Parlamentarios dejarán de administrar más de $ 1.300 millones al mes tras escándalos

Tras casi dos años de inactividad, la comisión mixta que debe resolver las discrepancias surgidas en el debate de las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso se reunirá el próximo martes, a las 15 horas. Su reactivación no es casual, pues en ese proyecto los timoneles del Senado y la Cámara de Diputados incorporarán -mediante indicaciones- una batería de medidas para frenar el desprestigio en el que ha caído el Parlamento en los últimos meses.

Las propuestas, que fueron anunciadas ayer por Jovino Novoa y Rodrigo Alvarez, tienen una base común: transparentar los gastos que realizan los legisladores en su gestión. Por eso, la principal reforma apunta a externalizar las decisiones que se tomen respecto del monto, contenido y criterio de utilización de las asignaciones parlamentarias a través de la constitución de un consejo resolutivo.

La medida busca impedir que sean los propios parlamentarios quienes determinen las asignaciones que reciben. Ello evitará que vuelvan a ocurrir casos como el "escándalo de las bencinas" de agosto pasado. En esa ocasión, la Comisión de Régimen Interno de la Cámara aprobó la asignación de un bono de $ 100 mil por ese ítem para cada diputado, decisión que luego revocaron tras el impacto que generó en la opinión pública.

De concretarse esta fórmula, cada legislador sólo recibirá su dieta parlamentaria y no tendrá ninguna vinculación con la administración de la totalidad de las asignaciones destinadas a pagos de asesores, arriendos de oficinas, traslados y telefonía, que mensualmente significa un gasto total de $ 1.374.145.552 al Poder Legislativo.

El debate sobre la aplicación de esta reforma es antiguo. En 2002, con la presidencia de Adriana Muñoz, ya se había planteado su discusión. Esa vez no hubo acuerdo, luego que representantes de distintas bancadas hicieran ver que el Parlamento podía ver mermada su autonomía si delegaba en terceros tareas que le eran propias.

El año pasado, tras el episodio de las bencinas, el titular de la corporación, Francisco Encina, buscó el apoyo de la Comisión de Régimen Interno para avanzar en este sentido. Pero tampoco se generó consenso, pues hubo jefes de bancada que arguyeron que no era positivo legislar en base al malestar que había generado el bono.

"Ahora el escenario es distinto", revelan varios jefes de bancada, quienes aluden a las recientes denuncias sobre malas prácticas en las que han incurrido parlamentarios y que detonaron incluso investigaciones judiciales en contra de los diputados Maximiano Errázuriz (RN), Julio Dittborn y Claudia Nogueira (ambos de la UDI).

ACTUALIZACION DE DECLARACIONES
Junto a este consejo, se propone crear un comité de auditoría parlamentaria, que deberá velar por la correcta distribución de las asignaciones. "Si el comité detecta alguna falta conductual, los antecedentes irán a parar a las comisiones de ética de cada cámara. Y si la falta constituye delito, el comité enviará los antecedentes a la justicia", detalló Novoa.

Entre las otras medidas anunciadas (ver recuadro) se plantea una modificación sustancial al registro de las declaraciones de intereses y de patrimonio de cada parlamentario. La idea es que a partir del próximo año, los legisladores actualicen dichos documentos cada vez que modifiquen su patrimonio sustancialmente. Y que cuatro meses antes de dejar su cargo hagan nuevamente su declaración, para mostrar si hubo cambios mientras ejercieron en el Poder Legislativo.