La violencia política digital de género se ha consolidado en A. Latina como una amenaza estructural para la democracia. Los avances normativos siguen siendo insuficientes frente a ecosistemas digitales que reproducen desigualdad, desinformación y exclusión política de las mujeres.

Existe un patrón regional: los ataques rara vez se concentran en ideas o posiciones programáticas. Los testimonios de medio centenar de mujeres políticas recogidos en estudios de casos de seis países de América Latina (IDEA Internacional 2025, 2026) muestran que el problema no es marginal ni episódico. “Te vas a arrepentir de haber entrado a la política”, “si estás ahí es porque eres la amante del alcalde”, “sabemos dónde estudian tus hijos”, “vieja loca”, forman parte de un lenguaje de hostigamiento que opera, casi siempre, desde el anonimato.

La Ley Modelo Interamericana de 2025 introdujo un cambio conceptual decisivo: no existe separación entre violencia online y offline, afectando derechos como la privacidad, la integridad, la participación política, la libertad de expresión y el acceso a la justicia.

De la región, México posee el ecosistema más sofisticado, con herramientas como el Registro Nacional de Personas Sancionadas, el principio constitucional “8 de 8 contra la violencia” y una defensoría electoral especializada y aún así continúa registrando cientos de denuncias. Chile avanza hacia una regulación más integral y mayor coordinación entre Estado y sociedad civil, pero mantiene vacíos frente a los deepfakes y las campañas coordinadas de hostigamiento. Colombia fortaleció en 2025 el reconocimiento jurídico del problema, pero persiste la impunidad de los ataques. Perú cuenta con normativa específica, no obstante, enfrenta déficits preventivos y una preocupante tolerancia social frente a la violencia contra las mujeres. Uruguay destaca por sus sistemas de monitoreo, pero bajo nivel normativo, mientras que Guatemala evidencia los efectos combinados de baja representación femenina, débil institucionalidad y normalización de la discriminación.

La experiencia comparada demuestra que la estrategia de respuesta penal es limitada. Las más prometedoras combinan regulación, monitoreo digital, alfabetización mediática, cooperación entre autoridades electorales y plataformas tecnológicas, producción de evidencia, mecanismos de protección y acompañamiento psicosocial. Pero incluso todas estas acciones son insuficientes si no se enfrenta el núcleo cultural del problema: la persistente resistencia frente a la presencia de las mujeres en espacios de poder.

Esta semana en Montevideo, senadoras, diputadas, alcaldesas, y lideresas de distintos sectores políticos de la región -reunidas por IDEA Internacional y AECID en el Encuentro de Mujeres Políticas de América Latina- discuten estrategias frente a este desafío crucial para la resiliencia democrática. Porque frenar la expansión de la violencia digital es una condición para proteger la igualdad política. No podemos normalizarla.

Por Alejandra Sepúlveda, Gta. de Proyecto, Integridad Electoral y Género (RLAC)-IDEA Internacional