Es razonable abordar esta historia centenaria, pero con qué grado de complejidad, cabe preguntarse. Complicado asunto. Es que puede derivar en pura celebración aun cuando es una carta constitucional cuestionable. De hecho, en estos días parece que se la quiere volver a legitimar sin medir sus efectos. No hace mucho la quisieron reflotar para salvarnos de la crisis de 2019, y eso que no se la pudo con la de 1973.

Se insiste en que se la debemos a Arturo Alessandri, ¿pero no a los militares? La nada disimulada presión fáctica del general Mariano Navarrete, en calidad de máxima autoridad del Ejército, ante la comisión consultiva encargada de redactar el proyecto constitucional de 1925, ¿qué fue sino un golpe de Estado? La alternativa que ofreciera no pudo ser más tajante: o los dirigentes políticos a quienes encara, se “inclinan respetuosamente” ante la voluntad soberana del país, o “de otro modo tendremos a corto plazo que hacer bajo la presión de las fuerzas las reformas que, en representación del pueblo, ha reclamado de modo tan significativo el elemento joven del Ejército” desde el 5 de septiembre de 1924. Ante semejante chantaje ¿la Constitución no rige sino hasta que Alessandri vuelve a imponerse a fines de 1932? ¿Carlos Ibáñez, principal cabecilla del “elemento joven del Ejército”, deja de encarnar el espíritu autoritario presidencial consagrado en la Carta de 1925 durante su dictadura entre 1927 y 1931? “El León”, por su parte, en su actuar zigzagueante —golpea las puertas de los regimientos y los azuza para que intervengan al margen de la institucionalidad, luego arma a civiles en milicias para expulsar a los militares— ¿es más civilista que “El Caballo”?

Ninguna de estas preguntas se hacen los comentaristas a la hora de ensalzar la dudosa genialidad de esta Carta Magna. Hans Kelsen, en cambio, la calificó lisa y llanamente una “dictadura legal”, lo que explica por qué desde comunistas a conservadores incluidos radicales se opusieron y resistieron a poner fin al parlamentarismo. Tampoco es que no se dieran cuenta de que lo que se estaba instaurando era un régimen cívico-militar. Esto en los años 30, cuando en Europa acechaban comunistas y fascistas. Todavía en los 70, Allende no dudó en llamar a los militares comandados por Carlos Prats para presidir el gabinete e intentar salvar su revolución, siguiendo pautas consagradas por Alessandri en los 20. Por último, la Constitución de 1980, reforma de la anterior, hizo evidente el principio de que las Fuerzas Armadas son “garantes de la institucionalidad”.

Que, a su vez, la Constitución de 1925 iniciara reformas sociales no impidió que su tenor fuese dirigista y antipolítico en el sentido potencialmente despótico totalitario que algunos, Hannah Arendt principalmente, han hecho ver. En suma, no fue ninguna maravilla.

Por Alfredo Jocelyn-Holt, historiador