollo del régimen de inversiones”, aunque señaló que “no podemos revelar los detalles, porque estamos ad portas ya de publicar esto”.

En todo caso, sí comentó lo que está guiando el desarrollo del régimen de inversión: “El DL 3.500 anterior a esta reforma tenía como objetivo la rentabilidad y seguridad de los fondos. Y hoy en día se agregó como un objetivo primordial dentro del régimen, el objetivo de pensión de las personas. Y esto cambia bastante cómo uno mira el desarrollo del régimen”.

Schwarzhaupt recordó que “nosotros estamos trabajando con Mercer, y ellos han desarrollado un modelo de simulación de pensiones. En el fondo, dado un cierto portafolio, cuánto pueden esperar los pensionados siguiendo las historias laborales que tienen, los perfiles de cotizaciones, y adaptarlo a lo que es la realidad laboral chilena. Porque no nos sirve de nada traer un modelo de Estados Unidos cuando hay gente que cotiza distinto de nosotros, teniendo otra realidad de sueldo”.

Por otra parte, Schwarzhaupt explicó que desde la Superintendencia no quieren solo “tomar la opinión y referencia de Mercer”, y por eso confidenció que desarrollaron “un modelo interno que no es exactamente igual que el de Mercer. Y eso es lo interesante, porque tenemos dos modelos que buscan simular las pensiones con diferentes portafolios y evaluar el impacto en la seguridad de la pensión, en el nivel de la pensión, incorporando beneficios sociales. Y poder contrastar tanto lo que nos señala Mercer, con lo que estamos evaluando nosotros en la Superintendencia internamente, y también pensando en generar las capacidades hacia el futuro”.

Schwarzhaupt aseguró que “esto es un trabajo continuo, vamos a partir con un régimen de inversiones, pero la idea es ir perfeccionándolo y mejorándolo en el tiempo”. Adicionalmente, aseguró que están “trabajando para que la transición a este nuevo régimen sea suave, que no genere impacto”.

Respecto a los esquemas de desempeño, sostuvo que “se está evaluando tanto la propuesta del consultor, hemos tenido unas conversaciones interesantes con el Consejo Técnico de Inversiones, para establecer un esquema que genere incentivos al retorno y así mejorar las pensiones de todos los trabajadores”.

PGU, decreto del IPS y rol de Cortez

Luego vinieron las preguntas de los parlamentarios. La diputada Gael Yeomans (FA) consultó a la subsecretaria de Previsión Social las razones por las cuales se retiró de Contraloría el decreto tarifario del IPS por los servicios que dará en administración de cuentas y soporte.

Cabezón respondió: “Cuando yo llegué a la Subsecretaría, el decreto venía con observaciones de la propia Contraloría. Y nosotros analizamos el decreto, y también encontramos observaciones, y también el Ministerio de Hacienda”.

Agregó que “las razones técnicas por las que se analiza con cuidado este decreto tarifario es porque este es un decreto muy delicado, porque si no se norma de forma correcta, puede comprometer los recursos fiscales y también puede comprometer la competencia en la administración de cuentas, y eso va a afectar la calidad de servicio que se le entrega a los afiliados chilenos. Se está observando con mucha urgencia para ingresarlo lo antes posible”.

Yeomans también requirió por eventuales recortes de presupuesto a la PGU, y si existe o no evidencia de lo que el gobierno ha dicho, de un eventual fraude social en la PGU.

Cabezón explicó que “la PGU se va a mantener para todas las personas que cumplen con los requisitos legales, eso no se va a tocar”. Y añadió que “lo que se está haciendo es un cruce de datos: tenemos a un ingeniero en nuestra Subsecretaría que está haciendo un cruce de datos para ver si hay beneficios sociales que están mal otorgados. Por ejemplo, un primer reporte que nos hizo este ingeniero es que hay casos, no son hartos, pero hay algunos casos de que se está entregando la PGU a gente fallecida. Entonces se está haciendo ese cruce de datos para que los beneficios se entreguen a la gente correcta según lo que establezca la ley”.

Por su parte, el diputado Héctor Ulloa (Ind-PPD) consultó al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, sobre el rol que jugará en la implementación de la reforma previsional dado su paso por las AFP, y lo calificó como “un hombre de la industria”.

Cortez, se defendió: “A mí me toca la correcta implementación de la ley, y tengo claro el sombrero que tengo. Usted aludió a mi currículum. Sí, efectivamente fui presidente de una AFP, fui director de otra AFP en otros países, fui director de compañía de seguros, de AGF, pero más que nada fui durante 12 años gerente de inversiones de una AFP. Me tocó implementar los multifondos, un desafío importante; y me tocó liderar en la defensa de los minoritarios y de los afiliados, y estoy orgulloso de eso”.

Y agregó: “Hoy día, aparte de ser pensionado, no tengo ninguna otra relación con las AFP, y usted me pregunta qué asegura que esto lo hagamos bien”. Cortez dijo que “lo que me corresponde a mí es la implementación correcta de la ley. Nosotros somos funcionarios técnicos, no funcionarios políticos”. Además, afirmó que en la implementación del régimen de inversiones hay contrapesos importantes y toda una institucionalidad funcionando, por lo que la definición no depende netamente del superintendente.